Cuando llega la hora de tomar vacaciones se deben tomar en cuenta una serie de medidas para su correcto disfrute. El derecho a vacaciones es propio de las relaciones laborales, por ello, no es posible que nadie contratado por servicios profesionales pueda disfrutar de este descanso.
Ahora bien, este derecho se encuentra regulado en el artículo 153 del Código de Trabajo, el cual establece que todo trabajador puede disfrutar de 2 semanas de vacaciones por cada 50 semanas laboradas de manera continua para un mismo patrono, las cuales serán con goce de salario.
Es importante tomar en cuenta que la normativa laboral establece que el empleador es quien debe indicar la fecha de disfrute de las vacaciones.
Esto debe ocurrir dentro de las 15 semanas siguientes de haberse obtenido el derecho; siendo que las mismas no deberían de fraccionarse en más de dos periodos.
Dentro de los cuidados que debe tener el empleador al otorgar ese derecho está el manejo de la documentación relacionada. Con frecuencia, se deja sin respaldar de manera documental el disfrute de los días otorgados para tales fines, siendo que lo ideal es que todo colaborador emita un documento haciendo constar el ejercicio de este derecho.
Por otro lado, es importante que el patrono se asegure de remunerar de manera adecuada a sus trabajadores durante el tiempo de vacaciones, lo anterior porque, en muchas ocasiones, se ha pensado que se pagará conforme al salario ordinario, lo cual no es lo dispuesto en la normativa laboral.
El Código de Trabajo establece que para determinar el monto a pagar durante los días libres, se debe promediar los salarios ordinarios y extraordinarios recibidos por el colaborador durante las últimas 50 semanas de trabajo.
Evite errores
Si bien, parecieran ser reglas sencillas, los patronos se preguntan: ¿Qué pasa cuando un trabajador acumula varios periodos de vacaciones? ¿Se pueden pagar los períodos acumulados?
La ley establece que es absolutamente prohibida su compensación, aún y cuando, el trabajador así lo acepte. Dicha posición ha sido avalada por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (máxima autoridad en materia laboral), ya que la finalidad de las vacaciones es el descanso tanto físico como mental del colaborador.
No obstante, el artículo 156 del Código de Trabajo establece que el patrono sí puede compensar en dinero los días de vacaciones, siempre y cuando, hayan sido otorgados por encima del mínimo de dos semanas anuales.
Por ejemplo, si una empresa le otorga a sus trabajadores tres semanas de vacaciones al año, se podría compensar esa semana adicional, siempre que se garantice el disfrute del mínimo fijado por ley. La excepción a la prohibición de compensación está prevista para ciertos casos, como cuando se da la terminación de la relación laboral, o cuando el trabajo es ocasional o por destajo.
En situaciones como las citadas, la remuneración debe ser realizada en función de un día por cada mes efectivamente laborado. Asimismo, se debe tener en cuenta que las vacaciones son un derecho incompensable e irrenunciable, por lo que no es válido ningún acuerdo entre empleador y colaborador para un pago o disfrute distinto del estipulado por la legislación nacional.
Los sindicatos del sector privado llegarán hoy a la mesa de negociación con la propuesta de un aumento salarial del 4,12% para el segundo semestre del año.
Así lo indicó Rafael Mora, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Según el sindicalista, la cifra surgió del cálculo que realizaron al considerar la inflación hasta el mes de mayo, más un porcentaje que quedó rezagado desde el 2011.
“No vamos a aceptar menos del 4,12%, con eso estaríamos satisfechos, porque es la inflación acumulada más el reajuste que quedaron debiendo”, explicó Mora.
Para el primer semestre de este año, se había aprobado un incremento del 3,78% para los sueldos del más de millón de trabajadores privados ocupados en el país.
Mora afirmó que, además, preparan un proyecto que busca que las autoridades gubernamentales adopten una nueva política salarial que impacte de manera real los ingresos base que son percibidos por los puestos de menor rango.
“Estaremos entregando una propuesta que tiene que ver, en principio, con que tengamos una política salarial para los próximos cuatro años de gobierno y que eso genere un efecto positivo en la desigualdad social”, añadió.
