Morosidad de patronos afecta pensión de 700 educadores

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/educacion/Morosidad-patronos-afecta-pension-educadores_0_1448055216.html

La pensión de 700 docentes y personal administrativo está en riesgo debido a la morosidad que mantienen 48 centros educativos privados en el pago de las cuotas obrero-patronales al Magisterio Nacional.

La deuda suma ¢500 millones e implica que, cuando algún profesor de esas instituciones reclame su jubilación en el futuro, el beneficio le sería negado debido a que el patrono nunca cotizó.

“Estos pagos son los que garantizan la pensión de los maestros. No es justo que patronos no reporten a la seguridad social. Eso garantiza la estabilidad de la educación”, manifestó Róger Porras, director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema).

La Ley del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Ley N.° 7531), en su artículo 15, señala que los funcionarios cubiertos por ese régimen, sin excepción, cotizarán el 8% de su ingreso, y sus patronos, tanto públicos como privados, el 6,75% del salario devengado por el empleado.

De todos, el principal moroso es el Colegio Bilingüe Santa Cecilia, ubicado en Heredia, con una deuda de ¢224 millones entre planillas ordinarias y arreglos de pago.

Según informó la Jupema, el pasado 29 de agosto interpusieron una demanda penal en los Tribunales de Heredia en contra de esa institución.

La Nación intentó obtener una reacción, pero los encargados de la Dirección y Administración Financiera declinaron referirse al tema y se negaron a dar sus nombres. Una funcionaria del Santa Cecilia dijo, sin identificarse, que la respuesta oficial del Colegio es que esperan ponerse al día en un mes.

“Se me prohíbe dar los nombre de las personas encargadas. La respuesta oficial es que se espera llegar a un arreglo de pago en un mes”, afirmó la mujer.

Evasores. En instancias judiciales hay 23 escuelas y colegios privados con diferentes procesos por retrasos relacionados con sus planillas, pero no se ha resuelto ningún caso.

“Es un llamado de atención porque nos preocupa la seguridad social de esos trabajadores de la educación. No podemos ni queremos cerrar centros educativos por morosidad, pero sí queremos que paguen”, dijo Carlos Mata Castillo, presidente de la Junta Directiva de la Jupema.

Además, algunas de esas entidades morosas sí hacen el rebajo en el salario del educador, pero sin cotizar al Magisterio.

En la lista completa figuran cinco centros privados evasores que ni siquiera se han presentado ante el Magisterio para su registro. Estos son: Colegio Científico Bilingüe Sagrada Reina de los Ángeles (Desamparados), Angel High School (San Pedro de Montes de Oca), Educational Center ABC (Grecia, Alajuela), Sistema Educativo Bilingüe Virgen del Pilar (San Rafael, La Unión) y el Centro Educativo Bilingüe San Esteban y Jardín de Niños Travesuras (Desamparados).

“No me extraña de ellos (Magisterio). Más bien les hemos dicho que vengan y nos expliquen, para realizar todo eso. Sin embargo, no nos responden”, expresó María Elena Zepeda, administradora del Colegio Reina de los Ángeles.

La Junta de Pensiones recomendó a los padres de familia y a los educadores presionar para que los dueños de esos centros privados cancelen su deuda con el régimen.

“No podemos cerrar esos centros, pero sí exigir conciencia de la irresponsabilidad social que cometen estos patronos contra su personal docente y administrativo”, expresó el presidente de la Jupema.

Lista de los centros educativos privados morosos:

1. Colegio Bilingüe Santa Cecilia (Heredia)

2. Centro Educativo Zorek (Heredia)

3. Centro Educativo Saint Valentine (Hatillo)

4. Génesis Christian School (Alajuelita)

5. Centro Educativo Bilingüe Jardín del Valle

6. Sunlight School (Alajuela)

7. Casa de los Niños Montessori El Carmen

8. Atlantic College

9. Centro Educativo San Francisco de Asís- Cariari

10. Colegio Monserrat

11. Centro Educativo Adventista de Cartago

12. Centro Educativo Mi Patria

13. Centro Educativo María Monserrat

14. Centro Educativo Profesor Saúl Cárdenas Cubillo

15. Centro Educativo Ecológico Bilingüe San Martín

16. Centro Educativo Franz Liszt School and Kiwi Learning Center

17. Escuela Cristiana Asambleas de Dios-Torremolinos

18. Centro Educativo Tree of Life Learning Center

19. Instituto Psicopedagógico Pequeñines (Coronado)

20. Centro de Atención Formativa y Recreativa Antonio José Chan

21. Bilingüe Villa Paraíso

22. Escuela y Colegio Complementaria de Cahuita

23. Escuela Adventista de Paso Canoas

24. Centro Educativo Horizonte 2000

25. Centro Educativo East Side High School y Centro Bri-bri

26. Jardín de niños Manitas Traviesas-Centro educativo Cenit

27. Centro Educativo Pará

28. Colegio San Rafael Orotina

29. Colegio Bilingüe Sarapiquí

30. Centro Educativo Bilingüe Saint Patrick School

31. Colegio Técnico San Vicente

32. Jardín de niños La Semilla del Saber

33. Centro Educativo San Felipe y Jardín de niños Las Ardillitas

34. Instituto Educativo ABC primaria (Heredia)

35. Jardín de niños El Piolín Alegre

36. Stepping Stones

37. Jardín de niños Manitas Activas

38. Escuela Americana San Patricio

39. Centro Educativo Sagrada Familia

40. Centro Educativo Divino Niño (Belén)

41. Centro Educativo Ecológico la Boca del Monte

42. Jardín de niños Campanita

43. Kennedy Bilingual School

44. Escuela Monte Everest Mi Kínder Feliz

45. Montessori Community

46. Santa Ana High School

47. Centro Educativo Yaba

48. Centro Educativo Ábaco

Los esquemas de compensación

Estado prolonga beneficios laborales sin revisarlos

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/trabajo/permite-prolongar-revision-beneficios-laborales_0_1447655264.html

La apatía de los gobiernos de turno permite que los beneficios –unos más polémicos que otros– otorgados por las convenciones colectivas a los empleados públicos se renueven, una y otra vez, sin una revisión exhaustiva.

Aunque el Código de Trabajo permite renegociar cada tres años dichos acuerdos, en los últimos tiempos son contadas las veces en que el Poder Ejecutivo y los trabajadores se han sentado a revisar sus cláusulas.

La misma ley prevé, en caso de que las partes no invoquen el diálogo, la renovación automática de todos los artículos.

De momento, la mayoría de ajustes hechos a estos convenios obedecen a fallos de la Sala IV que han modificado o eliminado beneficios que los magistrados consideran irracionales o desproporcionados.

Sin embargo, de acuerdo con una revisión hecha por La Nación, en las principales convenciones del sector público subsisten artículos que llaman la atención por el tipo de concesiones que otorgan.

