“Tanto las normas internacionales como nacionales han establecido que los Estados tienen como deberes fundamentales la protección del interés superior del niño, evitando todas aquellas acciones que perjudiquen la maternidad, y promoviendo las condiciones necesarias para garantizar la lactancia materna”
Una madre presentó un recurso de amparo contra su lugar de trabajo debido a que le acortaron su hora de lactancia, ya que le informaron que debía tomar su hora de lactancia durante la mañana e ingresar al trabajo a las 8:00 a.m. a pesar de que su ingreso es a las 7:40 a.m. Además le indicaron que debe presentar mes a mes el dictamen médico para reconocerle el tiempo de lactancia, por lo que considera que sus derechos están siendo violentados.
Los magistrados declararon parcialmente con lugar el recurso y ordenaron a la Directora de la Unidad Pedagógica de Cuatro Reinas de Tibás abstenerse de incurrir en la conducta que dio mérito a este amparo, de modo que, si conforme el criterio médico la recurrente gestiona, nuevamente, la prórroga de su licencia por lactancia, deberá otorgarle el disfrute de este derecho según lo establecido en la norma, de modo que puedan gozar de una hora de licencia diaria. En lo demás se declaró sin lugar.
Los magistrados consideraron que se violentaron los derechos fundamentales de la recurrente y de su hijo al reducirles el disfrute de la licencia de lactancia, únicamente, a veinte minutos, sin que se aprecie que exista alguna razón que fundamente su decisión, o bien, que se le permita hacer uso de los cuarenta minutos restantes a la hora de salida o en otro momento del día.
La Licencia por lactancia es un derecho de la madre y del niño. Su disfrute puede prorrogarse, siempre que exista una certificación médica que acredite esa circunstancia. La Administración no puede, antojadizamente, limitar este periodo.
El artículo 97 del Código de Familia es la normativa que regula esta licencia y ha establecido que en ese periodo la trabajadora tienen derecho a que se le conceda quince minutos cada tres horas o media hora dos veces al día, o bien, como se acostumbra en la mayoría de los casos, una hora continua al iniciar o finalizar la jornada diaria, para amamantar a su hijo.
“A toda mujer debe garantizársele el derecho de amamantar a sus hijos, toda vez que ello resulta esencial para satisfacer el derecho de todo niño y de toda niña a una alimentación adecuada y a gozar del derecho al más alto estándar de salud” sentencia 2004-12218
Por otro lado, la presentación de un certificado médico mensual, para la prórroga de esta licencia, comprueba de manera objetiva que la beneficiaria continúa alimentando a su hijo, por lo que considera este Tribunal que esta medida es razonable y por ello declara sin lugar el recurso en este aspecto.
La Sala estuvo integrada por el magistrado Gilbert Armijo quien presidió y los magistrados Jinesta Lobo como ponente, Cruz Castro, Castillo Víquez, Rueda Leal, Hernández López y Salazar Alvarado.
TEXTO ÍNTEGRO DE LA SENTENCIA:
Exp: 14-010230-0007-CO
Res. Nº 2014012595
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del uno de agosto de dos mil catorce.
Recurso de amparo interpuesto por [NOMBRE 01], a favor de [NOMBRE 02], portadora de la cédula de identidad número [VALOR 01]contra la DIRECTORA DE LA UNIDAD PEDAGÓGICA DE CUATRO REINAS DE TIBÁS.
Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y,
CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente alega que recientemente, la tutelada se convirtió en madre y solicitó a la recurrida una prórroga de su licencia de lactancia. No obstante, la autoridad recurrida le informó que debe tomar su hora de lactancia durante la mañana, por lo que debe entrar a laborar a las 8:00 a.m. pese a que su hora de entrada es a las 7:40 a.m. Aunado a lo anterior, la recurrida le indicó que, únicamente, le reconocería el tiempo de licencia por lactancia siempre que presentara mes a mes, el dictamen médico que hiciera constar que el menor continuaba alimentándose con leche materna. Considera violentado el derecho de la amparada a gozar de la licencia por lactancia.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) La tutelada es docente de religión en la Unidad Pedagógica de Cuatro Reinas de Tibás, con horario los jueves de 7:40 a.m. a 2:10 p.m. y los viernes de 7:40 a.m. a 4.20 p.m. (informe de la Directora recurrida en el SCGDJ). 2) El 31 de agosto de 2012 nació el hijo de la amparada (ver certificación en el SCGDJ). 3) La tutelada ha disfrutado de su licencia por lactancia por un periodo de veintidós meses y diecisiete días (informe de la autoridad recurrida en el SCGDJ). 4) Durante el curso lectivo 2013, la amparada, para gestionar la prórroga de la licencia por lactancia únicamente, presentó una certificación médica con fecha de expedición 11 de julio de 2013 (informe en el SCGDJ). 5) Para el curso lectivo 2014, la docente presentó la solicitud de prórroga de la licencia hasta el 25 de abril de 2014, aportando una certificación médica expedida el 9 de abril del año en curso con una validez de un mes (informe en el SCGDJ). 6) Por oficio No. UPCR-105-2014 de 6 de mayo de 2014, la autoridad recurrida informó a la tutelada la autorización de la prórroga de la licencia por lactancia siempre que la utilizara durante las mañanas, ingresando a las 8:00 a.m. y que presentara, mensualmente, un certificado médico en el que conste su condición para amamantar (informe de la autoridad recurrida en el SCGDJ). 7) Con motivo de la medida cautelar, se informó a la tutelada que su hora de ingreso sería a las 8:40 a.m. (ver documento en el SCGDJ).
III.- HECHO INDEMOSTRADO. De especial relevancia para decidir este asunto, se tiene por indemostrado el siguiente hecho: ÚNICO.- Que se hubiere autorizado a la amparada utilizar los restantes cuarenta minutos de la hora de la lactancia a la hora de salida o en otro momento del día.
IV.- SOBRE LA LACTANCIA MATERNA. Esta Sala Constitucional, en la sentencia No. 2013006703 de las 10:20 hrs. de 17 de mayo de 2013, se pronunció sobre el tema enunciado en los siguientes términos:
“III.- Sobre la lactancia materna. La Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia recomiendan la lactancia materna por ser una de las formas más eficaces de asegurar la supervivencia infantil y de garantizar a los niños un crecimiento y desarrollo saludables. Señala la Organización Mundial de la Salud que la leche materna es el alimento ideal para los recién nacidos y lactantes, pues es inocua, aporta todos los nutrientes que necesitan para un desarrollo sano, y contiene anticuerpos que protegen al infante contra enfermedades frecuentes como la diarrea y la neumonía. La leche materna, que es el primer alimento natural de los niños, les proporciona toda la energía y los nutrientes que necesitan durante sus primeros meses de vida y sigue aportándoles al menos la mitad de sus necesidades nutricionales durante la segunda mitad del primer año y hasta un tercio durante el segundo año de vida. La leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo de los bebés y los protege de enfermedades infecciosas y crónicas. La lactancia materna también contribuye a que el niño mantenga una buena salud durante el resto de su vida, ya que los adultos que de pequeños tuvieron acceso a la lactancia materna, suelen tener una tensión arterial más baja, menos colesterol y menores tasas de sobrepeso, obesidad y diabetes de tipo 2. También beneficia a la madre, pues la lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de mama y ovario en fases posteriores de la vida, recupera rápidamente su peso anterior al embarazo, y reduce las tasas de obesidad. La Organización Mundial de la Salud afirma que la lactancia materna reduce la morbilidad y mortalidad infantil, mejora el desarrollo general del niño, y tiene beneficios sanitarios que llegan hasta la edad adulta. Por tal razón, tal organismo recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y a partir de entonces su refuerzo con alimentos complementarios al menos hasta los 2 años.