Sin fórmula. El ministro de Trabajo, Víctor Morales, detalló, por medio de un correo electrónico, que no se apegarán a la fórmula de cálculo salarial vigente desde octubre de 2011, que usa la inflación proyectada para el primer semestre del año, no la inflación real.
En esta ocasión, la real es mayor a la proyectada. A mayo, la inflación acumulada se ubicó en 3,75%, en tanto la estimación del Banco Central para el primer semestre del año rondaba el 1,98%.
Si el Gobierno siguiera la fórmula establecida, el aumento que correspondería sería del 0,31%.
“Ese aumento no solo es inaceptable para los trabajadores, también lo es para este Gobierno. Es por eso que se impone la necesidad de que las partes nos sentemos a negociar con total apertura, considerando que existe una cláusula para no aplicar la metodología cuando la inflación no se comporte de acuerdo con lo proyectado por el Banco Central”, señaló Morales.
“Nos corresponde al Gobierno, al sector empresarial y a los trabajadores alcanzar un acuerdo”, agregó el jerarca sobre la negociación, que tendrá su primera cita hoy a las 4:00 p. m., en la sede del Ministerio de Trabajo.
La próxima semana serán los empresarios quienes podrán exponer su propuesta.
Hace unos 15 años publiqué, en esta misma página, un artículo sobre las pensiones de privilegio cuyos montos, entonces muy elevados, ahora parecerían sumamente modestos, si se los compara con los actuales, según una reciente publicación de este diario.
Dije entonces –y lo repito ahora– que, si un Gobierno lograra acabar con este abuso, convertido ya en una tragedia nacional, debería recibir el agradecimiento de todos los costarricenses, aunque esto sea su único logro importante.
El pasado 9 de diciembre, publiqué otro artículo, con el título “El injusto privilegio de las pensiones”, en el cual contaba las vacaciones de verano que pasaba en una finca en Rancho Redondo, en las que compartí diversión y trabajo con un muchacho llamado Octavio, quien, cuando le pedí que me acompañara en una de mis correrías en los verdes campos y en la bruma, me dijo que no podía porque él no era el hijo del patrón. “No soy –me dijo– un peón de lujo, como vos, que trabaja cuando quiere, sino un peón de segunda clase”.
Ni conveniente ni sano. No creo que sea conveniente ni sano que el país se divida en peones de lujo, con privilegios extraordinarios que pagamos todos los costarricenses, y peones de segunda clase que viven en la pobreza extrema, sin recibir la ayuda que necesitan porque el dinero se gasta en pagar privilegios irrazonables.
Mientras haya todavía una sola persona que viva en miseria extrema, no se debe permitir que otros ciudadanos disfruten de pensiones absurdamente altas que, aunque las pague el Gobierno, en realidad las estamos pagando todos nosotros mediante impuestos, no para que se usen en altísimos privilegios, sino para que se lleven a cabo labores gubernamentales que beneficien a todos por igual.
Cuando llega la hora del retiro de la fuerza laboral, y antes del retiro final que significa la muerte, es justo que se reciba la recompensa de unos años de disfrute del tiempo libre, junto con la familia, pero con un monto de dinero mensual adecuado a las necesidad más perentorias, y nunca para que una persona –o varias, tan respetables como el más pobre– reciba sumas millonarias que le permitan gastar el dinero a manos llenas en los lujos y caros caprichos, a costa del Gobierno: En realidad, a costa de todos los otros mortales.
En mi artículo anterior conté el caso, que conozco personalmente, de un exembajador que se pensionó con una suma equivalente a lo que recibía en dólares por haber ejercido su trabajo en un país con un costo de vida muy alto, y, “sin que tenga una cana en su joven y frondosa cabellera, se ha dedicado, desde entonces, a dormir hasta tarde y a jugar tenis en un lujoso club a costillas del pueblo”.
Me parece muy bien que La Nación haya publicado la lista de quienes gozan de pensiones de privilegio, y que también ya existan varios proyectos de ley para frenar este abuso, como el de crear un impuesto escalonado para que este privilegio sea menor y el dinero pueda volver a las arcas del Gobierno, a fin de destinarlo a obras de bien público.
