martes, 18 de noviembre de 2014

Legales: ¿Cuáles son los distintos contratos laborales?

Tomado de: http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Legales-Carlos_Arias-contratos_laborales-servicios_profesionales_0_624537568.html

POR RICARDO VARGAS 

Diariamente se contrata personal, sin embargo, muchas empresas lo ejecutan bajo figuras erróneas, con lo cual desaprovechan las posibilidades que la normativa pone a su disposición.
Según el artículo 18 del Código de Trabajo, son tres los elementos esenciales del contrato de trabajo: prestación personal, remuneración y subordinación jurídica. La presencia de estos tres elementos presupone la existencia de un contrato y/o relación de trabajo, sin importar la denominación que acordaran las partes.
El contrato de trabajo por tiempo indeterminado es una de las modalidades. Este tipo de contratos no contempla fecha de finalización y constituye la forma más común de contratar el personal indispensable para satisfacer las necesidades de la empresa.
Para estos contratos, se prevé un período de prueba de tres meses (al inicio de la relación o después de algún ascenso), durante el cual ambas partes deciden si desean continuar con el vínculo.
A su término, el patrono deberá cancelar al trabajador las vacaciones no disfrutadas, el aguinaldo proporcional al tiempo laborado, así como los importes de preaviso y auxilio de cesantía.
En el contrato de trabajo por tiempo determinado las partes conocen de antemano las fechas de inicio y término de la relación contractual. Ante su terminación prevista proceden los pagos de vacaciones y aguinaldo.
Por ser una forma de contratación excepcional, el artículo 26 del Código de Trabajo establece que “solo podrá estipularse por tiempo determinado en aquellos casos en que su celebración resulte de la naturaleza del servicio que se va a prestar”, rechazándose esta modalidad contractual para aquellos trabajadores que realizan actividades propias del giro normal de la empresa.
Esta modalidad de contratación no puede extenderse por un período mayor de un año (contrato junto a sus prórrogas) en perjuicio del trabajador, salvo que se trate de servicios que requieran preparación técnica especial. En los demás casos, pasado el primer año, el contrato se convierte en uno de tiempo indeterminado.
Cuando alguna de las partes desee poner término anticipado al contrato sin justa causa, deberá cancelar a la otra los daños y perjuicios concretos que se logre demostrar en vía judicial. Si esta facultad la ejerce el patrono, adicionalmente deberá cancelar al trabajador el equivalente a un día de salario por cada siete días de trabajo continuo ejecutado.
En el contrato de trabajo por obra determinada el plazo depende de la conclusión de una obra o proyecto. De conformidad con el artículo 86 inciso a) del Código de Trabajo, la conclusión de la obra finiquita el contrato de trabajo sin responsabilidad para ninguna de las partes. En este caso, el patrono debe cancelar solamente los importes de vacaciones y aguinaldo correspondientes.
En cualquiera de las anteriores formas de contratación, es obligación del patrono asegurar a sus trabajadores ante la Caja Costarricense de Seguro Social e Instituto Nacional de Seguros.
Entre las formas de contratación más utilizadas y cuya figura genera más polémica a nivel judicial, se encuentra el contrato por servicios profesionales; una modalidad ajena al derecho laboral.
Este contrato es de naturaleza civil y no aplican los derechos y obligaciones estipulados en las diversas leyes laborales. Aplica para contratar trabajadores autónomos, con experiencia en determinado campo que los convierte en expertos, para desempeñar un puesto específico que no es permanente en la empresa.
La persona contratada bajo esta modalidad no está sujeta a una jornada definida. Estas personas no están sujetas a supervisión inmediata y sus funciones son evaluadas por reportes y consecución de objetivos.

jueves, 13 de noviembre de 2014

Encuesta

Estimados estudiantes:
Les solicito cordialmente que se sirvan ingresar al siguiente enlace (https://es.surveymonkey.com/s/PZ8RM3L) para ayudar a un investigador que se encuentra realizando un trabajo.
Muchas gracias.

martes, 11 de noviembre de 2014

Las personas que trabajan expuestas al sol podrían morir debido a un golpe de calor

Tomado de: http://www.repretel.com/Las-personas-que-trabajan-expuestas-al-sol-podr%C3%ADan-morir-debido-a-un-golpe-de-calor



El calor y el esfuerzo físico pueden ser una combinación mortal.
Las personas que trabajan en lugares abiertos con altas temperaturas sufrirán de dolores de cabeza y mareos y pueden hasta llegar a morir.
Jenny Crowe, ha investigado a las personas que trabajan en estas condiciones.
Ella aconseja tomar medidas para evitar alguna emergencia.
La temperatura del cuerpo debe ser de 37 grados centígrados.
Llega a ser peligroso si esta sube.
A largo plazo la constante exposición al sol podría traer problemas renales y otros males como el cáncer de piel.

miércoles, 5 de noviembre de 2014

Pasos ante la inspección de la CCSS


Discriminar por VIH podría ser causa de despido justificado

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Discriminar-VIH-podria-despido-justificado_0_1449255119.html

La discriminación contra una persona portadora del virus del inmunodeficiencia humana (VIH) podrá ser motivo de despido justificado si se aprueba un proyecto de ley presentado a los lesgiladores desde agosto.

Este es una de las principales reformas legales contenidas en el expediente 19.243, expuesto ayer a la prensa por la vicepresidenta Ana Helena Chacón y la ministra de Salud, María Elena López, con la intención de proteger a casi 10.000 personas portadoras del virus en Costa Rica.

Así, si una persona discrimina a su compañero portador del VIH, podría perder su trabajo de manera inmediata y sin responsabilidad patronal.

En caso de que quien discrimine sea el patrono, el trabajador puede dar por acabado el contrato sin ninguna consecuencia, según el texto de la iniciativa que pretende ajustar el contenido de tres artículos del Código de Trabajo.

Otro de los contenidos del Proyecto de Ley de Reforma Integral a la Ley General de VIH, a cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, se refiere a las multas para quien discrimine por el virus y por otros motivos, como etnia, religión, género, capacidades físicas, opiniones o afiliación política.

El texto propone aplicar multas equivalentes a entre 40 y 80 días de salario de un oficinista del Poder Judicial, (entre ¢506.000 y ¢1.012.000).

De aprobarse, esto quedaría estipulado en el artículo 373 del Código Penal. Además, establece la necesidad del condenado de asistir a cursos de formación y sensibilización sobre derechos humanos.

También incluye incrementar el presupuesto al Consejo Nacional de Atención Integral al VIH-Sida (Conasida) para fomentar los programas de prevención, aunque el Ministerio de Hacienda deberá buscar los recursos, según la vicepresidenta Chacón.