Algunos ejemplos son el pago del 100% del servicio de soda, pago de medicinas no cubiertas por el seguro social, transporte gratuito, pluses por trabajar en altura y pago de exámenes médicos, entre otros.

Cobertura. En la actualidad, 124.000 empleados de ministerios, entidades autónomas, empresas públicas y municipios están cobijados por 77 convenciones colectivas. Ellos representan el 42% de los funcionarios públicos.

Mientras, en el sector privado solo 1.570 trabajadores están adscritos a una convención.

Pese a la amplia cobertura de estos convenios, el Gobierno admite desconocer el costo económico de los pluses vigentes.

“Hay muy poca información. Prácticamente habría que agarrar una por una e ir haciendo el cálculo respectivo de cada artículo”, comentó José Rafael Pacheco, viceministro de Hacienda.

Pacheco opina que sería bueno tener esa información, sobre todo en el caso de beneficios que puedan considerarse abusivos. “Pero no se está trabajando en eso en este momento”, admitió.

Olman Segura, exministro de Trabajo, reconoció que durante la administración anterior no se planteó una evaluación integral de las convenciones.

Revisión. El actual gobierno creó una comisión interinstitucional para revisar 26 convenciones colectivas de ministerios, entes autónomos y empresas públicas, las cuales expirarán entre diciembre de este año y setiembre del 2017.

Víctor Morales, ministro de Trabajo, comentó que a dicho grupo se le asignó la tarea de identificar beneficios abusivos para renegociarlos con los sindicatos.

“Somos un Gobierno que está empeñado en cuidar los fondos públicos; a eso responde esta revisión”, aseveró Morales.

La primera convención en análisis es la del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), cuya evaluación comenzó hace dos semanas.

Ante esta iniciativa, los gremios reaccionan con recelo.

“Los vientos que soplan son complicados para las convenciones”, manifestó Ana Doris González, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

Mientras tanto, Édgar Morales, de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), sostuvo que no le sorprende la revisión anunciada por el Gobierno.

57% de los empleados con convención colectiva laboran en el Ministerio de Educación Pública

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/trabajo/empleados-convencion-pertenecen-MEP_0_1447655232.html

El Ministerio de Educación Pública (MEP) reúne a 71.000 de los 124.000 empleados públicos que tienen una convención colectiva, según el Ministerio de Trabajo.

Esa cantidad representa el 57% de los trabajadores que disfrutan de un contrato de este tipo y el 24% del total de la planilla del sector público.

El acuerdo fue firmado en abril del año pasado por el MEP, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y el Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y Afines (Sitracome).

Entre los beneficios que creó esta convención, están: la apertura de 1.000 plazas nuevas y un mes de licencia por paternidad.

Según el MEP, el costo del convenio es de ¢5.660 millones al año. Ese monto se desglosa así: ¢2.600 millones para 600 nuevas plazas de cocineras; ¢1.560 millones destinados a 345 plazas de oficinistas y ¢1.500 millones para ayudar a financiar actividades de arte, deporte y recreación.

Otros aspectos negociados son la creación de comisiones para la vigilancia del estado de la infraestructura educativa.

La convención excluyó 98 peticiones de los sindicatos, entre los que figuraban bonos de vivienda para docentes y licencias de maternidad hasta por 24 meses.

El convenio entre educadores y el MEP tiene vigencia de tres años y vencerá el 16 de abril de 2016.

Cuando llegue esa fecha, se renovará de manera automática si ninguna de las dos partes la denuncia con un mes de anticipación.

“En este momento se están atacando las convenciones colectivas y sabemos que hay muchas convenciones que el Gobierno quiere denunciar (...). Los vientos que soplan son complicados para las convenciones”, expresó Ana Doris González, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

En ese sentido, Paola Gutiérrez, abogada especialista en derecho laboral, dijo que no se deben satanizar las convenciones colectivas, pues su fin es mejorar la situación laboral de los empleados.

“Lo que se busca en una convención es que, por medio de una negociación libre y voluntaria, las partes puedan fijar las condiciones de trabajo; esas condiciones tienen que ser superiores al piso mínimo normativo establecido en el contrato de trabajo”, explicó la experta.

Otras áreas. La Administración Central, las instituciones autónomas y las empresas públicas suman 114.00 personas cobijadas por una convención colectiva.

De las 81 municipalidades, 51 tienen un acuerdo laboral de esta naturaleza. En total, 10.600 funcionarios de gobiernos locales tienen convención.

La Municipalidad de San José es la que suma más personal dentro de su convención: un total de 2.894 empleados.

La última vez que se renovó este contrato laboral colectivo fue en enero de 2013, bajo la gestión del alcalde Johnny Araya.

En el sector privado, 1.576 personas tienen una convención colectiva, lo que equivale a 0,08% del total de la fuerza de trabajo de la empresa privada.

La mayoría de compañías con este beneficio son agrícolas.

Salarios superiores a ¢793.000 deben pagar impuesto de renta

Tomado de: http://www.nacion.com/economia/politica-economica/Salarios-superiores-deben-impuesto-renta_0_1447655248.html

Las personas físicas en relación de dependencia (con patrono), cuyo ingreso mensual bruto sea superior a los ¢793.000, estarán gravadas con el impuesto de renta.

Así quedó definido en el decreto Actualización de tramos de renta para el impuesto al salario , del periodo fiscal 2015.

El departamento de prensa del Ministerio de Hacienda informó el viernes de que este mandato ya fue firmado por el jerarca de la institución, Helio Fallas, y se está a la espera de que el presidente de la República Luis Guillermo Solís, lo rubrique para seguir con el trámite legal respectivo y ser finalmente publicado en el diario La Gaceta .

El decreto rige a partir del 1.° de octubre.

El impuesto es de un 10% y se aplica sobre el monto del salario mensual que supera los ¢793.000. Quien recibe un ingreso igual o menor a esa suma, no debe pagar el tributo.

Por ejemplo, a partir del 1.° de octubre, quien recibe un salario bruto (sin deducciones de ningún tipo) de ¢850.000, supera en ¢57.000 colones el tramo mínimo exento definido por el Ministerio.

Eso quiere decir que sobre ese monto (y hasta ¢1.190.000) se calcula un 10% de tributo. En este ejemplo la persona tendría que pagar al fisco ¢5.700.

En el caso de quienes reciben ingresos brutos superiores a ¢1.190.000, se debe pagar sobre el exceso de ese límite, un 15%.

Por lo tanto, si una persona recibe un ingreso mensual bruto de ¢1.500.000, deberá pagar un 10% sobre ¢397.000 (exceso entre ¢793.000 y ¢1.190.000); es decir, ¢39.700.

