lunes, 29 de septiembre de 2014
Amparo Pacheco: "Hay que buscar mayor eficiencia"
Tomado de: http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/noticias/pais/14099-amparo-pacheco-qhay-que-buscar-mayor-eficienciaq.html
La Directora de la Desaf afirmó que todos los programas que financia el Fodesaf son necesarios y que no hay dispersión, pero admitió que aún es necesario buscar un uso más eficiente en términos del rendimiento.
Pacheco resaltó que Fodesaf “es un fondo maravilloso que tiene el país para financiar las políticas sociales. Tal vez no todos los costarricenses somos conscientes de que somos un país privilegiado en el sentido de que por ley existe un compromiso, tanto del Gobierno como del sector privado, de hacer un aporte importante todos los años para financiar programas sociales; este es un tema que en otros países se discute año a año. Aquí vamos cumplir 40 años en diciembre de que existe Fodesaf, que es la garantía de que hay un porcentaje importante de recursos que pone el Ejecutivo en el presupuesto de la República y los patronos a través del 5% de las planillas cuando pagan todas las contribuciones a la Caja, que van para programas sociales”.
A partir de la reforma a la ley (de Fodesaf) de octubre del 2009, este Fondo se fortalece y la Desaf como administración del Fondo también se fortalece. En primer lugar se fortalece el financiamiento. Antes de la reforma el Ejecutivo no ponía los recursos que decía la ley, que era un 20% del impuesto sobre la renta, y no solo eso, sino que a veces ponía recursos ridículos, y el Fondo se sostenía prácticamente solo con la parte patronal.
Después de la reforma tenemos ya la totalidad de los recursos que le corresponde aportar al Estado. Este monto se definió como el equivalente a 593.000 salarios base.
Eso significa un reforzamiento muy importante, porque ahora no solo está la partida del 5% de las planillas de todos los trabajadores que pagan los patronos, sino que el Ejecutivo viene cumpliendo también con su responsabilidad.
El presupuesto actual del Fondo es de alrededor de ¢500.000 millones, y para el 2015 será de ¢529.000 millones, que representan unos $1000 millones. Eso está distribuido en alrededor de 20 instituciones y 25 programas sociales. "El Fondo financia un montón de cosas", señaló Pacheco.
Pacheco informó los dineros de Fodesaf ofrecen soporte a 660.000 personas (incluyendo a los jefes de hogar que reciben bono), y según el registro que lleva el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), en Costa Rica hay cerca de 1,2 millones de personas en condición de pobreza.
¿No hay dispersión de recursos?
Amparo Pacheco se defiende de las críticas señalando que “la gente dice a veces a la ligera que hay mucha dispersión de recursos, pero veamos cuáles son los programas: está por un lado la vivienda, está la salud, educación, la protección social, la vejez, niñez, el discapacitado, la mujer, el deporte…
En realidad todos esos programas sociales son necesarios y no tenemos un problema de gran dispersión. Yo diría que lo que tenemos que buscar todavía es una mayor eficiencia en términos del uso de los recursos, que la gran mayoría de los recursos se usan bien, lo que no estoy segura es si se usan en el mejor uso alternativo, es decir, que si uno tiene ¢100 colones, dónde es mejor invertirlos para tener el mayor rendimiento".
La directora de Fodesaf alega que entre los años 2010 y 2014 la entidad se concentró en crear un sistema de información para las asignaciones familiares, que se puede observar en la web, donde está la rendición de cuentas de cada uno de esos programas, cómo se están invirtiendo los recursos, por lo menos en los grandes rubros, y saber a cuántos beneficiarios están llegando, con cuántos beneficios y en qué lugares del país.
"Estamos satisfechos de haber logrado un gran avance en cuanto a transparencia y rendición de cuentas, en lo que apenas son los primeros pasos de un verdadero sistema de evaluación. Ahí tenemos una información que es una piedra en bruto que tenemos que trabajar, porque lo primero es tenerla información y eso ya se tiene", comentó Pacheco.
¿De dónde viene la plata?
Los recursos del Fodesaf provienen de dos fuentes: una asignación en el presupuesto de la República, y un impuesto del 5% sobre el total de sueldos y salarios que pagan los patronos públicos y privados.