Monto máximo. Además, La Nación publicó recientemente una información que casi nadie conocía: que ya existe una ley, la número 7858, que fija el monto máximo de las pensiones financiadas por el Estado en 10 veces el salario base más bajo pagado por la Administración Pública. Es decir, no hace falta aprobar ninguna ley nueva, que sería un proceso lento y difícil, sino simplemente aplicar la ley existente. Naturalmente, los privilegiados tratarán de oponerse a su aplicación, y hacerlo significa tocar intereses creados, molestias y hasta recibir el odio de personas importantes, pero gobernar es hacer el bien a la mayoría, sin tomar en cuenta, para nada, si una acción necesaria afecta a unos pocos privilegiados.
No debe haber, como decía Octavio, mi amigo de la infancia, ciudadanos de lujo y de segunda clase. Solo debe haber costarricenses, todos con los mismos derechos y obligaciones.
Esta tarde en la Asamblea Legislativa fue presentado un proyecto de ley, con el que se busca regular los derechos laborales del futbolista costarricense.
Durante los últimos años se ha vuelto costumbre que algunos equipos pasen por alto las cláusulas firmadas en los contratos, lo que genera problemas entre el jugador y la institución.
Los más comunes son el no pago de vacaciones, aguinaldos y el irrespeto a la hora de rescindir un contrato.
Según el presidente de la Asociación de Jugadores Profesionales (Asojupro), Alejandro Sequeira, esta era una deuda que tenían con más de 700 futbolistas profesionales que actúan en el país.
Es una deuda que tiene Costa Rica con los más de 700 futbolistas y con las futuras generaciones que practicarán este deporte profesionalmente, por lo que instamos a las demás fracciones a que se unan a favor de este proyecto”, comentó Sequeira.
Por su parte el diputado Fabricio Alvarado quien está promoviendo el proyecto de ley afirmó que esta es la mejor forma de profesionalizar la práctica del fútbol en el país.
“Sin lugar a dudas la idea es profesionalizar el fútbol mediante un abordaje legal que sea integral y acorde a las necesidades reales de este deporte en nuestro país”, agregó Alvarado.
Se espera que mañana sea presentado el proyecto ante los 57 diputados, en busca de que sea aprobado a la mayor brevedad.
Samsung Electronics está investigando si uno de sus proveedores violó normas laborales básicas luego que una organización no gubernamental acusara públicamente a la multinacional de enrriquecerse con mano de obra infantil en condiciones de explotación laboral.
En un informe publicado ayer, la organización China Labor Watch (CLW), con sede en Nueva York, acusó a Samsung de permitirle a una fábrica de la compañía Shinyang Electronics en Dongguan (al sureste de China) contratar a trabajadores menores de edad, engañarlos sobre sus salarios, negarles el pago de horas extras laboradas y no darles contratos de trabajo debidamente reglados según leyes de Estado.
Después de supuestamente inspeccionar a cientos de proveedores, Samsung no halló trabajo infantil. Sin embargo, en sólo una fábrica de suministros de Samsung (la de Shinyang), CLW "ha descubierto varios los niños que trabajan sin contratos de trabajo, trabajando 11 horas al día y a quienes sólo se paga por 10 de esas horas", declaró la organización en un comunicado.
La investigación de CLW de Shinyang reveló al menos 15 tipos de violaciónes, asegura el texto.
Además de trabajo infantil, también se detectaron no pago por horas extras laboradas, horas extra excesivas y falta de seguridad social. La revisión también expone falta de capacitación en medidas de seguridad previas al trabajo y ausencia de equipos de protección a pesar del uso de productos químicos nocivos.
De igual modo, asegura CLW, la contratación del personal es discriminatoria, hay un uso excesivo de los trabajadores temporales, los empleados son obligados a firmar contratos de trabajo en blanco, a aceptar requisitos de renuncia ilegales y encima amplitud de reglas impuestas por la compañía donde se establecen todo tipo de pretextos para castigar a los trabajadores por casi cualquier comportamiento. A ello se suman malas condiciones de vida.