“No es solo que se tomen los retrovirales y ya. Se requiere una estrategia más integral, hay gente que es vulnerable o vulnera a otros sin conocer sobre su estatus; eso tenemos que controlarlo, dándole un énfasis de derechos humanos”, dijo la vicepresidenta.

El proyecto de ley 19.243, que se convocará en diciembre para las sesiones extraordinarias, también reafirma desde el Ministerio de Trabajo el derecho de las personas de estar obligadas a reportar a su patrono su condición de VIH.

De ser necesario, el empleador debe guardar confidencialidad y tiene prohibido despedirlo o reubicarlo por esa causa.

En el país, 9.800 personas mayores de 15 años tienen VIH, según estimaciones del 2013 del Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/Sida.

Gobierno paga exclusividad a 99% de sus profesionales

Tomado de: http://www.nacion.com/economia/politica-economica/Gobierno-paga-exclusividad-profesionales_0_1449055122.html

El Gobierno paga a casi todos sus profesionales que no son docentes un alto monto extra sobre el salario para que no trabajen en otros lugares.
No obstante, el presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios, Ottón Solís, y el director general del Servicio Civil, Hernán Rojas, coinciden en que no es necesario pagar ese sobresueldo al 99% de los profesionales, como ocurre hoy.
Para el Gobierno laboran 18.889 profesionales que no son docentes. A los profesionales de la educación no se les reconoce este incentivo, según la Dirección General del Servicio Civil.
De esos, a 4.751 profesionales se les paga prohibición del ejercicio liberal de la profesión.
La prohibición se estableció para los funcionarios de Tributación en 1975, mediante la Ley N.° 5.867; no obstante, Rojas explicó que luego otras entidades se acogieron a esta legislación.
El objetivo inicial, explicó el director del Servicio Civil, era evitar que los trabajadores de la Dirección General de Tributación trabajaran en empresas privadas que esta dependencia fiscalizaba.
Por la prohibición un funcionario puede llegar a recibir hasta un 65% más de salario.
Mientras tanto, la dedicación exclusiva se creó por medio de una resolución del Servicio Civil y la reciben 14.058 de los 14.138 profesionales que pueden optar por ella, es decir un 99,4%.
Según esta resolución, la dedicación, que puede elevar hasta en un 55% el salario de un funcionario, es un contrato entre el patrono y el trabajador. Rojas explicó que el patrono podría no darla o el servidor no aceptarla.
El empleado, según la resolución, puede renunciar una vez a la dedicación exclusiva para poder tener otro trabajo.
“El servidor acogido al régimen de dedicación exclusiva, puede renunciar a este (...) y no podrá suscribir un nuevo contrato en un periodo de dos años después de haber presentado su renuncia. Si renunciara por segunda vez, no podrá acogerse más a dicho régimen”, señala la resolución.
Los cuestionamientos. Para Solís, la dedicación exclusiva no es un derecho adquirido por lo que el Gobierno, si quiere, puede renegociar los contratos y bajar este gasto.
“Dedicación exclusiva es un contrato que usted establece. Este año me puede interesar a mí que alguien esté en dedicación exclusiva y el año entrante no; no es un contrato eterno”, argumentó.
Solís detalló que en los cambios al presupuesto que aprobó la Comisión de Hacendarios se redujeron ¢89 millones a la partida que incluye la prohibición y la dedicación, lo cual es poco comparado con los ¢125.000 millones presupuestados.
Rojas coincidió con Solís en que no es necesario pagarlo a todos, pero discrepa de que se le pueda quitar a los que ya lo tienen.
“Yo he escrito: hay muchos profesionales a quienes no es necesario retribuir salarialmente la prohibición del ejercicio profesional o la dedicación exclusiva, ya sea porque el mercado está saturado o porque no agrega valor a la institución”, dijo.
Rojas argumentó que, aunque a muchos funcionarios se les permitiera trabajar en otro lugar, difícilmente encontrarían empleo, pues a la gente que no tiene trabajo le cuesta encontrarlo.
En el segundo trimestre de este año , el desempleo fue de 9%, según la Encuesta Continua de Empleo que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
El ministro de Trabajo, Víctor Morales, reconoció que en este tema hay un espacio para que cada institución revise la política.
El Gobierno trabaja en la redacción de un proyecto de ley de empleo público que contendrá el tema.
Para Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la discusión está contaminada ideológicamente.
“Dedicación exclusiva es parte de un ataque al empleo público de sectores que tratan de culpar a los empleados públicos del déficit fiscal”, señaló Vargas.

Gobierno se arrepiente de eximir a huelguistas de rebajas salariales

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/Gobierno-arrepiente-perdonar-huelguistas_0_1449055227.html

El ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, anunció esta mañana que el Gobierno acepta sentarse a negociar con el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) bajo la intermediación de la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, pero enfatizó que ya no estará sobre la mesa de negociación la posibilidad de perdonar a los huelguistas.

Las sanciones para los trabajadores que hayan participado de la huelga serían, principalmente, las rebajas salariales si la declaración de ilegalidad prospera en los juzgados.

El llamado a que la defensora intervenga lo hizo este domingo el jefe de la fracción del partido Frente Amplio, Gerardo Vargas.

Otra de las condiciones del Gobierno es que el sindicato de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) cese los llamados y la incitación a la violencia en la provincia de Limón.

"Es inaceptable sentarse a la mesa de diálogo cuando en el documento que nos remiten piden libertad y amnistía para todos los detenidos en Limón durante las protestas. No podemos aceptar eso", dijo Morales.

Aún no hay una fecha establecida para la hipotética reunión con la intermediación de la defensora.

Sin embargo, el ministro Morales afirmó que, con los límites claros, el Ministerio de Trabajo está anuente a reunirse con la contraparte.

El jerarca de Trabajo agregó que esta mañana Sintrajap acudió a los tribunales para apelar la declaración de ilegalidad de la huelga.

Añadió que los hechos vandálicos siguen sucediendo y que  esta madrugada otro cabezal fue quemado en Limón, como parte de las protestas en contra de la entrada en vigor del contrato de la empresa APM Terminals para manejar la Terminal de Contenedores de Moín.