IV.- Sobre la protección especial de la madre, el niño y la lactancia materna en el Derecho de la Constitución. Del artículos 51 de la Constitución Política se desprende que el Constituyente ha otorgado una protección especial a la madre, el niño y la familia como fundamento mismo de la sociedad, mientras que del 71 constitucional se deriva la particular protección que merece la mujer y el menor que trabaja. Con base en tal normativa y en diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos (como los Convenios 3 y 103 de la OIT, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y su Protocolo de San Salvador), se deriva el derecho de todo niño a ser amamantado por su madre, toda vez que ello contribuye a una óptima nutrición. En tal sentido, en sentencia número 2004-12218 de las 14:04 horas del 29 de octubre del 2004, esta Sala resolvió:
“a toda mujer debe garantizársele el derecho de amamantar a sus hijos, toda vez que ello resulta esencial para satisfacer el derecho de todo niño y de toda niña a una alimentación adecuada y a gozar del derecho al más alto estándar de salud. Sobre el particular, la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (aprobada y ratificada por nuestro país, mediante, la Ley No. 7184 del 18 de julio de 1990, la cual entró en vigencia, a tenor del numeral 2 de ese instrumento legal, el día de su publicación en La Gaceta No. 149 del 9 de agosto de 1990), establece el derecho de los niños a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social´(artículo 27), así como la obligación a los Estados de Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna (...) y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimiento´ (artículo 25). Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, precisa en su artículo 25, párrafo 2º que La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales..´, y, finalmente, en el artículo 24, párrafo 1º, se establece que Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna ... a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado´. Adicionalmente, el Protocolo de San Salvador de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone que Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual, y además el deber de los Estados de Garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la época de lactancia como durante la edad escolar (artículo 15). («) De otra parte, la Ley de Fomento de la Lactancia Materna No. 7430, establece el deber del Estado de fomentar la nutrición segura y suficiente de los niños hasta los doce meses cumplidos. Asimismo, se crea la Comisión Nacional de la Lactancia que tiene entre sus funciones: ...b) Promover el amamantamiento exclusivo con leche materna hasta los seis meses de edad; c) Procurar el mantenimiento de la lactancia natural hasta después de dos años de edad (...) e) Proteger a la madre embarazada y lactante que trabaja fuera del hogar ´(artículos 3 y 5 de la Ley No. 7430, así como el numeral 16 del Decreto Ejecutivo No. 24576). De las normas internacionales y nacionales transcritas, resulta, a todas luces, que los Estados tienen como deberes fundamentales la protección del interés superior del niño, evitando todas aquellas acciones que perjudiquen la maternidad, y promoviendo las condiciones necesarias para garantizar la lactancia materna.
A lo que se añade que, en el ámbito específicamente laboral, los artículos 94, 94 bis, 95 y 97 del Código de Trabajo (reformados por la Ley de Promoción de la Igualdad Real de la Mujer No. 7142) también desarrollan una protección especial a la madre embarazada o en periodo de lactancia. En tal sentido, el citado artículo 94 establece -en lo que interesa- que: La trabajadora embarazada gozará obligatoriamente de una licencia remunerada por maternidad, durante el mes anterior al parto, y los tres meses posteriores a él. Estos tres meses también se considerarán como periodo mínimo de lactancia, el cual, por prescripción médica, podrá ser prorrogado para los efectos del artículo anterior. Mientras que el mencionado artículo 97 dispone -en lo conducente- que: Toda madre en época de lactancia podrá disponer en los lugares donde trabaje de un intervalo de quince minutos cada tres horas o si lo prefiere, de media hora dos veces al día durante sus labores, con el objeto de amamantar a su hijo, salvo el caso de que mediante un certificado médico se pruebe que sólo necesita un intervalo menor.
Al analizar este último artículo, esta Sala ha señalado que el derecho a la lactancia es irrenunciable y obedece, a su vez, a lo dispuesto en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el derecho que tiene todo niño a disfrutar del más alto nivel de salud, lo que incluye una buena nutrición y el reconocimiento de las ventajas de la lactancia materna. Por lo que si: "(...) a la madre debe procurársele la posibilidad de amamantar a su hijo, constituyéndose así un derecho a su favor, este derecho surge precisamente de la necesidad y de ese derecho que tiene todo niño a ser amamantado por su madre según la Convención referida " (sentencias número 6250-95 de las 17:27 horas del 15 de noviembre de 1995 y 2008-009251 de las 9:46 horas del 4 de junio del 2008).