Adicionalmente, tendrá que aportar un 15% por ¢310.000 (exceso entre ¢1.190.000 y ¢1.500.000), que corresponde a ¢46.500.

En total, el pago mensual de este trabajador será de ¢86.200 por concepto del gravamen.

Corresponde al patrono. El monto que se deduce al empleado debe ser retenido por los patronos y entregado mensualmente al Ministerio de Hacienda, a más tardar el día 15 de cada mes.

La actualización del impuesto se realiza en todos los periodos fiscales. En este caso, los nuevos tramos son para el periodo 2015, que se inició en octubre.

El cambio indexa los montos de aplicación de los impuestos de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC). Este indicador registró un incremento anual de 5,46% al comparar 2013 con 2014.

El abogado de la firma Deloitte, Alan Saborío, advirtió de que los patronos deben estar al tanto de este cambio con miras a la retención del impuesto en sus empleados, y el pago que deberán realizar el 15 de noviembre, a más tardar.

“Los patronos deben retener lo que corresponde y pagar a tiempo para evitar problemas ante la Administración”, dijo Saborío.

Deloitte informó además de que los asalariados pueden aplicar un crédito fiscal (reducción del impuesto) de ¢1.490,00 al mes por cada hijo, y ¢2.230,00 por el cónyuge.

Colaboraron los periodistas Óscar Rodríguez y Esteban Ramírez.

Limonenses se dejaron de impresionar por las huelgas

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/gobierno/Limonenses-dejaron-impresionar-huelgas_0_1447055344.html

Limón . “Es más de lo mismo; nosotros ya ni nos impresionamos. Que venga el nuevo puerto, ocupamos modernizar esto”, dice Karla Ovares, en medio del calor húmedo de esta ciudad caribeña.

Como Ovares, quien vive en la provincia desde hace más de 27 años, son muchos los limonenses que se dicen aburridos por las huelgas del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).

Las calles del centro de Limón siguen con sus tradicionales grupos de estudiantes caminando hacia o desde sus colegios. Las peluquerías no cierran sus puertas y las sodas continúan ofreciendo rice and beans y patacones, como de costumbre.

Incluso a la playa Los Baños, en el centro de Limón, no dejan de llegar los jóvenes a jugar baloncesto o una mejenga de fútbol hasta altas horas de la noche.

Ayer en la madrugada solo se reportaron tres pequeños focos de disturbios en la calle que comunica Cieneguita con el centro de la provincia. Las protestas fueron controladas en menos de 15 minutos por la Fuerza Pública, con el respaldo del equipo de antimotines.

Inadvertidos. “Casi ni nos damos cuenta de lo que pasa; a veces vemos cosas solo en la tele porque aquí ni sabemos qué pasó”, manifestó Bernal Jhonson, estudiante de colegio.

Jhonson disfrutaba ayer con algunos compañeros en las zonas de corales muertos que sacó del agua en 1991 el terremoto.

Entre tanto, en la sede del sindicato, un grupo de unos 75 asociados se mantienen todo el día en forma pacífica. Unos juegan fútbol en la calle; otros, dominó.

Las consignas contra el Gobierno son constantes, al igual que contra la llegada del nuevo puerto de la firma holandesa APM Terminals.

Un par de bombetas de turno estallaron frente al edificio del sindicato, pero solo se asustan algunos foráneos con cara de periodistas que se aburren mientras esperan que algo pase.

“Estas bombetas son parte del vacilón acá; no se me asuste hermano”, dijo un sindicalista que no quiso identificarse.

Por otro lado, en los puertos de Moín y Limón, la Fuerza Pública vigila las puertas de los muelles. Varios tráileres salen y entran con normalidad.

Sin embargo, los dirigentes sindicales continúan con sus declaraciones amenazantes en contra del nuevo del nuevo puerto.

Frases como “quieren sangre en la calle” y “ nos obligan a tomar medidas extremas”, recuerdan un pasado no muy lejano que suma una lucha de un sindicato que ya apaga 43 velitas.

Permisos con y sin goce

Sindicatos alarmados por contradicción gerencial

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/servicios-publicos/Sindicatos-alarmados-contradiccion-gerencial_0_1445855416.html

Los sindicatos de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) están alarmados por una contradicción gerencial sobre la actual situación financiera y antes de negociar cualquier recorte de pluses salariales, exigen claridad.

¿Están en crisis? ¿Desde cuándo? ¿Quiénes son los responsables? Esas son las principales dudas de los grupos internos.

De acuerdo con el Sindicato Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Telecomunicaciones (Sitet), hace apenas unos meses la Gerencia (de la anterior administración, al mando de Pablo Cob) les presentó informes contables que mostraban finanzas en equilibrio.

Ahora, en cambio, el gerente Víctor Solís revela un déficit de ¢12.300 millones para este año y de ¢36.000 millones para el 2018, en caso de que no se restrinja el gasto.

“¿Fue un error contable o hubo otra intención al maquillarnos la información que se nos presentó?”, cuestionaron los directivos de Sitet en un comunicado enviado el 15 de octubre.

El grupo exige informes contables auditados y claridad en el discurso. Demanda que, en caso de que enfrenten una crisis, se establezcan las responsabilidades.

Entre las acciones propuestas por el nuevo gerente para paliar el déficit, están cambiar la metodología para calcular las anualidades (que se fijen sobre el salario base y no sobre el bruto) e impulsar un plan de movilidad voluntaria.

Sobre las medidas, Sergio Saborío, secretario del Sitet, explicó que aún están en negociaciones. “Recién recibimos la propuesta y habrá varias reuniones antes de revelar una posición”, declaró.

Se intentó contactar a Pablo Cob, exgerente de la CNFL, mas no contestó las llamadas. En agosto, Cob dijo a este medio que la Compañía cerraría el 2014 con más de ¢1.000 millones de utilidades, y que la crisis es falsa.

La Gerencia, por su parte, admitió estar sorprendida ante el optimismo y la ausencia de “hostilidad” por parte de los sindicatos.

“Viera qué interesante, curioso... He notado en ellos, pues no un apoyo, pero sí la voluntad de generar ideas, aportar, conversar sobre estos temas (...). Si no se logra en un 100% lo que proponemos, habría quiebres muy bajos”, dijo Jorge Pacheco, asesor financiero de CNFL.

Desde hace dos años, las finanzas han obligado al ICE y a sus subsidiarias (CNFL y Radiográfica Costarricense) a optimizar los recursos y a reducir funcionarios.

Según Fabio Chaves, jerarca de la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (Asdeice), ellos han participado en el proceso.

“Estamos aceptando decisiones de optimización, pero no admitiremos medidas que nos afecten. El menú está abierto”, dijo Chaves.

CNFL planea cortar pluses a empleados por crisis financiera

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/servicios-publicos/CNFL-pluses-empleados-crisis-financiera_0_1445855411.html

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) intenta cortar los pluses salariales a los 2.290 empleados que integran su planilla, con tal de salir de su fuerte crisis financiera.