El reclamo principal de los sindicalistas es que en el contrato se establece la exclusividad de la empresa de capital holandés en la carga y descarga de los contenedores que lleguen a los puertos limonenses.

viernes, 31 de octubre de 2014

Morosidad de patronos afecta pensión de 700 educadores

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/educacion/Morosidad-patronos-afecta-pension-educadores_0_1448055216.html

La pensión de 700 docentes y personal administrativo está en riesgo debido a la morosidad que mantienen 48 centros educativos privados en el pago de las cuotas obrero-patronales al Magisterio Nacional.
La deuda suma ¢500 millones e implica que, cuando algún profesor de esas instituciones reclame su jubilación en el futuro, el beneficio le sería negado debido a que el patrono nunca cotizó.
“Estos pagos son los que garantizan la pensión de los maestros. No es justo que patronos no reporten a la seguridad social. Eso garantiza la estabilidad de la educación”, manifestó Róger Porras, director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema).
La Ley del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Ley N.° 7531), en su artículo 15, señala que los funcionarios cubiertos por ese régimen, sin excepción, cotizarán el 8% de su ingreso, y sus patronos, tanto públicos como privados, el 6,75% del salario devengado por el empleado.
De todos, el principal moroso es el Colegio Bilingüe Santa Cecilia, ubicado en Heredia, con una deuda de ¢224 millones entre planillas ordinarias y arreglos de pago.
Según informó la Jupema, el pasado 29 de agosto interpusieron una demanda penal en los Tribunales de Heredia en contra de esa institución.
La Nación intentó obtener una reacción, pero los encargados de la Dirección y Administración Financiera declinaron referirse al tema y se negaron a dar sus nombres. Una funcionaria del Santa Cecilia dijo, sin identificarse, que la respuesta oficial del Colegio es que esperan ponerse al día en un mes.
“Se me prohíbe dar los nombre de las personas encargadas. La respuesta oficial es que se espera llegar a un arreglo de pago en un mes”, afirmó la mujer.
Evasores. En instancias judiciales hay 23 escuelas y colegios privados con diferentes procesos por retrasos relacionados con sus planillas, pero no se ha resuelto ningún caso.
“Es un llamado de atención porque nos preocupa la seguridad social de esos trabajadores de la educación. No podemos ni queremos cerrar centros educativos por morosidad, pero sí queremos que paguen”, dijo Carlos Mata Castillo, presidente de la Junta Directiva de la Jupema.
Además, algunas de esas entidades morosas sí hacen el rebajo en el salario del educador, pero sin cotizar al Magisterio.
En la lista completa figuran cinco centros privados evasores que ni siquiera se han presentado ante el Magisterio para su registro. Estos son: Colegio Científico Bilingüe Sagrada Reina de los Ángeles (Desamparados), Angel High School (San Pedro de Montes de Oca), Educational Center ABC (Grecia, Alajuela), Sistema Educativo Bilingüe Virgen del Pilar (San Rafael, La Unión) y el Centro Educativo Bilingüe San Esteban y Jardín de Niños Travesuras (Desamparados).
“No me extraña de ellos (Magisterio). Más bien les hemos dicho que vengan y nos expliquen, para realizar todo eso. Sin embargo, no nos responden”, expresó María Elena Zepeda, administradora del Colegio Reina de los Ángeles.
La Junta de Pensiones recomendó a los padres de familia y a los educadores presionar para que los dueños de esos centros privados cancelen su deuda con el régimen.
“No podemos cerrar esos centros, pero sí exigir conciencia de la irresponsabilidad social que cometen estos patronos contra su personal docente y administrativo”, expresó el presidente de la Jupema.
Lista de los centros educativos privados morosos:
1. Colegio Bilingüe Santa Cecilia (Heredia)
2. Centro Educativo Zorek (Heredia)
3. Centro Educativo Saint Valentine (Hatillo)
4. Génesis Christian School (Alajuelita)
5. Centro Educativo Bilingüe Jardín del Valle
6. Sunlight School (Alajuela)
7. Casa de los Niños Montessori El Carmen
8. Atlantic College
9. Centro Educativo San Francisco de Asís- Cariari
10. Colegio Monserrat
11. Centro Educativo Adventista de Cartago
12. Centro Educativo Mi Patria
13. Centro Educativo María Monserrat
14. Centro Educativo Profesor Saúl Cárdenas Cubillo
15. Centro Educativo Ecológico Bilingüe San Martín
16. Centro Educativo Franz Liszt School and Kiwi Learning Center
17. Escuela Cristiana Asambleas de Dios-Torremolinos
18. Centro Educativo Tree of Life Learning Center
19. Instituto Psicopedagógico Pequeñines (Coronado)
20. Centro de Atención Formativa y Recreativa Antonio José Chan
21. Bilingüe Villa Paraíso
22. Escuela y Colegio Complementaria de Cahuita
23. Escuela Adventista de Paso Canoas
24. Centro Educativo Horizonte 2000
25. Centro Educativo East Side High School y Centro Bri-bri
26. Jardín de niños Manitas Traviesas-Centro educativo Cenit
27. Centro Educativo Pará
28. Colegio San Rafael Orotina
29. Colegio Bilingüe Sarapiquí
30. Centro Educativo Bilingüe Saint Patrick School
31. Colegio Técnico San Vicente
32. Jardín de niños La Semilla del Saber
33. Centro Educativo San Felipe y Jardín de niños Las Ardillitas
34. Instituto Educativo ABC primaria (Heredia)
35. Jardín de niños El Piolín Alegre
36. Stepping Stones
37. Jardín de niños Manitas Activas
38. Escuela Americana San Patricio
39. Centro Educativo Sagrada Familia
40. Centro Educativo Divino Niño (Belén)
41. Centro Educativo Ecológico la Boca del Monte
42. Jardín de niños Campanita
43. Kennedy Bilingual School
44. Escuela Monte Everest Mi Kínder Feliz
45. Montessori Community
46. Santa Ana High School
47. Centro Educativo Yaba
48. Centro Educativo Ábaco

lunes, 27 de octubre de 2014

Los esquemas de compensación


Estado prolonga beneficios laborales sin revisarlos

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/trabajo/permite-prolongar-revision-beneficios-laborales_0_1447655264.html