El Ministerio de Hacienda debe incluir cada año, en el presupuesto ordinario anual de la República, una asignación equivalente a 593.000 salarios base utilizados por el Poder Judicial para fijar multas y penas por la comisión de diferentes infracciones, proveniente de la recaudación del impuesto sobre las ventas, y debe girar el monto resultante a la Desaf, para atender los programas y subsidios que se financian con recursos del Fodesaf.
Además, los patronos públicos y privados deben pagar al Fondo un 5% sobre el total de sueldos y salarios que paguen mensualmente a sus trabajadores.
Fuente: Ley 5662 y ley 8783.
Herramienta de política social
El Fodesaf constituye la principal herramienta financiera de la política social del país en la lucha contra la pobreza.
Su administración le compete a la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, según la Ley Nº 8783, “Reforma de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Nº 5662”, de octubre del 2009, que tiene antecedente en la Ley Nº 5662, “Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares” de 1974.
Los recursos del Fondo –que este año alcanzan ¢493.000 millones al año- están destinados a financiar programas y servicios de las instituciones del Estado y de otras entidades expresamente autorizadas en esta Ley, que tienen a su cargo aportes complementarios al ingreso de las familias y la ejecución de programas de desarrollo social.
El programa beneficia a las personas costarricenses y extranjeras residentes legales del país, así como todos los menores de edad, que vivan en condición de pobreza y pobreza extrema.
Fuente: Ley 5662 y ley 8783.
Los mayores deudores del fondo
PATRONO
|
MONTO ADEUDADO
(COLONES)
|
Embajada de los Estados Unidos de América
|
2.845.373.540,29
|
Compañía Agrícola Cariari S.A
|
978.532.408978.532.408,56
|
Confecciones Bor Kar S.A
|
934.301.43934.301.431,63
|
Consejo Nacional de la Producción
|
908.035.240908.035.240,03
|
Control Uno S.A
|
792.777.258792.777.258,50
|
Agroindustrial Pacuare S.A.
|
757.972.802757.972.802,65
|
El Ceibo Ltda
|
726.081.425726.081.425,67
|
Productos Pláticos S.A.
|
719.956.933719.956.933,52
|
Compañía KibIto S.A
|
691.938.814691.938.814,85
|
Agrícola Agromonte S.A.
|
674.040.325674.040.325,68
|
Conoplast S.A.
|
557.361.841557.361.841,51
|
Comercializadora Bananeros de Costa Rica S.A.
|
534.417.007534.417.007,02
|
Desarrollos Construcción e Ingeniería S.A.
|
529.799.190529.799.190,31
|
Consorcio de Seguridad Internacional S.A.
|
521.641.127521.641.127,47
|
Industria Cartonera Inca S.A.
|
511.399.145511.399.145,15
|
*Fuente Web de Fodesaf, al 21 de setiembre 2013.
CCSS asumirá cobros judiciales de Fodesaf: Deuda patronal con fondos de pobreza crece y suma ¢166.000 millones
Tomado de: http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/noticias/pais/14098-2014-09-24-02-41-17.html
La deuda de los patronos morosos con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) no deja de aumentar año con año y a setiembre de 2014 acumulaba un total del ¢166.000 millones, un monto que permitiría construir 833 mil metros cuadrados de aulas o pagar a 415.000 trabajadores según el salario base utilizado para fijar penas y multas por el Poder Judicial.
Esto ocurre a pesar de mejoras en los registros de información de patronos morosos y notificaciones de cobro, y un aumento de la recaudación por año.
A diciembre del 2013, el número de patronos morosos con Fodesaf llegaba a 125.000 y el total de la deuda acumulada era de ¢153.000 millones, cifras que al presente mes de setiembre alcanzan ya los 126.000 patronos morosos que adeudan un total de ¢166.785 millones.
En sendos informes publicados en diciembre del 2012 y enero y febrero del 2013, la Contraloría General de la República (CGR) señaló deficiencias en la gestión de cobro de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), lo que ponía en riesgo de prescripción cuantiosas sumas adeudadas a Fodesaf.
La CGR señaló, entre otros puntos, que no se estaba realizando cobro judicial de las deudas, a pesar de que en el 2009 la reforma legal a la ley de Fodesaf le había otorgado provisionalmente personería jurídica a la Desaf, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, encargada de la administración del Fondo.
Lo anterior, mientras la Caja Costarricense de Seguro Social asume esa tarea, lo cual se prevé que ocurra el próximo año.