De seguir como está ahora, la entidad prevé cerrar los próximos cuatro años con números rojos, cada vez más críticos. El déficit pasaría de ¢12.300 millones este año a ¢36.000 millones en el 2018.

El faltante en el flujo de efectivo crecería, en ese mismo periodo, de ¢16.400 millones a ¢93.400 millones.

Entre las acciones que urgen las autoridades de la Compañía, están restringir el crecimiento de las anualidades e implementar un programa de movilidad laboral voluntaria; ambas, a partir de enero.

El pago de anualidades para los 2.290 empleados de la subsidiaria del ICE implicó este año un desembolso de ¢18.340 millones que, de no restringirse, el próximo año aumentará en unos ¢2.200 millones.

La propuesta de la Gerencia es reducir el porcentaje vigente –del 4,5% anual– y cambiar la metodología para fijar ese incentivo: que el incremento se calcule sobre el salario base de cada funcionario, y no sobre el bruto, como se hace ahora.

También pretende recortar las horas extra, reducir en un 4% la contribución al Fondo de Ahorro y Préstamo, y en un 2% el aporte a la asociación solidarista Asefyl.

“Esto afecta la expectativa futura de los trabajadores; no estamos tocándole el salario a nadie. Si cambio el cálculo de la anualidad, le mantengo lo que se ha ganado hasta el momento pero le afecto el futuro”, declaró Jorge Pacheco, asesor financiero de la Gerencia de CNFL.

Víctor Solís, gerente de la Compañía, dijo que, antes de concretar acciones, debe cerrar la etapa de negociación con los sindicatos, pues además media la convención colectiva.

Descartó, por ahora, despidos masivos y rebajas al sueldo actual.

Fuerza y Luz lleva electricidad a unos 520.000 abonados y no percibe ingresos adicionales producto de un alza tarifaria, desde el 2011. Eso aseguró la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

En los últimos cuatro años, su nivel de endeudamiento creció un 139%: pasó de ¢117.000 millones a ¢279.000 millones. Si se suman ingresos y gastos, se concluye que por cada ¢100 que debe, percibe ¢68.

Medidas. La movilidad es una invitación de retiro o pensión prematura, a cambio de beneficios. El 31% de los empleados de la CNFL (unos 700) reúne las características para acogerse a este plan: hombres de más de 59 años de edad, mujeres de más de 57, o cualquier trabajador que sume más de 20 anualidades.

Solís aclaró que aún está por definirse el incentivo, pero calcula que unos 80 funcionarios se acogerán al programa, lo cual permitirá el ahorro de unos ¢2.535 millones.

“Se revisará cada solicitud para garantizar que no queden áreas críticas desmanteladas”, declaró.

La movilidad horizontal deberá cubrir las plazas que queden vacantes tras cualquier renuncia o retiro, pues no habrá nuevas contrataciones. Cada año, en la CNFL se dan unas 60 de estas salidas naturales.

La suma de esas y otras medidas menores llevaría a la entidad a ahorrar, en el 2015, unos ¢12.700 millones. Quedaría por cubrir, entonces, unos ¢13.300 millones (del déficit de ¢26.000 millones que se proyecta).

Según Jorge Pacheco, eso se alivianará con los ¢12.000 millones que pidió a la Aresep la semana pasada (como alza tarifaria del 12,37%). Aun así, admitió que “no hay ambiente” para esos ajustes.

“Si todo se logra, estaríamos llegando a números negros o muy cercanos a negros el próximo año; máximo en el 2016”, declaró Pacheco.

Una serie de inversiones millonarias llevaron a la CNFL a recurrir a financiamientos de su casa matriz, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). A junio, le debía alrededor de ¢25.000 millones.

Ambas entidades informaron que negociarán un convenio de pago a dos años, y, como Grupo ICE, evalúan una estrategia de financiamiento conjunto, externo.

Carlos Obregón, presidente del ICE, estimó que su subsidiaria es capaz de salir adelante. El Instituto mismo realiza un proceso de reorganización, movilidad y medidas de restricción que le permiten ahorrar ¢24.000 millones anuales.

Trabajadores tardan hasta 2 años en recuperar salarios atrasados

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/trabajo/Trabajadores-tardan-recuperar-salarios-atrasados_0_1445855408.html

Douglas Zumbado, Óscar Badilla y Josué Brenes no reciben su salario desde el 30 de mayo.

Ellos trabajaban como programadores en la empresa Tecnologística de Costa Rica, pero la compañía les argumentó problemas de “flujo de caja” y dejó de pagarles a 66 empleados, según datos del Ministerio de Trabajo.

Para poder recuperar los montos no pagados, acudieron a los Tribunales de Trabajo, donde deberán esperar hasta dos años para que haya una resolución.

Sus expedientes se suman a los de otros 43.700 asuntos que había acumulados al final del 2013.

Según datos del Departamento de Planificación del Poder Judicial, la cifra de reclamos laborales pendientes ha crecido en 14.000 desde el 2009. Con ese incremento, también aumentó el tiempo que tardan los jueces en emitir un fallo.

En promedio, un expediente de mayor cuantía (reclamos mayores a ¢3 millones) espera 24 meses por una sentencia; tres meses y dos semanas más que en el 2012.

Por el contrario, los casos de menor cuantía (reclamos por hasta ¢3 millones) presentaron una disminución de una semana en su tiempo de resolución.

Óscar Ugalde, coordinador del Tribunal de Trabajo de Goicoechea, cree que una alternativa para resolver más rápido sería elevar el monto de la cuantía pues, en su criterio, actualmente es muy baja.

Casi cualquier reclamo que llegue a los tribunales supera los ¢3 millones y, por lo tanto, ingresa a Mayor Cuantía. Él considera que ¢10 millones sería una cifra adecuada para fijar tal límite.

La ventaja con la menor cuantía es que los asuntos tienen una sola instancia; es decir, se resuelven de manera definitiva en el juzgado, sin poder ser elevados a otras instancias judiciales.

Lo contrario ocurre con los asuntos de mayor cuantía, donde hay tres instancias: juzgados de trabajo, tribunales y hasta casación en la Sala Segunda, explicó Ugalde mientras sostenía un grueso expediente que da vueltas desde 2001 en los Tribunales de Trabajo.

El año pasado, el 57% de las demandas laborales presentadas correspondían a conflictos de mayor cuantía.

Al juzgado. Para Víctor Morales, ministro de Trabajo, la lentitud en los procesos judiciales actuales no motiva a reclamar derechos.

Por eso, dijo, impulsan la reforma procesal laboral, que introduce los juicios orales en materia de trabajo. Estos podrían apurar el debate y el dictado de una sentencia.