La apatía de los gobiernos de turno permite que los beneficios –unos más polémicos que otros– otorgados por las convenciones colectivas a los empleados públicos se renueven, una y otra vez, sin una revisión exhaustiva.
Aunque el Código de Trabajo permite renegociar cada tres años dichos acuerdos, en los últimos tiempos son contadas las veces en que el Poder Ejecutivo y los trabajadores se han sentado a revisar sus cláusulas.
La misma ley prevé, en caso de que las partes no invoquen el diálogo, la renovación automática de todos los artículos.
De momento, la mayoría de ajustes hechos a estos convenios obedecen a fallos de la Sala IV que han modificado o eliminado beneficios que los magistrados consideran irracionales o desproporcionados.
Sin embargo, de acuerdo con una revisión hecha por La Nación, en las principales convenciones del sector público subsisten artículos que llaman la atención por el tipo de concesiones que otorgan.
Algunos ejemplos son el pago del 100% del servicio de soda, pago de medicinas no cubiertas por el seguro social, transporte gratuito, pluses por trabajar en altura y pago de exámenes médicos, entre otros.
Cobertura. En la actualidad, 124.000 empleados de ministerios, entidades autónomas, empresas públicas y municipios están cobijados por 77 convenciones colectivas. Ellos representan el 42% de los funcionarios públicos.
Mientras, en el sector privado solo 1.570 trabajadores están adscritos a una convención.
Pese a la amplia cobertura de estos convenios, el Gobierno admite desconocer el costo económico de los pluses vigentes.
“Hay muy poca información. Prácticamente habría que agarrar una por una e ir haciendo el cálculo respectivo de cada artículo”, comentó José Rafael Pacheco, viceministro de Hacienda.
Pacheco opina que sería bueno tener esa información, sobre todo en el caso de beneficios que puedan considerarse abusivos. “Pero no se está trabajando en eso en este momento”, admitió.
Olman Segura, exministro de Trabajo, reconoció que durante la administración anterior no se planteó una evaluación integral de las convenciones.
Revisión. El actual gobierno creó una comisión interinstitucional para revisar 26 convenciones colectivas de ministerios, entes autónomos y empresas públicas, las cuales expirarán entre diciembre de este año y setiembre del 2017.
Víctor Morales, ministro de Trabajo, comentó que a dicho grupo se le asignó la tarea de identificar beneficios abusivos para renegociarlos con los sindicatos.
“Somos un Gobierno que está empeñado en cuidar los fondos públicos; a eso responde esta revisión”, aseveró Morales.
La primera convención en análisis es la del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), cuya evaluación comenzó hace dos semanas.
Ante esta iniciativa, los gremios reaccionan con recelo.
“Los vientos que soplan son complicados para las convenciones”, manifestó Ana Doris González, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).
Mientras tanto, Édgar Morales, de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), sostuvo que no le sorprende la revisión anunciada por el Gobierno.

57% de los empleados con convención colectiva laboran en el Ministerio de Educación Pública

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/trabajo/empleados-convencion-pertenecen-MEP_0_1447655232.html

El Ministerio de Educación Pública (MEP) reúne a 71.000 de los 124.000 empleados públicos que tienen una convención colectiva, según el Ministerio de Trabajo.
Esa cantidad representa el 57% de los trabajadores que disfrutan de un contrato de este tipo y el 24% del total de la planilla del sector público.
El acuerdo fue firmado en abril del año pasado por el MEP, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y el Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y Afines (Sitracome).
Entre los beneficios que creó esta convención, están: la apertura de 1.000 plazas nuevas y un mes de licencia por paternidad.
Según el MEP, el costo del convenio es de ¢5.660 millones al año. Ese monto se desglosa así: ¢2.600 millones para 600 nuevas plazas de cocineras; ¢1.560 millones destinados a 345 plazas de oficinistas y ¢1.500 millones para ayudar a financiar actividades de arte, deporte y recreación.
Otros aspectos negociados son la creación de comisiones para la vigilancia del estado de la infraestructura educativa.
La convención excluyó 98 peticiones de los sindicatos, entre los que figuraban bonos de vivienda para docentes y licencias de maternidad hasta por 24 meses.
El convenio entre educadores y el MEP tiene vigencia de tres años y vencerá el 16 de abril de 2016.
Cuando llegue esa fecha, se renovará de manera automática si ninguna de las dos partes la denuncia con un mes de anticipación.
“En este momento se están atacando las convenciones colectivas y sabemos que hay muchas convenciones que el Gobierno quiere denunciar (...). Los vientos que soplan son complicados para las convenciones”, expresó Ana Doris González, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).
En ese sentido, Paola Gutiérrez, abogada especialista en derecho laboral, dijo que no se deben satanizar las convenciones colectivas, pues su fin es mejorar la situación laboral de los empleados.
“Lo que se busca en una convención es que, por medio de una negociación libre y voluntaria, las partes puedan fijar las condiciones de trabajo; esas condiciones tienen que ser superiores al piso mínimo normativo establecido en el contrato de trabajo”, explicó la experta.
Otras áreas. La Administración Central, las instituciones autónomas y las empresas públicas suman 114.00 personas cobijadas por una convención colectiva.
De las 81 municipalidades, 51 tienen un acuerdo laboral de esta naturaleza. En total, 10.600 funcionarios de gobiernos locales tienen convención.
La Municipalidad de San José es la que suma más personal dentro de su convención: un total de 2.894 empleados.
La última vez que se renovó este contrato laboral colectivo fue en enero de 2013, bajo la gestión del alcalde Johnny Araya.
En el sector privado, 1.576 personas tienen una convención colectiva, lo que equivale a 0,08% del total de la fuerza de trabajo de la empresa privada.
La mayoría de compañías con este beneficio son agrícolas.

Salarios superiores a ¢793.000 deben pagar impuesto de renta

Tomado de: http://www.nacion.com/economia/politica-economica/Salarios-superiores-deben-impuesto-renta_0_1447655248.html