"Durante dos años, CLW ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones las malas condiciones laborales en la cadena de suministros de Samsung. Samsung y sus suplidores siguen sin aplicar su propio código de conducta y compromisos sociales como consecuencia de no seguir tomar estas normas en serio", alega la organización.
Samsung reaccionó de inmediato manifestando que: "estamos investigando con urgencia las últimas acusaciones y tomaremos las medidas apropiadas de acuerdo con nuestras políticas para prevenir casos de trabajo infantil entre nuestros proveedores", en su propio comunicado.
En el documento uno de los principales fabricantes mundiales afirma que en la fábrica en cuestión realizó “una exhaustiva auditoría en marzo de 2013 a la que siguió una inspección de terceros en agosto de 2013 y otra en junio de 2014” en donde no se encontraron casos de trabajo infantil.
En agosto del 2012, CLW expuso por primera vez el uso de los niños trabajadores en instalaciones de un proveedor de Samsung en Huizhou llamado HEG. A pesar de una declaración pública de Samsung según la cual tampoco halló trabajo infantil luego de una inspección posterior, casi al final del 2012, CLW halló de nuevo, más niños trabajadores en la planta de otro de sus proveedores también localizado en Huizhou pero llamado HTNS.
Esto ocurre, asegura la organización, porque las órdenes de producción de Samsung son por temporada, y proveedores como Shinyang alterarán el rigor de las prácticas de contratación con tal de adaptarse a las demandas de Samsung.
Durante temporada alta y por la urgente necesidad de mano de obra, empresas como Shinyang acostumbran el trabajo infantil o emplean como trabajadores a estudiantes menores de edad.
Estos menores de edad por lo general sólo están por un período de tres a seis meses, trabajando 11 horas diarias sin pago de horas extras. En esos períodos, la fábrica no adquiere seguro social para ellos como lo exige la ley. Estos jóvenes trabajadores suelen abandonar la fábrica cuando entra la temporada baja. Los que contratan tampoco proporcionan ningún tipo de indemnización por despido.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realiza un estudio actuarial sobre el costo a largo plazo de los regímenes especiales a cargo del Presupuesto Nacional.
La Dirección Nacional de Pensiones (DNP), órgano adscrito al Ministerio, fue la encargada de hacer el proceso de contratación directa por un valor de ¢5 millones. El actuario y matemático, Luis Guillermo Fernández Valverde, ganó el concurso.
Elizabeth Molina, directora de la DNP, confirmó que el estudio está en la etapa final y el resultado estará listo en agosto.
Un estudio actuarial permite conocer el crecimiento y costo del pago de pensiones por un lapso de 100 años. Es la primera vez, desde 1992, que se hace un análisis de este tipo a los regímenes especiales de jubilación.
El objetivo del estudio es realizar una valoración de las necesidades financieras y económicas la sostenibilidad de los regímenes de pensiones, así como dar recomendaciones para garantizar el pago de las jubilaciones a corto, mediano y largo plazo, según el cartel de contratación directa, publicado por la DNP en junio del 2013.
Los regímenes especiales de pensiones, a cargo del Presupuesto Nacional, son 15 en total. Pero se excluye al Magisterio Nacional porque aún está abierto y tiene cotizaciones y aportes especiales.
Actualmente, son más de 58.000 personas las jubiladas en estos sistemas que tienen costo, este año, de ¢700.000 millones.
Más del 90% de dichos recursos se financian mediante el pago de impuestos y el resto con aporte de los pensionados.
El Ministerio de Hacienda informó, a finales de junio pasado, que 1.745 personas recibirán este año el 15% de dicho dinero.
Los sindicatos del Magisterio Nacional recaudan ¢9.800 millones al año por concepto de las deducciones salariales que, mes a mes, aplican a cada agremiado.
Por ley, cada gremio deduce un 1% del salario de cada afiliado.
El dato se desprende de una tabla de deducciones salariales del sector público que solicitó La Nación a la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda.
La Asociación Nacional de Educadores (ANDE) es el gremio que más recauda por mes. En total, recoge ¢384 millones y reporta 60.000 afiliados. En segundo lugar, está la Asociación Nacional de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), que reúne ¢240 millones al mes por concepto de deducciones a 28.000 afiliados.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), que registra 29.000 agremiados, recibe una suma mensual de ¢192 millones.