Asimismo, la Contraloría observó que, por un criterio legal erróneo se había aplicado a deudas anteriores al 2009 un plazo de prescripción de tres años, a pesar de que la ley establece que deben transcurrir diez años antes de que esas deudas prescriban.
Por esta razón, el ente contralor solicitó a los jerarcas del Ministerio de Trabajo y Desaf tomar las medidas tendientes para anular lo actuado y recuperar, en lo posible, las deudas pendientes.
Con un presupuesto anual cercano a ¢500.000 millones, Fodesaf es el principal fondo con que cuenta el país para financiar programas que benefician a las personas en condición de pobreza.
El fondo financia las asignaciones a familias pobres, redes de cuido de niños y adultos mayores, comedores escolares, capacitación y empleo para mujeres, entre otros para un total de 20 programas y 25 instituciones que reciben dinero.
La lista de los mayores deudores la encabeza la embajada de los Estados Unidos, con un total ¢2845 millones (ver tabla).También figuran entre los morosos, con montos menores, las de Alemania, Francia, Venezuela y otras 11 legaciones extranjeras. Tras las gestiones de cobro, este año cancelaron sus deudas las embajadas de Uruguay, Panamá, España, Guatemala y República Checa.
Lo que ha alegado la embajada estadounidense es que se trata de un impuesto interno y la legislación diplomática la exonera de pagarlo.
COBRO DIFÍCIL
Del total de la deuda patronal con Fodesaf, un 47% corresponde a los 1175 mayores deudores (¢20 millones y más), y un 50% es deuda de empresas inactivas, según los datos suministrados por Amparo Pacheco, Directora de Desaf, lo que hace pensar que la mitad de la deuda es prácticamente incobrable.
Pacheco observó que la reforma legal del 2009 dijo que mientras la Caja asumía el cobro legal de las deudas con Fodesaf, se le daba a Desaf la personería jurídica instrumental para hacer el cobro judicial de la deuda.
La jerarca alegó que no se le dieron los recursos para asumir esa responsabilidad mayor. El recurso humano es de 50 personas, y 15 están en el departamento de cobro, cuando deberían ser al menos 50, por lo que no hay capacidad para el cobro masivo, argumentó.
“Como no teníamos plazas contratamos un servicio de localización y notificación de patronos morosos y así, ubicando a todos los patronos morosos, ya deteníamos la prescripción de las deudas, que era uno de los objetivos, y en el 88% del total de la deuda, empezando de las más grande a la más pequeña, ya se eliminó el riesgo de prescripción”, señaló Pacheco.
En cobro judicial, a partir del 2013, se designó una unidad de cobro con tres funcionarios, a la fecha se han presentado 82 demandas contra los mayores deudores con mayor facilidad técnica de recuperación, por un total ¢11.000 millones, y a la fecha por esa vía se ha recaudado ¢36.500 millones.
Además, este año se implementó un nuevo sistema de información de cobro, que es una plataforma para el control y la seguridad de la información de patronos morosos, enfatizó Pacheco.
Mauricio Donato, jefe del departamento de cobro, informó a UNIVERSIDAD que tras establecerse que el plazo que había que aplicar según la ley eran diez años se entablaron juicios de lesividad para revocar la condonaciones que se habían dado, por una suma aproximada de ¢10.000 millones posibles de recuperación. Como estos procesos tienen una caducidad de cuatro años, lo que se podía revocar eran casos del 2009 para acá, unos 50 en total, que suman alrededor de ¢10.000 millones.
La directora de Desaf añadió que desde el 2010 se buscó apoyo político para hacer conciencia que el cobro judicial debía pasar a cobros de la Caja, porque no se puede tener a cuatro o cinco instituciones a las que la Caja les recoge los recursos, pero que si hay cobro judicial cada entidad tiene que hacerlo por su cuenta.
El informe de la CGR señaló que la Caja debe asumir el cobro judicial (actualmente solo realiza el cobro administrativo a tres mes plazo) a partir de febrero del 2015, por lo que se está coordinando el traspaso de esa responsabilidad a dicha institución y una comisión entre la Caja y Fodesaf ha estado informando cómo va ese proceso, explicó la funcionaria.