Las personas físicas en relación de dependencia (con patrono), cuyo ingreso mensual bruto sea superior a los ¢793.000, estarán gravadas con el impuesto de renta.
Así quedó definido en el decreto Actualización de tramos de renta para el impuesto al salario , del periodo fiscal 2015.
El departamento de prensa del Ministerio de Hacienda informó el viernes de que este mandato ya fue firmado por el jerarca de la institución, Helio Fallas, y se está a la espera de que el presidente de la República Luis Guillermo Solís, lo rubrique para seguir con el trámite legal respectivo y ser finalmente publicado en el diario La Gaceta .
El decreto rige a partir del 1.° de octubre.
El impuesto es de un 10% y se aplica sobre el monto del salario mensual que supera los ¢793.000. Quien recibe un ingreso igual o menor a esa suma, no debe pagar el tributo.
Por ejemplo, a partir del 1.° de octubre, quien recibe un salario bruto (sin deducciones de ningún tipo) de ¢850.000, supera en ¢57.000 colones el tramo mínimo exento definido por el Ministerio.
Eso quiere decir que sobre ese monto (y hasta ¢1.190.000) se calcula un 10% de tributo. En este ejemplo la persona tendría que pagar al fisco ¢5.700.
En el caso de quienes reciben ingresos brutos superiores a ¢1.190.000, se debe pagar sobre el exceso de ese límite, un 15%.
Por lo tanto, si una persona recibe un ingreso mensual bruto de ¢1.500.000, deberá pagar un 10% sobre ¢397.000 (exceso entre ¢793.000 y ¢1.190.000); es decir, ¢39.700.
Adicionalmente, tendrá que aportar un 15% por ¢310.000 (exceso entre ¢1.190.000 y ¢1.500.000), que corresponde a ¢46.500.
En total, el pago mensual de este trabajador será de ¢86.200 por concepto del gravamen.
Corresponde al patrono. El monto que se deduce al empleado debe ser retenido por los patronos y entregado mensualmente al Ministerio de Hacienda, a más tardar el día 15 de cada mes.
La actualización del impuesto se realiza en todos los periodos fiscales. En este caso, los nuevos tramos son para el periodo 2015, que se inició en octubre.
El cambio indexa los montos de aplicación de los impuestos de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC). Este indicador registró un incremento anual de 5,46% al comparar 2013 con 2014.
El abogado de la firma Deloitte, Alan Saborío, advirtió de que los patronos deben estar al tanto de este cambio con miras a la retención del impuesto en sus empleados, y el pago que deberán realizar el 15 de noviembre, a más tardar.
“Los patronos deben retener lo que corresponde y pagar a tiempo para evitar problemas ante la Administración”, dijo Saborío.
Deloitte informó además de que los asalariados pueden aplicar un crédito fiscal (reducción del impuesto) de ¢1.490,00 al mes por cada hijo, y ¢2.230,00 por el cónyuge.
Colaboraron los periodistas Óscar Rodríguez y Esteban Ramírez.

viernes, 24 de octubre de 2014

Limonenses se dejaron de impresionar por las huelgas

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/gobierno/Limonenses-dejaron-impresionar-huelgas_0_1447055344.html

Limón . “Es más de lo mismo; nosotros ya ni nos impresionamos. Que venga el nuevo puerto, ocupamos modernizar esto”, dice Karla Ovares, en medio del calor húmedo de esta ciudad caribeña.

Como Ovares, quien vive en la provincia desde hace más de 27 años, son muchos los limonenses que se dicen aburridos por las huelgas del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).

Las calles del centro de Limón siguen con sus tradicionales grupos de estudiantes caminando hacia o desde sus colegios. Las peluquerías no cierran sus puertas y las sodas continúan ofreciendo rice and beans y patacones, como de costumbre.

Incluso a la playa Los Baños, en el centro de Limón, no dejan de llegar los jóvenes a jugar baloncesto o una mejenga de fútbol hasta altas horas de la noche.

Ayer en la madrugada solo se reportaron tres pequeños focos de disturbios en la calle que comunica Cieneguita con el centro de la provincia. Las protestas fueron controladas en menos de 15 minutos por la Fuerza Pública, con el respaldo del equipo de antimotines.

Inadvertidos. “Casi ni nos damos cuenta de lo que pasa; a veces vemos cosas solo en la tele porque aquí ni sabemos qué pasó”, manifestó Bernal Jhonson, estudiante de colegio.

Jhonson disfrutaba ayer con algunos compañeros en las zonas de corales muertos que sacó del agua en 1991 el terremoto.

Entre tanto, en la sede del sindicato, un grupo de unos 75 asociados se mantienen todo el día en forma pacífica. Unos juegan fútbol en la calle; otros, dominó.

Las consignas contra el Gobierno son constantes, al igual que contra la llegada del nuevo puerto de la firma holandesa APM Terminals.

Un par de bombetas de turno estallaron frente al edificio del sindicato, pero solo se asustan algunos foráneos con cara de periodistas que se aburren mientras esperan que algo pase.

“Estas bombetas son parte del vacilón acá; no se me asuste hermano”, dijo un sindicalista que no quiso identificarse.

Por otro lado, en los puertos de Moín y Limón, la Fuerza Pública vigila las puertas de los muelles. Varios tráileres salen y entran con normalidad.

Sin embargo, los dirigentes sindicales continúan con sus declaraciones amenazantes en contra del nuevo del nuevo puerto.

Frases como “quieren sangre en la calle” y “ nos obligan a tomar medidas extremas”, recuerdan un pasado no muy lejano que suma una lucha de un sindicato que ya apaga 43 velitas.

sábado, 18 de octubre de 2014

Sindicatos alarmados por contradicción gerencial

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/servicios-publicos/Sindicatos-alarmados-contradiccion-gerencial_0_1445855416.html

Los sindicatos de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) están alarmados por una contradicción gerencial sobre la actual situación financiera y antes de negociar cualquier recorte de pluses salariales, exigen claridad.
¿Están en crisis? ¿Desde cuándo? ¿Quiénes son los responsables? Esas son las principales dudas de los grupos internos.
De acuerdo con el Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Telecomunicaciones (Sitet), hace apenas unos meses la Gerencia (de la anterior administración, al mando de Pablo Cob) les presentó informes contables que mostraban finanzas en equilibrio.
Ahora, en cambio, el gerente Víctor Solís revela un déficit de ¢12.300 millones para este año y de ¢36.000 millones para el 2018, en caso de que no se restrinja el gasto.
“¿Fue un error contable o hubo otra intención al maquillarnos la información que se nos presentó?”, cuestionaron los directivos de Sitet en un comunicado enviado el 15 de octubre.
El grupo exige informes contables auditados y claridad en el discurso. Demanda que, en caso de que enfrenten una crisis, se establezcan las responsabilidades.
Entre las acciones propuestas por el nuevo gerente para paliar el déficit, están cambiar la metodología para calcular las anualidades (que se fijen sobre el salario base y no sobre el bruto) e impulsar un plan de movilidad voluntaria.
Sobre las medidas, Sergio Saborío, secretario del Sitet, explicó que aún están en negociaciones. “Recién recibimos la propuesta y habrá varias reuniones antes de revelar una posición”, declaró.
Se intentó contactar a Pablo Cob, exgerente de la CNFL, mas no contestó las llamadas. En agosto, Cob dijo a este medio que la Compañía cerraría el 2014 con más de ¢1.000 millones de utilidades, y que la crisis es falsa.
La Gerencia, por su parte, admitió estar sorprendida ante el optimismo y la ausencia de “hostilidad” por parte de los sindicatos.
“Viera qué interesante, curioso... He notado en ellos, pues no un apoyo, pero sí la voluntad de generar ideas, aportar, conversar sobre estos temas (...). Si no se logra en un 100% lo que proponemos, habría quiebres muy bajos”, dijo Jorge Pacheco, asesor financiero de CNFL.
Desde hace dos años, las finanzas han obligado al ICE y a sus subsidiarias (CNFL y Radiográfica Costarricense) a optimizar los recursos y a reducir funcionarios.
Según Fabio Chaves, jerarca de la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (Asdeice), ellos han participado en el proceso.
“Estamos aceptando decisiones de optimización, pero no admitiremos medidas que nos afecten. El menú está abierto”, dijo Chaves.