“La gente llega al Ministerio, pone su denuncia, pide la intervención y, si eso no se resuelve ahí, el trabajador lo lleva a un juzgado. Ahí es donde dura todo lo que dura en resolverse”, manifestó Morales.

En lo que va del año, el Departamento de Inspecciones del Ministerio de Trabajo ha atendido 87 denuncias por atrasos de pago en distintas compañías.

En el 2012, registró 86 atrasos de sueldos y en el 2013 fueron 141, lo que representó un 0,78% del total de denuncias recibidas.

Entre tanto, de los 35.052 casos discutidos en tribunales el año pasado, solo 883 llegaron a algún tipo de arreglo, lo que representa un 2,5% del total de las denuncias.

Congojas. Los tres empleados de Tecnologística fueron despedidos con responsabilidad patronal, mas no saben cuándo les pagaron su liquidación. De los tres, solo Josué Brenes ya tiene otro trabajo. “Yo he mandado correos, he ido a las oficinas, he tratado de llegar a un arreglo, pero nada”, comentó Óscar Badilla, quien laboraba en Tecnologística desde mayo del 2008.

Royden Flores, dueño de la compañía, aseguró que harán frente a los atrasos salariales, aunque no precisó cuándo.

“Esta situación nunca la habíamos vivido y no la provocamos al propio, sino que fueron las circunstancias que se dieron. Así como los empleados han sufrido consecuencias, mi familia y yo estamos con los mismos problemas de no pagar tarjetas de crédito y no poder pagar nuestras cosas personales”.

Liquidación anual de cesantía

Paga mínima se revisará si mejora la economía

Tomado de: http://www.nacion.com/economia/politica-economica/Paga-minima-revisara-mejora-economia_0_1444855514.html

Las proyecciones de crecimiento de la economía costarricense en los próximos dos años permiten prever que el Gobierno no aplicará la revisión de los salarios mínimos vigente para subirlos.

En abril de este año, el ahora ministro de Trabajo, Víctor Morales, anunció que su cartera examinaría los salarios mínimos para incrementarlos.

Tal decisión sería parte de las políticas gubernamentales para bajar el nivel de pobreza y la desigualdad.

Sin embargo, hoy Morales sostiene, al ser consultado por La Nación , que las proyecciones actuales de crecimiento económico no generan un ambiente apto para subir los salarios mínimos, como lo había planeado el Gobierno.

Bajo rendimiento. El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer esta semana que la economía costarricense crecería un 4,3% al 2015, y un 4,6% al 2016.

Tal crecimiento es superior que el del promedio latinoamericano, pero sigue reflejando una desaceleración posterior a las crisis económica del 2008.

Morales agregó que para ejecutar tal política salarial, hay que tener claro cuáles son los sectores de la economía que logran un mejor desempeño y cuál es su peso en la generación de empleos.

“Si, por ejemplo, se lograra un crecimiento aceptable del sector agrícola, la prioridad tendría que ser aumentar la demanda de empleos formales y de calidad en ese sector, y el cumplimiento en el pago de los salarios mínimos vigentes, no otra”, declaró Morales.

Defensa pública para los trabajadores abre debate en la Corte

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/politica/Defensa-publica-trabajadores-debate-Corte_0_1444855538.html

La idea de que el Estado les ponga abogado a los trabajadores que no pueden pagar uno, a la hora de entablar o afrontar un juicio laboral, desvela a la Defensa Pública.

Dicha oficina del Poder Judicial se declara sin recursos para asumir la tarea. Alega que urgen 100 plazas nuevas solo para empezar, pero no todos los magistrados comparten ese requerimiento inicial.

La responsabilidad de que el Estado asuma esta defensa se incluye en la reforma procesal laboral que el Gobierno evalúa poner en ejecución, mediante el levantamiento del veto con que la expresidenta Laura Chinchilla frenó ese plan.

La iniciativa exigiría asistir a todo aquel trabajador que gane menos de ¢800.000 mensuales.

Mediante el oficio JEF-710-2014, la directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz, advirtió a los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de que su oficina necesita al menos ¢4.000 millones para financiar la asistencia de los trabajadores, públicos y privados, si asumieran el 80% de los casos.

Así lo informó en tiempos en que el Poder Judicial hace de tripas corazón para evitar recortes a su presupuesto del 2015.

Muñoz recalcó que necesitarían abogados, técnicos y oficinistas.

“Nosotros estamos en la mejor disposición de asumir la defensa. Tenemos la experiencia y la disposición, pero es importante tomar en cuenta de que se requieren recursos”, explicó.

En el Poder Judicial, el debate toma vigencia en vista de que un acuerdo entre el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Frente Amplio y la Unidad Social Cristiana (PUSC) abre la posibilidad de que la reforma al Código Procesal Laboral reviva en manos del presidente Luis Guillermo Solís.

El plan de ley, aprobado por los congresistas de la pasada Asamblea Legislativa, plantea una reforma integral al Código que dicta la forma en que se administra la justicia a los trabajadores.

El proyecto introduciría la oralidad en los juicios laborales, lo que podría agilizar los procesos y reducir sus tiempos de trámite.

Sin embargo, Chinchilla lo vetó porque este plan legalizaría las huelgas en servicios esenciales, como la seguridad y la salud.

La reforma incluye, además, la obligatoriedad de que la oficina de la Defensa asuma la representación de los trabajadores que no ganen más de dos salarios base.

Por este motivo, Muñoz pide una revisión de las condiciones en que quedaría la defensa en caso de que el plan de ley resucite.

Sin embargo, el reclamo de la Defensa tiene oposición en la Corte. En criterio del magistrado presidente de la Sala II, Orlando Aguirre, quien además fue uno de los redactores del plan de ley, la propuesta no obliga a desembolsar los recursos de golpe.

“Es un proceso gradual”, dijo, y agregó que dicha gradualidad permitiría al Poder Judicial y a la Defensa Pública asumir su nuevo rol.

A pesar de que Muñoz presentó en su oficio un detalle de las plazas y recursos económicos que necesitarían para iniciar la defensa de los trabajadores, Aguirre considera que no hay cálculos técnicos.

“Yo creo que es muy prematuro hablar de plazas y recursos”, afirmó Aguirre.

57,7% del fondo de ‘U’ públicas se usa para pagar sueldos

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/educacion/fondo-publicas-usa-pagar-sueldos_0_1444855536.html

Las universidades públicas destinan el 57,7% de sus recursos del FEES para pagar las remuneraciones de sus 13.570 funcionarios.

De ellos, 8.853 son profesores y representan el 52% del uso del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Para el 2015, está previsto que estas instituciones públicas reciban ¢410.500 millones del presupuesto del Estado. De tal suma, unos ¢213.800 se destinarían al pago de los educadores.