Convenciones colectivas multiplican salario de empleados del sector público: eso lo pagamos todos
Los beneficios que tienen los empleados de varias instituciones descentralizadas, gracias a las
convenciones colectivas inflan su salario hasta tres veces más que el pago normal, gracias al pago de anualidades,dedicación exclusiva, incentivos académicos, compensación por vacaciones y otros.
convenciones colectivas inflan su salario hasta tres veces más que el pago normal, gracias al pago de anualidades,dedicación exclusiva, incentivos académicos, compensación por vacaciones y otros.
Además, propician diferencias abismales entre los salarios de otros puestos con las mismas responsabilidades pero en el Gobierno Central y, ni qué decir, con los empleados del sector privado.
El diputado Mario Redondo afirmó que es relevante estudiar con detalle los beneficios de dichas convenciones, puesto que el sector privado en Costa Rica representa el 86% de la fuerza laboral y, en vista de que el país no tiene riqueza para explotar, es este porcentaje el que termina pagando los beneficios del otro 34%, que pertenece al sector Estatal. Es decir, los beneficios de ese 34% de funcionarios los pagan quienes trabajan para el sector empresarial.
Según Redondo, el pago de remuneraciones del Gobierno Central asciende a los 2.1 billones de colones, mientras que en el sector descentralizado estatal esta cifra podría llegar a los 2.5 billones. Entonces, las remuneraciones de cerca de 300 mil empleados podrían estarle costando al país hasta 4.5 billones. De estos,al menos 120 mil se benefician con los parámetros de las convenciones.
“No se vale que sigamos con el esquema donde se acumulan las ventajas y los beneficios para un sector del ala pública, mientras mucha gente del sector privado no tiene las mismas ventajas. Nuestra insistencia es que lo primero que tiene que hacer el país es poner orden en la política de empleo público, porque hay diferencias abismales entre el sector privado y público, los 300 mil funcionarios ganan el doble o el triple de lo que ganarían en el sector privado”, comentó Redondo.
Efectivamente, solo en el tema del pago de la cesantía, las diferencias se notan. Mientras que para el sector privado la ley establece que el pago de los años laborados por despido no podrá superar del reconocimiento de los 8 años, en las instituciones autónomas y descentralizadas los años reconocidos varían. Las que menos reconocen son la Municipalidad de Heredia, de Aserrí, la Universidad Nacional y la de Costa Rica (de 12 a 15 años) mientras que el Banco Popular reconoce todos los años.
Los beneficios de las instituciones autónomas
Con o sin convenciones colectivas, las instituciones autónomas son las que más beneficios tienen. Desde compensación de vacaciones, reconocimiento de peligrosidad hasta un incentivo por buceo (Instituto Costarricense de Electricidad).
Para mencionar algunos, en la Caja Costarricense de Seguro Social (Ccss), los médicos tienen, al menos, diez beneficios. Por antigüedad se les paga el 5,5% del salario, zonaje (10%, 12% y 14%) tiene que ver con la ubicación a la que se le transfiera al médico, carrera hospitalaria 11%, dedicación exclusiva (oscila entre un 35% y un 55%), y el incremento anual médicos (3,5%).
En el caso del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) el Estatuto laboral dispone de varios aspectos considerados como sobresueldos o pluses salariales: se les reconoce un 10% del salario a los funcionarios que tengan que trasladarse, al menos tres días, a una zona fuera de su lugar de trabajo, se les da un 15% del salario a los funcionarios que tengan que realizar actividades acuáticas (buceo) y se les reconoce un incentivo por inopia a los funcionarios que ocupan puestos cuyas características son difíciles de ocupar.
La Directora Ejecutiva de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) Shirley Saborío expresó que es relevante que se revisen los beneficios de las convenciones colectivas y piden una Ley de Empleo Público.
“Las convenciones se deben revisar, hay ciertamente una disparidad, no solo con el sector privado, sino entre instituciones del Estado. Debería haber una ley de empleo público que garantice que se ganen salarios de mercado, pero que se eliminen todos esos gastos que crecen en forma sostenida”, comentó Saborío.
Agregó que los pagos que se realizan a los funcionarios engrosan los cobros que hacen las empresas por los servicios públicos.
La ley de empleo público
Pese a que los diputados coinciden en que es una necesidad, en el Congreso no existe aún ninguna propuesta de ley referente a la regulación del empleo público y parece que no se ve próximo su conocimiento.