CNFL planea cortar pluses a empleados por crisis financiera

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) intenta cortar los pluses salariales a los 2.290 empleados que integran su planilla, con tal de salir de su fuerte crisis financiera.
De seguir como está ahora, la entidad prevé cerrar los próximos cuatro años con números rojos, cada vez más críticos. El déficit pasaría de ¢12.300 millones este año a ¢36.000 millones en el 2018.
El faltante en el flujo de efectivo crecería, en ese mismo periodo, de ¢16.400 millones a ¢93.400 millones.
Entre las acciones que urgen las autoridades de la Compañía, están restringir el crecimiento de las anualidades e implementar un programa de movilidad laboral voluntaria; ambas, a partir de enero.
El pago de anualidades para los 2.290 empleados de la subsidiaria del ICE implicó este año un desembolso de ¢18.340 millones que, de no restringirse, el próximo año aumentará en unos ¢2.200 millones.
La propuesta de la Gerencia es reducir el porcentaje vigente –del 4,5% anual– y cambiar la metodología para fijar ese incentivo: que el incremento se calcule sobre el salario base de cada funcionario, y no sobre el bruto, como se hace ahora.
También pretende recortar las horas extra, reducir en un 4% la contribución al Fondo de Ahorro y Préstamo, y en un 2% el aporte a la asociación solidarista Asefyl.
“Esto afecta la expectativa futura de los trabajadores; no estamos tocándole el salario a nadie. Si cambio el cálculo de la anualidad, le mantengo lo que se ha ganado hasta el momento pero le afecto el futuro”, declaró Jorge Pacheco, asesor financiero de la Gerencia de CNFL.
Víctor Solís, gerente de la Compañía, dijo que, antes de concretar acciones, debe cerrar la etapa de negociación con los sindicatos, pues además media la convención colectiva.
Descartó, por ahora, despidos masivos y rebajas al sueldo actual.
Fuerza y Luz lleva electricidad a unos 520.000 abonados y no percibe ingresos adicionales producto de un alza tarifaria, desde el 2011. Eso aseguró la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
En los últimos cuatro años, su nivel de endeudamiento creció un 139%: pasó de ¢117.000 millones a ¢279.000 millones. Si se suman ingresos y gastos, se concluye que por cada ¢100 que debe, percibe ¢68.
Medidas. La movilidad es una invitación de retiro o pensión prematura, a cambio de beneficios. El 31% de los empleados de la CNFL (unos 700) reúne las características para acogerse a este plan: hombres de más de 59 años de edad, mujeres de más de 57, o cualquier trabajador que sume más de 20 anualidades.
Solís aclaró que aún está por definirse el incentivo, pero calcula que unos 80 funcionarios se acogerán al programa, lo cual permitirá el ahorro de unos ¢2.535 millones.
“Se revisará cada solicitud para garantizar que no queden áreas críticas desmanteladas”, declaró.
La movilidad horizontal deberá cubrir las plazas que queden vacantes tras cualquier renuncia o retiro, pues no habrá nuevas contrataciones. Cada año, en la CNFL se dan unas 60 de estas salidas naturales.
La suma de esas y otras medidas menores llevaría a la entidad a ahorrar, en el 2015, unos ¢12.700 millones. Quedaría por cubrir, entonces, unos ¢13.300 millones (del déficit de ¢26.000 millones que se proyecta).
Según Jorge Pacheco, eso se alivianará con los ¢12.000 millones que pidió a la Aresep la semana pasada (como alza tarifaria del 12,37%). Aun así, admitió que “no hay ambiente” para esos ajustes.
“Si todo se logra, estaríamos llegando a números negros o muy cercanos a negros el próximo año; máximo en el 2016”, declaró Pacheco.
Una serie de inversiones millonarias llevaron a la CNFL a recurrir a financiamientos de su casa matriz, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). A junio, le debía alrededor de ¢25.000 millones.
Ambas entidades informaron que negociarán un convenio de pago a dos años, y, como Grupo ICE, evalúan una estrategia de financiamiento conjunto, externo.
Carlos Obregón, presidente del ICE, estimó que su subsidiaria es capaz de salir adelante. El Instituto mismo realiza un proceso de reorganización, movilidad y medidas de restricción que le permiten ahorrar ¢24.000 millones anuales.

Trabajadores tardan hasta 2 años en recuperar salarios atrasados

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/trabajo/Trabajadores-tardan-recuperar-salarios-atrasados_0_1445855408.html