Del fondo estatal para las universidades públicas, a la Universidad de Costa Rica (UCR) le corresponde un 57,7 %y a la Universidad Nacional (UNA), un 23%.

Entre tanto, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) recibe el 11,3 % y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) el 7,5 %.

La Nación consultó los datos con cada uno de los rectores de las cuatro universidades públicas.

Distribución. De ¢236.858 millones que recibiría la UCR en el 2015, ¢132.640 millones se utilizarán en el pago de la planilla de profesores. Eso equivale al 65% del presupuesto del FEES para esa universidad.

En el caso de la Universidad Nacional (UNA), el porcentaje para salarios es el 55,1% de sus recursos del FEES (unos ¢52.000 millones de los ¢94.415 millones que recibirían).

El Instituto Tecnológico de Costa Rica usará el 54% del aporte estatal; es decir, ¢25.048 millones de los ¢46. 386, para pagar a 785 docentes.

“Esos salarios se dan porque la función fundamental de nuestra institución es la formación”, dijo el rector del ITCR, Julio Calvo.

En los últimos tres años, los salarios de los docentes han recibido incrementos que rondan entre el 4% y 6%, más los pluses.

Mientras que un profesor interino gana de base ¢153.0000 por un cuarto de tiempo, su ingreso mensual podría superar ¢1.500.000 si sube en la escala académica.

La otra parte del FEES se utiliza para incrementar la matrícula, mejorar infraestructura, dar becas y hacer investigación.

“Sin este presupuesto, se ven debilitados el resto de los servicios. Necesitamos esos recursos si el país quiere avanzar. Los profesores son el eje de nuestra acción”, dijo la rectora de la UNA, Sandra León.

Finanzas de UCR peligran por exceso en incentivos salariales

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/educacion/Excesos-incentivos-salariales-UCR-finanzas_0_1444855535.html

El peso de los incentivos salariales que reciben los 9.294 funcionarios de la Universidad de Costa Rica (UCR) amenaza las finanzas de esa institución.

La Contraloría de la UCR advirtió, en el informe OQ-R-107 de setiembre del 2013, de que los sobresueldos podrían causar un colapso económico si no se toman acciones en el corto plazo.

Para este año, la UCR pagará ¢82.392 millones en pluses, de los ¢156.939 millones del total de egresos por remuneraciones. Esto es el 52,5%.

Ese porcentaje se compone de un 44% en pluses, como ascensos y anualidades, y un 8,5 % por régimen académico (investigaciones).

La información está consignada en el informe Estado de la ciencia, la tecnología y la innovación , presentado en agosto por el Programa Estado de la Nación.

Desglose. Por concepto de anualidad, la UCR paga 5,5% del salario base a cada empleado; es decir, el incentivo resultará esta vez más alto que la inflación (5,2%).

A ese plus hay que agregar sobresueldos como la experiencia docente, la dedicación exclusiva (opcional) y el régimen de carrera académica, que podrían incrementar los sueldos hasta en un 60%, según la categoría y el tiempo de laborar.

Los incentivos salariales son la causa de que las erogaciones suban el 8% de forma automática (sin incluir inflación), cada año.

“Los pluses actuales son elementos que distorsionan el salario, porque lo elevan a un monto superior a la inflación. Si la situación sigue así, las finanzas podrían colapsar. La Administración ya está trabajando en los estudios necesarios para tomar acciones”, dijo el contralor de la UCR, Glenn Sittenfeld.

Brecha. Los excesos en pluses también generan inequidad entre los profesores que recién ingresan a la UCR y quienes llevan más de 30 años en esa institución.

“El salario base no es competitivo. Un funcionario nuevo, sin anualidades ni escalafones, gana un salario muy bajo. Los salarios se hacen competitivos con los escalafones. El problema es que después de 20 años de servicio, se hacen salarios ya muy altos con respecto al resto del mercado. Si usted está en la UCR 40 años, gana cuarenta anualidades. Eso hay que corregirlo”, agregó el contralor Sittenfeld.

La situación también es aplicable a las otras universidades públicas, que pagan entre 4% y 6% por concepto de anualidad, hasta un 45% por dedicación exclusiva y llegan a reconocer un 60% por el grado académico de doctorado.

De las 13.570 plazas que tienen la UCR, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), el grueso de las remuneraciones lo consumen los 8.853 profesores.

“La razón de ser de la UCR es la docencia, la investigación y la acción social. El principal elemento para el desarrollo de la actividad es el recurso humano y sus sueldos, pero estamos trabajando en corregir la amenaza del crecimiento vegetativo de los salarios”, explicó el rector de la UCR, Henning Jensen.

El rector agregó que realizan dos estudios, uno de estos es un comparativo de salarios del sector público e incluye los de la UCR.

En otras instituciones estatales como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), las anualidades van desde 1,94% hasta 4,5%.

Sin embargo, hay instituciones como la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) o el Instituto Nacional de Seguros (INS) que igualan o superan las anualidades de las universidades públicas. El INS paga hasta 9,99% del salario base por ese concepto.

La semana pasada, en la discusión sobre el Presupuesto de la República del 2015, la contralora general, Marta Acosta, fustigó los incrementos en los salarios públicos.

“Para enfrentar el déficit, hay que atacar todos los disparadores del gasto y el principal es la remuneración”, afirmó Acosta.

En medio del debate legislativo en torno a posibles recortes, alumnos y profesores marcharon el martes pasado en defensa de su presupuesto.

Durante la actividad, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) , Ottón Solís, dijo a los universitarios que, en los últimos cuatro años, los salarios en las universidades públicas han crecido 37% en comparación con el resto de instituciones del Estado.

Sala IV ordena a sindicato del ICE desafiliar a trabajador

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/sala-iv/Sala-IV-ICE-desafiliar-trabajador_0_1444055729.html

La Sala Constitucional ordenó a la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (Asdeice) desafiliar a un trabajador que había solicitado esta desvinculación desde mayo.

Según el Tribunal, el ciudadano se vio obligado a presentar un recurso de amparo contra esa agrupación pues le continúan rebajando las cuotas mensuales de afiliación.

Los magistrados declararon con lugar el recurso y le ordenaron al presidente de Asdeice "adoptar las medidas necesarias, para que de forma inmediata se haga efectiva la desafiliación del recurrente a dicha organización".

En el fallo, se hace referencia al artículo 25 de la Constitución que establece qué: "Los habitantes de la República tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna".

Además reiteraron que "el derecho de asociarse es la libre posibilidad de los ciudadanos para constituir formalmente, agrupaciones privadas permanentes encaminadas a la consecución de fines específicos"

Sin embargo, esta libertad aplica tanto en la adhesión a asociaciones como el hecho de que nadie puede ser obligado a integrar un grupo determinado.