Cuando se consultó a los dirigentes sindicales de ANDE, APSE y SEC cuánto reciben del 1% de las deducciones, los tres se negaron a revelar el dato, tras alegar que esa es información de carácter privado. “¡Y sigue con la necedad de preguntar por las platas! No tengo ese dato económico en mis manos”, respondió Gilberto Cascante, dirigente sindical de ANDE.
Según la Tesorería, las deducciones totales del sector público ascienden a ¢48.000 millones. Del total, ANDE recibe un 0,8%; APSE, el 0,5%, y SEC, un 0,4%.
Retribución. Según dicen los dirigentes de los tres gremios, esos miles de millones que caen en las arcas sindicales “son retribuidos o devueltos” a los asociados mediante “la “defensa de sus derechos como trabajadores”.
“El sindicato es como la Caja Costarricense de Seguro Social; para eso es. El sindicato está para defender, no es una asociación solidarista. Es la solidaridad lo que permite el beneficio”, manifestó Ana Doris González, presidenta de la APSE.
Dentro de esos beneficios que mencionan los sindicalistas están descuentos en ópticas, tratamientos médicos, acceso a espacios recreativos y el derecho a contar con asesoría legal gratuita si se tiene un conflicto con los patronos.
“Todos cotizamos para tener un abogado a disposición. Uno tiene el lugar adonde acudir. Sin los sindicatos, no se gestarían luchas tan importantes como la huelga de 21 días lectivos en la que exigimos el pago completo de los salarios, una lucha en la que seguimos”, añadió González.
La dirigente de la APSE reconoció que la huelga de los educadores tuvo un costo de ¢45 millones, que pagaron entre los tres sindicatos. Así, dispusieron del dinero para las tumbacocos, las pancartas y la comida que llevaron a las calles.
Para Gilberth Díaz, líder sindical del SEC, el 1% que deducen de cada salario de los funcionarios públicos, se justifica a partir de la lista de privilegios y servicios que ofrecen a sus agremiados.
“Con ese dinero, trabajamos y damos beneficios importantes. Se brinda apoyo laboral, participación en talleres y asambleas nacionales, y convenios en las áreas de salud y recreación. El monto de deducciones no tengo por qué revelarlo, pero sí le puedo decir que aquí no hay nebulosas de ningún tipo”, manifestó Díaz.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó este martes la Red de Economía Informal de Centroamérica y el Caribe (RedEICC) con el objetivo de articular acciones que beneficien a los trabajadores informales.
La iniciativa busca mediante el diálogo con municipios, cámaras empresariales y organizaciones de colaboradores, mejorar las condiciones y la inclusión de quienes trabajan en la informalidad.
La RedEICC impulsará a través de las redes sociales de Facebook y Twitter acciones para que las personas que lo deseen interactúen, compartan experiencias y busquen soluciones al sector.
Datos de la OIT aseguran que Costa Rica cuenta con cerca de 581.908 trabajadores en la informalidad
La Red se ejecutará en la localidad de Santa Tecla, El Salvador; en Desamparados, Costa Rica y en Comayagüela y Tegucigalpa, Honduras, aunque las autoridades esperan que se unan más municipios a los largo del 2014.
En estas comunidades ya funcionan mesas de diálogo entre trabajadores, empleadores y autoridades locales, que buscan formas de mejorar las condiciones laborales.
"Este no es un problema menor en la región, por lo tanto, tenemos que buscar una transición de la informalidad a la formalidad, garantizar derechos laborales y beneficios reales económicos para esos trabajadores", explicó el director de trabajo decente de la OIT para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana, Virgilio Levaggi.
Según la OIT, la importancia de la red radica en difundir los derechos laborales, intercambiar conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas en los procesos de empoderamiento de los trabajadores informales y apoyarlos para que avancen hacia el sector formal
"Estamos articulando los esfuerzos en torno al trabajador para hacer un enlace en redes sociales e intercambiar experiencias y casos de éxito. La red es un espacio para unir por medio de Facebook, Twitter. Es un elemento más, ya que sabemos que no solucionará el problema" , manifestó la coordinadora del proyecto de la OIT, Kattia Gil.