Douglas Zumbado, Óscar Badilla y Josué Brenes no reciben su salario desde el 30 de mayo.
Ellos trabajaban como programadores en la empresa Tecnologística de Costa Rica, pero la compañía les argumentó problemas de “flujo de caja” y dejó de pagarles a 66 empleados, según datos del Ministerio de Trabajo.
Para poder recuperar los montos no pagados, acudieron a los Tribunales de Trabajo, donde deberán esperar hasta dos años para que haya una resolución.
Sus expedientes se suman a los de otros 43.700 asuntos que había acumulados al final del 2013.
Según datos del Departamento de Planificación del Poder Judicial, la cifra de reclamos laborales pendientes ha crecido en 14.000 desde el 2009. Con ese incremento, también aumentó el tiempo que tardan los jueces en emitir un fallo.
En promedio, un expediente de mayor cuantía (reclamos mayores a ¢3 millones) espera 24 meses por una sentencia; tres meses y dos semanas más que en el 2012.
Por el contrario, los casos de menor cuantía (reclamos por hasta ¢3 millones) presentaron una disminución de una semana en su tiempo de resolución.
Óscar Ugalde, coordinador del Tribunal de Trabajo de Goicoechea, cree que una alternativa para resolver más rápido sería elevar el monto de la cuantía pues, en su criterio, actualmente es muy baja.
Casi cualquier reclamo que llegue a los tribunales supera los ¢3 millones y, por lo tanto, ingresa a Mayor Cuantía. Él considera que ¢10 millones sería una cifra adecuada para fijar tal límite.
La ventaja con la menor cuantía es que los asuntos tienen una sola instancia; es decir, se resuelven de manera definitiva en el juzgado, sin poder ser elevados a otras instancias judiciales.
Lo contrario ocurre con los asuntos de mayor cuantía, donde hay tres instancias: juzgados de trabajo, tribunales y hasta casación en la Sala Segunda, explicó Ugalde mientras sostenía un grueso expediente que da vueltas desde 2001 en los Tribunales de Trabajo.
El año pasado, el 57% de las demandas laborales presentadas correspondían a conflictos de mayor cuantía.
Al juzgado. Para Víctor Morales, ministro de Trabajo, la lentitud en los procesos judiciales actuales no motiva a reclamar derechos.
Por eso, dijo, impulsan la reforma procesal laboral, que introduce los juicios orales en materia de trabajo. Estos podrían apurar el debate y el dictado de una sentencia.
“La gente llega al Ministerio, pone su denuncia, pide la intervención y, si eso no se resuelve ahí, el trabajador lo lleva a un juzgado. Ahí es donde dura todo lo que dura en resolverse”, manifestó Morales.
En lo que va del año, el Departamento de Inspecciones del Ministerio de Trabajo ha atendido 87 denuncias por atrasos de pago en distintas compañías.
En el 2012, registró 86 atrasos de sueldos y en el 2013 fueron 141, lo que representó un 0,78% del total de denuncias recibidas.
Entre tanto, de los 35.052 casos discutidos en tribunales el año pasado, solo 883 llegaron a algún tipo de arreglo, lo que representa un 2,5% del total de las denuncias.
Congojas. Los tres empleados de Tecnologística fueron despedidos con responsabilidad patronal, mas no saben cuándo les pagaron su liquidación. De los tres, solo Josué Brenes ya tiene otro trabajo. “Yo he mandado correos, he ido a las oficinas, he tratado de llegar a un arreglo, pero nada”, comentó Óscar Badilla, quien laboraba en Tecnologística desde mayo del 2008.
Royden Flores, dueño de la compañía, aseguró que harán frente a los atrasos salariales, aunque no precisó cuándo.
“Esta situación nunca la habíamos vivido y no la provocamos al propio, sino que fueron las circunstancias que se dieron. Así como los empleados han sufrido consecuencias, mi familia y yo estamos con los mismos problemas de no pagar tarjetas de crédito y no poder pagar nuestras cosas personales”.

lunes, 13 de octubre de 2014

Paga mínima se revisará si mejora la economía

Tomado de: http://www.nacion.com/economia/politica-economica/Paga-minima-revisara-mejora-economia_0_1444855514.html

Las proyecciones de crecimiento de la economía costarricense en los próximos dos años permiten prever que el Gobierno no aplicará la revisión de los salarios mínimos vigente para subirlos.

En abril de este año, el ahora ministro de Trabajo, Víctor Morales, anunció que su cartera examinaría los salarios mínimos para incrementarlos.

Tal decisión sería parte de las políticas gubernamentales para bajar el nivel de pobreza y la desigualdad.

Sin embargo, hoy Morales sostiene, al ser consultado por La Nación , que las proyecciones actuales de crecimiento económico no generan un ambiente apto para subir los salarios mínimos, como lo había planeado el Gobierno.

Bajo rendimiento. El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer esta semana que la economía costarricense crecería un 4,3% al 2015, y un 4,6% al 2016.

Tal crecimiento es superior que el del promedio latinoamericano, pero sigue reflejando una desaceleración posterior a las crisis económica del 2008.

Morales agregó que para ejecutar tal política salarial, hay que tener claro cuáles son los sectores de la economía que logran un mejor desempeño y cuál es su peso en la generación de empleos.

“Si, por ejemplo, se lograra un crecimiento aceptable del sector agrícola, la prioridad tendría que ser aumentar la demanda de empleos formales y de calidad en ese sector, y el cumplimiento en el pago de los salarios mínimos vigentes, no otra”, declaró Morales.

Defensa pública para los trabajadores abre debate en la Corte

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/politica/Defensa-publica-trabajadores-debate-Corte_0_1444855538.html

La idea de que el Estado les ponga abogado a los trabajadores que no pueden pagar uno, a la hora de entablar o afrontar un juicio laboral, desvela a la Defensa Pública.
Dicha oficina del Poder Judicial se declara sin recursos para asumir la tarea. Alega que urgen 100 plazas nuevas solo para empezar, pero no todos los magistrados comparten ese requerimiento inicial.
La responsabilidad de que el Estado asuma esta defensa se incluye en la reforma procesal laboral que el Gobierno evalúa poner en ejecución, mediante el levantamiento del veto con que la expresidenta Laura Chinchilla frenó ese plan.
La iniciativa exigiría asistir a todo aquel trabajador que gane menos de ¢800.000 mensuales.
Mediante el oficio JEF-710-2014, la directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz, advirtió a los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de que su oficina necesita al menos ¢4.000 millones para financiar la asistencia de los trabajadores, públicos y privados, si asumieran el 80% de los casos.
Así lo informó en tiempos en que el Poder Judicial hace de tripas corazón para evitar recortes a su presupuesto del 2015.
Muñoz recalcó que necesitarían abogados, técnicos y oficinistas.
“Nosotros estamos en la mejor disposición de asumir la defensa. Tenemos la experiencia y la disposición, pero es importante tomar en cuenta de que se requieren recursos”, explicó.
En el Poder Judicial, el debate toma vigencia en vista de que un acuerdo entre el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Frente Amplio y la Unidad Social Cristiana (PUSC) abre la posibilidad de que la reforma al Código Procesal Laboral reviva en manos del presidente Luis Guillermo Solís.
El plan de ley, aprobado por los congresistas de la pasada Asamblea Legislativa, plantea una reforma integral al Código que dicta la forma en que se administra la justicia a los trabajadores.
El proyecto introduciría la oralidad en los juicios laborales, lo que podría agilizar los procesos y reducir sus tiempos de trámite.
Sin embargo, Chinchilla lo vetó porque este plan legalizaría las huelgas en servicios esenciales, como la seguridad y la salud.
La reforma incluye, además, la obligatoriedad de que la oficina de la Defensa asuma la representación de los trabajadores que no ganen más de dos salarios base.
Por este motivo, Muñoz pide una revisión de las condiciones en que quedaría la defensa en caso de que el plan de ley resucite.
Sin embargo, el reclamo de la Defensa tiene oposición en la Corte. En criterio del magistrado presidente de la Sala II, Orlando Aguirre, quien además fue uno de los redactores del plan de ley, la propuesta no obliga a desembolsar los recursos de golpe.
“Es un proceso gradual”, dijo, y agregó que dicha gradualidad permitiría al Poder Judicial y a la Defensa Pública asumir su nuevo rol.
A pesar de que Muñoz presentó en su oficio un detalle de las plazas y recursos económicos que necesitarían para iniciar la defensa de los trabajadores, Aguirre considera que no hay cálculos técnicos.
“Yo creo que es muy prematuro hablar de plazas y recursos”, afirmó Aguirre.
infografia