La Sala indicó que en este caso se demostró que la Asociación tuvo un retardo excesivo para desafiliarlo y que de no ser por la interposición del recurso, al recurrente se le hubiera seguido rebajando la cuota de afiliación, a pesar de múltiples gestiones.

Familias de afectados por Nemagón recibirían pago

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Familias-afectados-Nemagon-recibirian-pago_0_1441055919.html

El Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Seguros (INS) deberán resolver los reclamos de 12.000 familiares de extrabajadores bananeros que resultaron afectados por Nemagón.

Esta es la orden que emitió la Sala Constitucional al declarar con lugar un recurso de amparo interpuesto por la Defensoría de los Habitantes. La gestión se presentó en representación de 11.792 “afectados indirectos” por el plaguicida.

De acuerdo con la Defensoría, el grupo incluye cónyuges, hijos y compañeros de exbananeros.

Sus quejas serán conocidas por la Unidad Ejecutora Técnica para Atención de Extrabajadores Bananeros Afectados por el Uso del Nemagón, adscrita a Trabajo, y la Oficina Operativa de Afectados por el Nemagón, del INS.

Ambas dependencias fueron creadas con la Ley de Determinación de Beneficios Sociales y Económicos para la Población afectada por el "DBCP" o Nemagón la cual permitió indemnizar a exbananeros que acreditaran haber estado expuestos al plaguicida entre los años 1967 y 1979.

"Para la Defensoría de los Habitantes resulta inadmisible, entre otras cosas, que 13 años después de dictada la ley aún no existe el reglamento correspondiente que desarrolle un procedimiento a seguir para atender los reclamos planteados por los afectados", manifestó en un comunicado.

Voceros del Ministerio de Trabajo informaron ayer de que aún no han sido notificados del fallo.

En setiembre de 2010, la misma Sala había ordenado al INS la realización de exámenes médicos a los extrabajadores para el pago de indemnizaciones.

Sin embargo, en marzo, decenas de de los afectados por el químico acudieron al Congreso a reclamar esas compensaciones.

Entre los problemas de salud que sufrieron están el cáncer, las enfermedades de la piel y sobre todo problemas de fertilidad.

"Tener a casi 12.000 personas sumidas en un estado de incerteza e inseguridad jurídica, no solo representa un abierto desacato al mandato impuesto por la normativa, sino un menoscabo a los derechos fundamentales de los afectados indirectos, en particular, el derecho a una reparación por la vulneración sufrida", manifestó la nueva defensora Montserrat Solano.

La resolución de la Sala ordenó al presidente, Luis Guillermo Solís y al ministro de Trabajo, Víctor Morales, a que en el plazo de dos meses, a partir de la notificación, se dicte y publique dicho reglamento.

Pensiones del Magisterio, pauta para establecer un tope

Tomado de: http://www.nacion.com/opinion/foros/Pensiones-Magisterio-pauta-establecer-tope_0_1443255692.html

POR FRANCISCO ESQUIVEL V

Las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional deben tener un tope. El pésimo manejo, durante décadas, de la hacienda pública y de las relaciones laborales ha generado un desorden en esta materia. Esta mala gestión ha permitido que existan pensiones cuyos montos están fuera de cualquier lógica económica y social.

La pensión debe garantizar un mínimo de ingreso al jubilado y su familia, que les permita enfrentar la vejez en condiciones apropiadas. Sin embargo, esto debe cumplirse sin excesos. Las diferencias individuales, en términos de preparación académica, de aprovechamiento de oportunidades laborales y de factores similares, explican el hecho de que las pensiones no sean todas iguales. Eso es comprensible en una sociedad como la costarricense, afectada por la desigualdad, dadas las limitaciones de su proceso de desarrollo, significativamente incompleto hasta el presente. Es curioso que exista asombro por esta realidad, ya que las diferencias tienen una base social y económica, ampliamente conocida. Lo que no es aceptable es que la mala gestión pública provoque diferencias incorrectas entre los diversos grupos de pensionados.

Pensión neta. La reacción inmediata es enfrentar a las pensiones más altas, estableciendo un tope a la pensión bruta, es decir, al monto de la pensión sin considerar las deducciones. Pero esto es una acción imprecisa porque cada sistema de pensión tiene una particularidad en materia de deducciones. Un asalariado sabe que, al final del mes, o de la quincena, cuando recibe su remuneración, no dispondrá del salario bruto porque se le aplicarán deducciones para su seguro de salud, para su sistema de pensiones y para otros conceptos similares. Lo mismo sucede con el pensionado. Lamentablemente la discusión reciente sobre el tema de pensiones olvida este hecho elemental. En ese sentido, hay que orientar la reflexión sobre el establecimiento del tope hacia una discusión alrededor del monto adecuado de la pensión neta: la pensión bruta menos las deducciones.

Las pensiones del Magisterio Nacional ya tienen un tope fuerte. La persona pensionada en el sistema del Magisterio cotiza para el seguro de salud un 5% del monto bruto, además de un 0,5% para la administración del sistema. Asimismo, este pensionado paga el impuesto de renta, como cualquier asalariado, lo que puede significar el 15% del segmento más alto de la pensión. Pero, lo más importante, el pensionado del Magisterio cotiza una contribución adicional. Si su pensión bruta está superando los ¢700.000, cotiza un adicional del 12% sobre el excedente respecto a ese monto. En el caso de las pensiones mayores, el aporte adicional va aumentando, de tal forma que si, por ejemplo, el monto supera un límite aproximado a ¢1.400.000, debe aportar el 16% del excedente. Y así sucesivamente. En los casos extremos, que son pocos, si la pensión bruta excede los ¢10 millones, se cotiza el 75% del excedente.

Todo esto, además del pago del impuesto de la renta y los otros aportes mencionados.

Una pensión de ¢15 millones que esté fuera del sistema del Magisterio Nacional, si cotiza para el seguro de salud y paga el impuesto de la renta, queda en una pensión neta de ¢12 millones. Sin embargo, si esa pensión está en el sistema del Magisterio Nacional, debe hacer la mencionada cotización adicional, por lo que la pensión neta quedará en ¢4,5 millones. Es decir, ¡siete millones y medio de diferencia! Eso es la mitad de la pensión bruta que se elimina gracias a los porcentajes de cotización adicional que son crecientes.

En conclusión: el sistema de pensiones del Magisterio ya tiene un robusto tope para las pensiones altas. Es casi imposible que este régimen tenga pensiones netas superiores a cinco millones, porque hay un corte automático. Si, aun así, hay alguien que sigue pretendiendo más rebajas, puede plantear una revisión de la escala de las cotizaciones adicionales.

Propuesta. Hace unos días, el superintendente de Pensiones declaró lo siguiente: “La forma más efectiva para frenar las pensiones de lujo es imponiendo topes al monto máximo de jubilación, como ocurre en el sistema de la Caja, o con aportes adicionales como en el caso del Magisterio Nacional” (La Nación, 22 de setiembre de 2014, página 24A). Debemos tomarle la palabra al superintendente.