Según datos de la Organización, de acuerdo a un estudio realizado entre el 2010 y 2011 en Centroamérica y República Dominicana existen 9,4 millones de personas con un empleo informal.
En Guatemala son 2,7 millones de trabajadores, en República Dominicana 1,5 millones de colaboradores, Honduras 1,5 millones, Nicaragua 1,4 millones, El Salvador 1,2 millones, Costa Rica 581.908 y en Panamá 511.642 personas.
Según expertos, en la región destacan miles de vendedores ambulantes, asegurados por cuenta propia y pequeños emprendedores que engrosan las filas de la economía informal.
Para la OIT reducir la informalidad significaría mejorar las condiciones de trabajo y de vida de millones de personas, además de obtener beneficios en la productividdad y el crecimiento del país.
El Consejo Nacional de Salarios (CNS) aprobó ayer un alza general de 2,35% para más de un millón de empleados del sector privado.
Adicionalmente a ese porcentaje, los trabajadores con salarios menores a ¢302.535 recibirán ¢5.000 más, ya que estas personas están dentro de las categorías de trabajador no calificado genérico, semicalificado genérico y calificado genérico. Ese monto extra representa ajustes de 4,22%, 4,09% y 4%, respectivamente.
Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el país más de un millón de personas labora en el sector privado. Todos estos trabajadores tendrán un ajuste salarial de 2,35%. | FOTO CON FINES ILUSTRATIVOS/ JORGE NAVARRO
Por ejemplo, una persona con el salario mínimo de ¢266.942 pasará a ganar ¢278.215 a partir de la primera quincena de julio.
El acuerdo fue tomado por el CNS con seis votos a favor y tres en contra. Quienes avalaron la propuesta fueron los representantes del Gobierno y de los sindicatos.
La decisión fue calificada por el Ministerio de Trabajo como un punto medio entre el 1,33% propuesto por los patronos y el 3,15% solicitado por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Algunos otros sindicatos pidieron desde 4,15% hasta 6%.
Shirley Saborío, representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), dijo que este tipo de aumentos pueden generar más desempleo.
“Además puede inducir a la informalidad, que es lo que más nos preocupa”, afirmó Saborío.
“Esos discursos, con todo respeto, de que los salarios son los que crean desempleo son discursos baratos. El empleo tiene que ver con políticas públicas para fomentar el empleo y no con salarios”, aseguró Édgar Morales, vocero de los trabajadores dentro del CNS.
Por su parte, Víctor Morales, ministro de Trabajo, se mostró satisfecho con la decisión.
“Queríamos un acuerdo tripartito, pero no fue así. Hay un acuerdo de los trabajadores con nosotros. Como Gobierno, buscamos una propuesta equilibrada y que sirva de protección social para los trabajadores ”, concluyó Morales.
¿Por qué hay un desbalance entre los salarios de los ministros y los de sus subalternos?
El salario es acorde con el nivel de responsabilidad que tienen los puestos. El Servicio Civil se encarga de tener salarios altos, según el nivel de responsabilidad. Efectivamente, el salario de un ministro, al tener una responsabilidad más alta, debería ser más alto que el puesto más alto del Servicio Civil, pero el salario de los ministros los regula la Autoridad Presupuestaria, que responde al Poder Ejecutivo.
Hay casos en que el salario base es más alto que el del ministro. ¿Qué pasa, hay un desorden o un orden invertido?
Por la misma problemática que estamos diciendo. Se necesitaría que se aumente la base del salario de los ministros.
Entonces, ¿es una decisión política del Poder Ejecutivo?
Tiene que ver con un asunto de moralidad de los diferentes presidentes en el ámbito político. Un intento de dar un ejemplo de que quien llega a trabajar por el Gobierno llega a sacrificarse por un asunto de amor a la patria. Conozco casos en que los ministros ganan menos que lo que obtenían anteriormente. Esto es peligroso. Tener personas ganando salarios bajos en puestos muy delicados, se vuelve muy peligroso.
¿Afecta la relación entre jefe y subalterno?