En el pasado, se archivaron dos proyectos de ley que pretendían poner orden al sector, principalmente porque no encontraban consenso con los sectores involucrados. En la administración pasada, la ministra de trabajo y ahora diputada Sandra Pisk impulsó una propuesta, pero al no encontrar aprobación en el sector sindical, nunca se presentó al Congreso.
Japdeva pide cambios a convención colectiva y MEP lo analiza, pero aún “no hay urgencia”
Tomado de: http://www.crhoy.com/japdeva-pide-cambios-a-convencion-colectiva-y-mep-lo-analiza-pero-aun-no-hay-urgencia/
Las convenciones colectivas de los empleados del Ministerio de Educación (MEP) y de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica (Japdeva) son las más próximas a vencer. La primera en abril del 2015 y la segunda en diciembre próximo.
Aunque las autoridades de ambas instituciones, así como del Poder Ejecutivo, aseguran que se analiza el tema y los posibles abusos en las convenciones del Estado, aún no se tienen acciones concretas para lograr cambios al respecto.
Hace una semana, crhoy.com detalló que el dilema por el gasto que generan los beneficios de las convenciones colectivas se mantiene, sin que el Gobierno le apunte todavía.
El ministro de la Presidencia Melvin Jiménez aseguró, de forma general, que hay disposición a combatir los abusos en cualquier campo. Mencionó que el tema es importante y se puede avanzar con el sector social.
Citó el caso del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) como uno que se denunciaría (se buscarían cambios), lo mismo había dicho el Ministro de Trabajo. Sin embargo no hay una acción concreta para proponer cambios.
Japdeva en diciembre: conflictos desde el pasado
La presidenta de Japdeva Ann McKinley afirmó que se realiza un estudio de la convención y se mantuvieron reuniones con el sindicato de la institución. Este le presentó inquietudes con respecto a la falta de inversiones y la necesidad de fortalecerlo.
La jerarca aseguró que no sólo se necesita equiparar puestos, sino capacitar el recurso humano. Para eso dijo se debe tocar la convención y cómo se da la jornada de trabajo, ya que el puerto debe funcionar de manera “adecuada”.
Por eso McKinley afirmó que deben valorar el documento, junto a Sintrajap (sindicato de la entidad), pero adelantó que deben haber cambios. La funcionaria ve una buena voluntad en un sindicato, que ha sido conflictivo en el pasado.
En el 2010, a finales del gobierno de Óscar Arias, su ministro de Trabajo, Álvaro González, dejó homologada la convención de los trabajadores de los muelles del Caribe, en el último día de mandato.
Esa nueva convención colectiva incluía un capítulo de “desarraigo de la convención colectiva”, con una indemnización de $137 millones a cambio de entregar los puertos a un operador privado. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados reclamó ese documento y el entonces diputado del Frente Amplio, José María Villalta, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de ese elemento.
En diciembre del 2012 y tras dos años de revisión, sindicato y autoridades, acordaron mantener la convención, que el entonces presidente, Allan Hidalgo, dijo no aumentó en el costo. Si se incluyeron beneficios, que ya se disfrutaban.
Según dijo en ese momento a la prensa nacional, el líder del sindicato Rolando Blear, el costo total de la convención es de menos del 4% de los ingresos de la Junta, es decir unos ¢1.300 millones anuales.
Durante su gestión, Hidalgo criticó beneficios como que se dieran permisos para que los funcionarios estudiaran de día, porque muchos lo usaban para tener tiempo libre. Además el secretario general y subsecretario de Sintrajap gozan de licencia total y permanente para dedicarse a sus labores.
Los restantes 13 miembros de la junta directiva gozan de 100 días hábiles por mes para los mismos efectos. Asímismo, el artículo 52 les permite a los miembros de comisiones gozar de todo el día, para ir a reuniones sindicales, aunque estas tarden unas horas.
Las vacaciones son otro punto de polémica. Según la convención, se conceden de acuerdo con la antigüedad del funcionario, hasta un máximo de 30 días hábiles al año por este concepto, como reclamó Hidalgo en su momento. Esto, cuando el Código de Trabajo define dos semanas de vacaciones, por cada cincuenta semanas de labores.
A pesar de que en el pasado han habido múltiples enfrentamientos, Ann McKinley confía en el diálogo con Sintrajap. Puso como ejemplo un reciente diálogo sobre el tipo de grúa que se necesitaba. Aunque aún no detalló, cuándo se discutirá el tema de la convención.