V.- Sobre el Interés Superior del Menor. En sentencia número 2011-012458 de las 15:37 horas del 13 de setiembre de 2011, con redacción del Magistrado ponente, esta Sala señaló lo siguiente:
"El primer instrumento jurídico que reconoció ese principio fue la Declaración Universal sobre los Derechos del Niño de 1959, que en su segundo principio dispuso: El niño gozar á de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollar física, mental, moral, espiritual y socialmente de forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, el Interés Superior del Menor será la consideración primordial. Se advierte entonces que, en un comienzo, el Principio quedó restringido a la promulgación de leyes. Posteriormente, el Principio fue incorporado en diferentes instrumentos internacionales relacionados con la persona menor de edad. Así, el artículo número 5.b de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer exige a los Estados Parte garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y desarrollo de sus hijos, teniendo en cuenta que el interés de los hijos es la consideración primordial en todos los casos. Igualmente, en el artículo 16.1.d de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se señala que en todos los asuntos que se vinculen con las relaciones matrimoniales y familiares, los intereses del niño serán primordiales. Por su parte, en el artículo 4.1 de la Carta sobre los Derechos y el Bienestar del Niño Africano (1990) estipula que en todas las medidas relativas al niño emprendidas por cualquier persona o autoridad, el Interés Superior del Menor será la consideración principal ´. Sin embargo, no fue sino con motivo de la Convención de los Derechos del Niño que el Principio del Interés Superior del Menor quedó instaurado plenamente como principio general de derecho, de manera que en razón de su naturaleza jurídica, irradia su función rectora sobre todo el ordenamiento jurídico. En concreto, el artículo 3.1 del Convención de los Derechos del Niño dispone: En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el Interés Superior del Menor. A los efectos de la resolución de este asunto, conviene destacar, entre otras características, la calificación de superior que se le hace al principio. La Real Academia Española define superior como lo que está más alto y en lugar preeminente respecto de otra cosa. Esto implica que el derecho del menor, dependiendo del caso concreto, prevalece frente a otros derechos, aunque estos sean legítimos. Se trata entonces de una cualidad jurídica integral que hace que el interés jurídico del menor tenga supremacía, predominio o preponderancia sobre los intereses de los demás; es decir, la superioridad del Principio supone la existencia de un interés objetivo que se encuentra por encima de los intereses subjetivos de los demás involucrados, ya sea que se trate de instituciones estatales, progenitores e, incluso, los propios menores afectados. Ello obedece a que como parte de la base de que el menor de edad es un sujeto jurídico en desarrollo (o, en su caso, en formación), de cuya construcción alguien debe responder para beneficio de él y de la sociedad entera, resulta explicable que respecto de los menores de edad siempre exista una relación entre el interés jurídico de estos y los intereses jurídicos de otros (que pueden ser los padres o extraños, la sociedad en general o el Estado), evento en el cual aquél será superior. El hecho de que exista un interés objetivo por encima del interés subjetivo del menor, no constituye un retorno a la doctrina de la situación irregular. Por el contrario, la superioridad de tal interés no significa indiferencia ante la voluntad del menor, porque en la conformación de tal interés resulta indispensable considerar esa voluntad, cuando ello es posible de acuerdo con el desarrollo sicológico y fisiológico del menor. Ahora bien, como dicho desarrollo no es pleno y varía según la edad, el interés superior debe nutrirse de otros elementos ajenos a los criterios subjetivos de los involucrados (menor, progenitor, Estado), a fin de que la medida que se disponga se caracterice por fundamentarse en argumentos razonables y precisos, intersubjetivamente demostrables. Así las cosas, el interés superior del niño no es paternacéntrico ni estatocéntrico sino infantocéntrico. Esto implica que las consideraciones a la confianza que debe existir entre los Estados en cuanto a las medidas para proteger