Yo debo obedecer a un jerarca, aunque gane menos que yo. El poder está en el puesto, se gane más o se gane menos.
¿Hay una pose política que afecta la remuneración?
Me parece que sí. Cuando un Gobierno decida aumentar los salarios de los ministros, se va a ver impopular.
Esta situación afecta a la hora de escoger ministros?
Los mismos presidentes lo han dicho; tenían otras personas más calificadas para un puesto, pero no lo aceptan y tienen que escoger a alguien que sí acepte lo que se paga.
Los ministros ganan menos que muchos de sus subalternos. También se les compensa con menos de lo recibido por un gran número de pensionados. Hernán Rojas Angulo, director general del Servicio Civil, califica la situación como “peligrosa”, dadas las responsabilidades de tan altos cargos. Señala, además, que la falta de competitividad salarial del Estado en cargos de ese rango dificulta la conformación de un Gobierno con las personas más calificadas.
La distorsión apunta a otros dos problemas: el efecto de los beneficios salariales del sector público sobre los ingresos de funcionarios de menor nivel y el desorden de los regímenes de pensiones. Un jubilado, inactivo desde temprana edad, puede tener mejores ingresos que un ministro en funciones, casi siempre poseedor de un currículo superior.
El Ministerio de Hacienda hizo circular una larga lista de pensiones superiores a los ¢5 millones. Hay muchas más por encima de los ¢2,4 millones, salario promedio de un miembro del gabinete, con todo y dedicación exclusiva y disponibilidad. Si se suma a los beneficiarios de otros regímenes, no cargados al Presupuesto Nacional, el gasto total en una veintena de ministros se torna insignificante.
Los ingresos de los cuatro pensionados mejor remunerados, según la lista de Hacienda, alcanzan para pagar a los veinte ministros y sobran ¢3,4 millones para contratar otro más, con ¢1 millón de feria. Lo mismo se podría hacer con los ingresos de un puñado de funcionarios en casi cualquier ministerio.
Es difícil decidir si el principal problema son los privilegios de los regímenes de pensiones o las distorsiones salariales del sector público. El país no debe renunciar a resolver ninguno de esos problemas. Urgen una ley de regularización del empleo público y, también, una reforma a los regímenes de pensiones, ojalá para crear un sistema único, justo y solidario.
Pero la baja remuneración del gabinete también es un defecto del aparato estatal, y es preciso dejar de tratarla con la demagogia e irresponsabilidad exhibida hasta ahora. Un país que permanece impávido ante los ríos de dinero desembolsado para pagar pensiones y privilegios salariales, no puede alarmarse por un ajuste en la remuneración de quienes asumen tan altas responsabilidades.
Carlos Quesada, ministro de Bienestar Social, considera que el desequilibrio entre los ingresos del gabinete y los de muchos de sus subalternos demuestra la mística del equipo de gobierno y su compromiso con el país. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini, dice haber aceptado el cargo para servirle al país porque “es un honor y uno tiene que verlo con esa convicción”.
Son sentimientos nobles, pero pasan por alto la exclusión de talentos cuyas circunstancias personales les impiden aceptar el mismo honor. Tampoco consideran la inconveniencia de hacer del servicio público un coto de místicos y adinerados, para quienes la remuneración es irrelevante.
Los altos cargos de la función pública deben ser ocupados por personas de gran formación y probada habilidad en sus campos. El director general del Servicio Civil recuerda que “los mismos presidentes lo han dicho. Tenían a otras personas más calificadas para un puesto, pero no lo aceptan y tienen que escoger a alguien que sí acepte lo que se paga”. Para el funcionario, “tener personas ganando salarios bajos en puestos delicados se vuelve muy peligroso”.
También es peligroso alimentar el crecimiento de la planilla estatal con desproporcionadas remuneraciones a funcionarios de menor jerarquía y cargar sobre las finanzas públicas incosteables privilegios no solo en pensiones, sino también en otros rubros, como la cesantía, para citar un ejemplo. El país debe encarar el conjunto de estos problemas con seriedad y sin prejuicios, si pretende una Administración Pública eficaz y adaptada a las complejas necesidades del momento.