Impulsemos una reforma considerando como base el sistema del Magisterio, que es superior porque limita significativamente la pensión neta.

Tope a pensiones de lujo ahorra la mitad del dinero esperado

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/politica/Tope-pensiones-ahorra-dinero-esperado_0_1440256018.html

El plan anunciado por el Gobierno para ahorrar ¢12.000 millones anuales en el pago de pensiones de lujo mediante la imposición de un tope, se desmoronó a la mitad en cuestión de un mes.

Las expectativas de ahorro se redujeron a solo ¢5.900 millones luego de que la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) informara al Ministerio de Trabajo de que más de la tercera parte de esas jubilaciones está legalmente blindada contra el recorte.

El 5 de agosto, el Gobierno anunció que reduciría a ¢2,3 millones mensuales el pago a 910 pensionados, al poner en práctica una ley de 1998, según la cual el monto máximo de una pensión del Estado es 10 veces el salario más bajo de la Administración Pública”.

A partir de setiembre, Trabajo recortaría jubilaciones hasta de ¢16 millones mensuales, las cuales habían sido autorizadas por los diferentes regímenes pagados con el Presupuesto Nacional, principalmente por el del Magisterio.

Empero, a la hora de hacer el anuncio, Trabajo no tenía claridad de cuántas pensiones de lujo no podían ser reducidas a causa de las excepciones fijadas en la Ley N.° 7.858. Aunque el Ministerio había consultado a la Jupema, para ese momento no había recibido respuesta.

Fue el 19 de agosto cuando la Junta de Pensiones del Magisterio le comunicó al Gobierno que, de los casi 600 jubilados de este régimen que serían afectados con la medida, 368 (60%) estaban protegidos.

A ellos no se les puede reducir el pago porque aplazaron su fecha de retiro y la ley exceptúa del tope a quienes hayan hecho la postergación. Se trata de personas que trabajaron al menos un año más luego de la fecha en que les correspondía jubilarse. También, están exentos los 170 exdiputados que gozan de aumentos anuales del 30%.

Consultado sobre el porqué se hizo el anuncio con una expectativa diferente, el viceministro de Trabajo, Alfredo Hasbum, alegó que la Jupema “varió la información dada al Ministerio”.

Según el jerarca, después de que se comunicó públicamente la directriz firmada por los ministros de Trabajo y Hacienda, se mandó a pedir la información a la Junta del Magisterio, pero esta, lejos de dar los datos, argumentó que había una mala interpretación de la ley.

“Hubo una controversia entre las partes”, puntualizó Hasbum, quien sostiene que el Gobierno “va en la dirección correcta”, aunque no se ahorrará lo que se previó.

Jupema alegó sobre los casos de postergación: “Todos se encuentran debidamente comprobados por medio de resolución administrativa que oportunamente emitió la propia Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo, declarando el derecho a la postergación, conforme lo establece el artículo 89 de la Ley Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional”.

Dos trabas más. Otro grupo de pensiones no pudo ser recortado porque el aumento salarial decretado por el Ejecutivo para el sector público, en el segundo semestre , provocó que el tope a las pensiones se elevara a casi ¢2,5 millones.

Y, encima de ello, casi 200 pensionados han presentado recursos ante la Sala IV, la cual suspendió la aplicación del tope en sus casos. A raíz de ello, en la primera quincena de setiembre, el Gobierno solo pudo recortar 511 jubilaciones.

“La diferencia tiene que ver con acciones legales y una actualización que hace Jupema de su base de datos con respecto a las postergaciones”, dijo a este diario el ministro de Trabajo, Víctor Morales.

Hotel La Condesa despidió a trabajadore

Tomado de: http://www.nacion.com/nacional/trabajo/Condesa-despidio-trabajadores_0_1442655758.html

El Hotel La Condesa, ubicado en San Rafael de Heredia, despidió ayer a 120 de sus empleados.

La información fue confirmada por el Ministerio de Trabajo.

En su página en Internet, la empresa tiene un aviso: “Les informamos que el Hotel y Villas La Condesa no estará operando hasta nuevo aviso, por motivo del cierre de la CCSS, además esto también afectó nuestro servidor”.

Desde años atrás es conocida la deuda que este hotel, de 95 habitaciones, tiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Desde marzo del 2011 arrastra una obligación de ¢266 millones por cuotas obrero-patronales.

En varias oportunidades la CCSS realizó el cierre temporal del hotel por morosidad. El último fue el 19 de setiembre, por cinco días, debido a los atrasos en la cancelación de una cuota de ¢87 millones.

La Nación trató de hablar con representantes de La Condesa, pero no contestaron llamadas.

Geovanny Díaz, vocero del Ministerio de Trabajo, dijo que varios de los servidores despedidos se han presentado a sus oficinas para pedir el cálculo de prestaciones.

“No podemos decir cuántas personas se han acercado a pedir el cálculo de sus prestaciones, pero han sido varias. Según dicen, el hotel les comunicó que todos los despidos son con responsabilidad patronal y obedecen a las deudas que mantiene la compañía con la seguridad social”, agregó Díaz.

“En este asunto lo que procede es poner las plataformas de atención y búsqueda de empleo del Ministerio al servicio de las personas despedidas por el hotel”, señaló.

Gustavo Araya, presidente de la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH), lamentó los despidos y aseguró que este hecho no refleja la realidad del sector hotelero.

“Esta es la crónica de una muerte anunciada; el hotel viene con problemas de años que no los supo solventar por diferentes circunstancias”, comentó Araya, quien dijo que el personal podría ser absorbido por otros hoteles.

“Hemos recibido desde la semana pasada currículos de al menos cinco personas que ya sabían lo que iba a pasar. Lamentablemente, estamos en temporada baja y la mayoría de los hoteles no están contratando personal”, concluyó Araya.

La CCH tiene 394 afiliados y entre estos no está La Condesa.

Paola Gutiérrez, especialista en derecho laboral, explicó que los patronos están obligados a pagar las prestaciones el mismo día que comunican la salida. Sin embargo, en la práctica las empresas se toman hasta un mes para hacer la cancelación.

La práctica generalizada es que la liquidación se pague en un plazo que puede ser de una semana o 15 días. Incluso, algunas empresas se toman hasta un mes, pero, si uno se va a lo estrictamente legal, la obligación es el mismo día que finalice la relación laboral”, detalló Gutiérrez.

En caso de incumplimiento en la liquidación, el afectado debe acudir al Ministerio de Trabajo o a un juzgado para que se resuelva el conflicto. La experta indicó que los trabajadores podrían reclamar incluso intereses por el tiempo que tarden en pagarles la liquidación.