a los menores, o las pretensiones de los progenitores respecto de sus derechos para con sus hijos, son cuestiones de segundo orden porque lo que prima son los derechos de las personas menores de edad y el ambiente que mejor ampare sus propios proyectos de vida, acorde a las circunstancias que los rodean. Establecida la superioridad del interés del menor, conviene establecer la manera en que el Principio se aplica. Primeramente, este último permite la aplicación de criterios de equidad en beneficio de la persona menor de edad, cuando de por medio se encuentran en juego sus intereses. Si en términos muy amplios la justicia es dar a cada uno según sus méritos, la equidad es juris legitimi enmendatio (legítima corrección del derecho), según Aristóteles. Un siglo de legalismo y de justicia puramente formalista ha mostrado los serios inconvenientes que le son consustanciales; por eso han surgido en esta época diversos movimientos enderezados contra la rigidez del imperio de la norma genérica y abstracta y en favor de la consideración de los elementos individualísimos que definen cada caso como una entidad irreducible a las demás (Ver Legaz y Lacambra, Luis, Filosofía del Derecho. Editorial Bosch, Barcelona, 1953, pág. 464). De otro lado, el Principio del Interés Superior del Menor debe ser utilizado por el operador jurídico como pauta hermenéutica, lo que comprende la interpretación tanto del derecho infraconstitucional, como del derecho constitucional y todos aquellos tratados o convenios suscritos por el país; evidentemente, tal criterio interpretativo comprende igualmente a las autoridades de los otros Poderes Públicos en lo atinente a sus respetivas competencias. Este reconocimiento del interés superior del niño como principio general que forma parte e informa a la globalidad del ordenamiento, ha llevado a la Sala a brindar y ordenar protección especial a los menores en materias tan diversas como la protección de su imagen e identidad, el resguardo de la imagen e identidad de los menores en conflicto con la ley, y a controversias suscitadas en asuntos migratorios, de salud y de familia -ver, entre otras, sentencias números 2003-5117, de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del diecisiete de junio de dos mil tres; 2004-1020, de las ocho horas treinta y dos minutos del seis de febrero de dos mil cuatro; 2004- 8759, de las ocho horas cincuenta y seis minutos del trece de agosto de dos mil cuatro; 2005- 4274, de las dieciocho horas seis minutos del veinte de abril de dos mil cinco; 2007-10306, de las catorce horas diez minutos del veinte de julio de dos mil siete; y número 2008-7782, de la diez horas un minuto del nueve de mayo de dos mil ocho-. En este sentido, como principio general reconocido y plenamente aplicable, al interés superior del niño no le es oponible norma o decisión alguna administrativa o judicial- que le contradiga, salvo que en circunstancias determinadas se encuentre en liza la aplicabilidad de algún otro principio general del mayor nivel, en cuyo caso el operador jurídico deberá atenerse a la prueba de ponderación y al rol de cada principio en el caso particular. De tal forma, ignorar el carácter principal del interés superior del niño desatendiendo su aplicación estricta en aquellos casos que involucren a personas menores de edad, resulta contrario a los reconocimientos que sobre el particular efectúa el Derecho de la Constitución, a la vez que da margen para situarse en una posición de vulnerabilidad frente al mandato del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En otras palabras, las autoridades administrativas y judiciales tienen la obligación de reconocer y aplicar el principio general del interés superior del niño, en perfecto acatamiento de su carácter de principio, de los mandatos establecidos por el Derecho de la Constitución, incluso ideando mecanismos apropiados y soluciones consecuentes de conformidad con lo ordenado por el referido artículo 2 de la Convención Americana.´ (ver sentencia número 2008-015461 de las 15:07 horas del 15 de octubre de 2008). Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que una manera de asegurar la primacía y real vigencia del interés superior del niño consiste en proporcionar al niño medidas especiales de protección (CORTE I.D.H.: Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva 0C-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A N° 17, par. 60, p. 62)."