57,7% del fondo de ‘U’ públicas se usa para pagar sueldos

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/educacion/fondo-publicas-usa-pagar-sueldos_0_1444855536.html

Las universidades públicas destinan el 57,7% de sus recursos del FEES para pagar las remuneraciones de sus 13.570 funcionarios.
De ellos, 8.853 son profesores y representan el 52% del uso del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Para el 2015, está previsto que estas instituciones públicas reciban ¢410.500 millones del presupuesto del Estado. De tal suma, unos ¢213.800 se destinarían al pago de los educadores.
Del fondo estatal para las universidades públicas, a la Universidad de Costa Rica (UCR) le corresponde un 57,7 %y a la Universidad Nacional (UNA), un 23%.
Entre tanto, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) recibe el 11,3 % y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) el 7,5 %.
La Nación consultó los datos con cada uno de los rectores de las cuatro universidades públicas.
Distribución. De ¢236.858 millones que recibiría la UCR en el 2015, ¢132.640 millones se utilizarán en el pago de la planilla de profesores. Eso equivale al 65% del presupuesto del FEES para esa universidad.
En el caso de la Universidad Nacional (UNA), el porcentaje para salarios es el 55,1% de sus recursos del FEES (unos ¢52.000 millones de los ¢94.415 millones que recibirían).
El Instituto Tecnológico de Costa Rica usará el 54% del aporte estatal; es decir, ¢25.048 millones de los ¢46. 386, para pagar a 785 docentes.
“Esos salarios se dan porque la función fundamental de nuestra institución es la formación”, dijo el rector del ITCR, Julio Calvo.
En los últimos tres años, los salarios de los docentes han recibido incrementos que rondan entre el 4% y 6%, más los pluses.
Mientras que un profesor interino gana de base ¢153.0000 por un cuarto de tiempo, su ingreso mensual podría superar ¢1.500.000 si sube en la escala académica.
La otra parte del FEES se utiliza para incrementar la matrícula, mejorar infraestructura, dar becas y hacer investigación.
“Sin este presupuesto, se ven debilitados el resto de los servicios. Necesitamos esos recursos si el país quiere avanzar. Los profesores son el eje de nuestra acción”, dijo la rectora de la UNA, Sandra León.

Finanzas de UCR peligran por exceso en incentivos salariales

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/educacion/Excesos-incentivos-salariales-UCR-finanzas_0_1444855535.html

El peso de los incentivos salariales que reciben los 9.294 funcionarios de la Universidad de Costa Rica (UCR) amenaza las finanzas de esa institución.
La Contraloría de la UCR advirtió, en el informe OQ-R-107 de setiembre del 2013, de que los sobresueldos podrían causar un colapso económico si no se toman acciones en el corto plazo.
Para este año, la UCR pagará ¢82.392 millones en pluses, de los ¢156.939 millones del total de egresos por remuneraciones. Esto es el 52,5%.
Ese porcentaje se compone de un 44% en pluses, como ascensos y anualidades, y un 8,5 % por régimen académico (investigaciones).
La información está consignada en el informe Estado de la ciencia, la tecnología y la innovación , presentado en agosto por el Programa Estado de la Nación.
Desglose. Por concepto de anualidad, la UCR paga 5,5% del salario base a cada empleado; es decir, el incentivo resultará esta vez más alto que la inflación (5,2%).
A ese plus hay que agregar sobresueldos como la experiencia docente, la dedicación exclusiva (opcional) y el régimen de carrera académica, que podrían incrementar los sueldos hasta en un 60%, según la categoría y el tiempo de laborar.
Los incentivos salariales son la causa de que las erogaciones suban el 8% de forma automática (sin incluir inflación), cada año.
“Los pluses actuales son elementos que distorsionan el salario, porque lo elevan a un monto superior a la inflación. Si la situación sigue así, las finanzas podrían colapsar. La Administración ya está trabajando en los estudios necesarios para tomar acciones”, dijo el contralor de la UCR, Glenn Sittenfeld.
Brecha. Los excesos en pluses también generan inequidad entre los profesores que recién ingresan a la UCR y quienes llevan más de 30 años en esa institución.
“El salario base no es competitivo. Un funcionario nuevo, sin anualidades ni escalafones, gana un salario muy bajo. Los salarios se hacen competitivos con los escalafones. El problema es que después de 20 años de servicio, se hacen salarios ya muy altos con respecto al resto del mercado. Si usted está en la UCR 40 años, gana cuarenta anualidades. Eso hay que corregirlo”, agregó el contralor Sittenfeld.
La situación también es aplicable a las otras universidades públicas, que pagan entre 4% y 6% por concepto de anualidad, hasta un 45% por dedicación exclusiva y llegan a reconocer un 60% por el grado académico de doctorado.
De las 13.570 plazas que tienen la UCR, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el grueso de las remuneraciones lo consumen los 8.853 profesores.
“La razón de ser de la UCR es la docencia, la investigación y la acción social. El principal elemento para el desarrollo de la actividad es el recurso humano y sus sueldos, pero estamos trabajando en corregir la amenaza del crecimiento vegetativo de los salarios”, explicó el rector de la UCR, Henning Jensen.
El rector agregó que realizan dos estudios, uno de estos es un comparativo de salarios del sector público e incluye los de la UCR.
En otras instituciones estatales como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), las anualidades van desde 1,94% hasta 4,5%.
Sin embargo, hay instituciones como la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) o el Instituto Nacional de Seguros (INS) que igualan o superan las anualidades de las universidades públicas. El INS paga hasta 9,99% del salario base por ese concepto.
La semana pasada, en la discusión sobre el Presupuesto de la República del 2015, la contralora general, Marta Acosta, fustigó los incrementos en los salarios públicos.
“Para enfrentar el déficit, hay que atacar todos los disparadores del gasto y el principal es la remuneración”, afirmó Acosta.
En medio del debate legislativo en torno a posibles recortes, alumnos y profesores marcharon el martes pasado en defensa de su presupuesto.
Durante la actividad, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) , Ottón Solís, dijo a los universitarios que, en los últimos cuatro años, los salarios en las universidades públicas han crecido 37% en comparación con el resto de instituciones del Estado.