V.- CASO CONCRETO. La recurrente adujo que las condiciones en que se autorizó la prórroga de la licencia por lactancia a la amparada hacen nugatorio el disfrute de ese derecho. Del informe rendido bajo juramento por la Directora de la Unidad Pedagógica de Cuatro reinas de Tibás y de la prueba aportada, se acredita que la amparada tuvo a su hijo el 31 de agosto de 2012 y que ha disfrutado de su licencia por lactancia por veintidós meses y diecisiete días pese a que, conforme lo informado bajo juramento, ha omitido cumplir, oportunamente, los requisitos para tramitar la prórroga de su licencia tanto en el curso lectivo 2013 como en el 2014. No obstante, ante la gestión que realizó hasta abril de este año en la que requirió la prórroga de la licencia, aportando para ese efecto, un certificado médico con un mes de validez, la autoridad recurrida le informó que autorizaba su solicitud para que gozara de la licencia durante las mañanas, ingresando a las 8:00 a.m. y que presentara, mensualmente, el certificado médico en el que constara su condición para amamantar (informe de la autoridad recurrida y oficio No. UPCR-105-2014 de 6 de mayo de 2014 en el SCGDJ). Considera la Sala que la recurrente lleva parcialmente razón en su alegato. Conforme la normativa que regula la licencia por lactancia (ver artículo 97 del Código de Trabajo), dentro del período de lactancia la trabajadora tiene derecho a que se le conceda 15 minutos cada tres horas o media hora dos veces al día, o como se acostumbra en la mayoría de los casos, una hora continua al iniciar o finalizar la jornada diaria, para amamantar a su hijo. En este asunto, como parte del disfrute de la licencia por lactancia, la autoridad recurrida autorizó el ingreso de la amparada a las 8:00 a.m. pese a que quedó demostrado que su hora de entrada es a las 7:40 a.m., sin que se hubiere acreditado que se le permita hacer uso de los cuarenta minutos restantes a la hora de salida o en otro momento del día. Para este Tribunal con esa decisión se reduce el disfrute de la licencia de lactancia, únicamente, a veinte minutos, sin que se aprecie alguna razón que fundamente su decisión. La licencia por lactancia es un derecho de la madre y del niño (ver, entre otras, sentencias Nos. 6250-95 de las 17:27 horas del 15 de noviembre de 1995, 2013-006703 de las 10:20 hrs. de 17 de mayo de 2013), siendo que su disfrute puede prorrogarse siempre que exista certificación médica que acredite esa circunstancia. No obstante, la Administración no puede, antojadizamente, limitar el periodo efectivo de disfrute diario de esa licencia. Esto sin duda resulta lesivo de los derechos fundamentales de la actora y su hijo, por lo que se impone acoger el amparo en cuanto a este extremo con la orden a la autoridad recurrida de abstenerse de incurrir en la conducta que sirvió de mérito para acoger este amparo. De este modo, si con base en criterio médico debidamente aportado, la recurrente gestiona, nuevamente, la prórroga de su licencia por lactancia —nótese que, en principio, la prórroga cuestionada ya venció— la autoridad recurrida deberá otorgarle el disfrute de ese derecho según lo establecido en la normativa para que pueda gozar de una hora de licencia diaria.
VI.- De otra parte, se cuestionó la presentación mensual de una certificación médica para tramitar la prórroga de la licencia. No obstante, en cuanto a este aspecto no se encuentra objeción alguna. La presentación de un certificado médico mensual procura comprobar de manera objetiva que la beneficiaria continúa alimentando a su hijo, sobre todo, considerando que el menor cuenta con aproximadamente dos años (nació el 31 de agosto de 2012 conforme la certificación aportada). En este particular, resulta razonable que de previo a que se prorrogue la licencia de lactancia materna se compruebe esa condición (ver en similar sentido, lo resuelto en la sentencia No. 2014-005358 de las 9:05 horas de 25 de abril de 2014). Además, el periodo de presentación de ese certificado resulta congruente con la validez del documento que, de la prueba aportada a los autos, ha sido por un mes. Así las cosas, respecto de este extremo se declara sin lugar el recurso.
VII.- CONCLUSIÓN. Como corolario de lo expuesto, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso únicamente por la reducción de la hora de lactancia, siendo procedente su desestimatoria en los demás extremos.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Luz María Leiva Salazar, en su condición de Directora de la Unidad Pedagógica Cuatro Reinas de Tibás, o a quien ocupe ese cargo, abstenerse de incurrir en la conducta que sirvió de mérito para acoger este amparo, de modo que, si conforme el criterio médico la recurrente gestiona, nuevamente, la prórroga de su licencia por lactancia, deberá otorgarle el disfrute de ese derecho según lo establecido en la normativa, de modo que puedan gozar de una hora de licencia diaria. Lo anterior, bajo la advertencia que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso.