Por su parte, la ministra de Educación, Sonia Mora, afirmó que el tema lo trató con su antecesor, Leonardo Garnier. La convención vence en abril del próximo año, pero la jerarca dijo escuetamente que dos abogados de su despacho analizan el tema.
El ministro de la Presidencia Melvin Jiménez no adelantó que se pudiera acudir a la Sala Constitucional, para evitar beneficios abusivos. Así lo hizo en su momento la Contraloría General de la República y le dieron la razón, por pago de cesantías exageradas.
Al final de la administración anterior, la Secretaría Sectorial de Empleo Público del Ministerio de Planificación (Mideplan) generó una propuesta borrador de Política Nacional de Empleo Público, la cual no se ha hecho oficial en la administración de Luis Guillermo Solís, pero de la cual este medio tiene copia.
En el documento, se alertó que las instituciones que quedaron por fuera del ámbito de cobertura del Estatuto del Servicio Civil (autónomas, empresas públicas y universidades, municipalidades), generaron sus propias instrumentos como leyes especiales y convenciones.
“Ello plantea un reto en cuanto a la diversidad de regímenes de empleo en el sector descentralizado, ya que cada convención colectiva incorpora sus propias particularidades, estableciendo sistemas de empleo particulares para cada ente u órgano público, la misma lógica aplica para cada ley o regulación especial creada en la materia”, estipuló.
En el 2012, el Mideplan ya había desarrollado el diagnóstico Estado de situación en materia de salarios y remuneraciones, en el cual escribió los alcances de todas las convenciones colectivas, que en ese momento sumaban 20 ministerios y entidades y 51 municipalidades; y comparó los beneficios.
Así son las remuneraciones adicionales al salario base y cesantía estipulados en convenciones, en Japdeva:
BENEFICIO
Años de cesantía 20
Anualidades 3%
Dedicación exclusiva 55%
Prohibición 65%
Carrera profesional 30%
Disponibilidad 40%
Riesgos laborales 12% vigilancia 30% altura
Incentivos por resultados/productividad Del 40% al 2% de ingresos corrientes efectivos del año
“Encontramos instituciones que pueden estar reguladas por el Estatuto del Servicio Civil, tener Convención Colectiva de Trabajo, tener Reglamento Autónomo de Organización y Servicio y leyes especiales, es decir que cada una tiene su propio sustento jurídico para regular una misma materia”, mencionó la propuesta de Mideplan.
En este momento, según los datos consultados por crhoy.com al Ministerio de Trabajo, hay 75 convenciones colectivas vigentes en instituciones públicas. Se distribuyen cinco en el Gobierno central; dos en instituciones autónomas; 11 en empresas públicas y cuatro en universidades públicas y el Instituto Nacional de Aprendizaje.
En el sector público, cobijan a 126.317 empleados. La entidad con mayor funcionarios bajo una convención es el Ministerio de Educación Pública (MEP) con 71.000. Luego le siguen la Universidad de Costa Rica con 8.995, el Banco Nacional con 5.246 y el Instituto Nacional de Seguros con 2.316.
La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) contempla a 1.893 funcionarios y Japdeva a 1.513.
En las 53 municipalidades, se registran unos 10.661 empleados adscritos a sus convenciones. Sin embargo el Ministerio de Trabajo tiene un vacío de información, ya que no registra la cantidad de funcionarios que reciben los beneficios, en seis municipios. Mismo vacío se da, en el intento de acceder de forma digital, a los cambios e historial de cada convención en particular.
Las convenciones colectivas de los empleados del Ministerio de Educación (MEP) y de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica (Japdeva) son las más próximas a vencer. La primera en abril del 2015 y la segunda en diciembre próximo.
Aunque las autoridades de ambas instituciones, así como del Poder Ejecutivo, aseguran que se analiza el tema y los posibles abusos en las convenciones del Estado, aún no se tienen acciones concretas para lograr cambios al respecto.
Hace una semana, crhoy.com detalló que el dilema por el gasto que generan los beneficios de las convenciones colectivas se mantiene, sin que el Gobierno le apunte todavía.
El ministro de la Presidencia Melvin Jiménez aseguró, de forma general, que hay disposición a combatir los abusos en cualquier campo. Mencionó que el tema es importante y se puede avanzar con el sector social.
Citó el caso del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) como uno que se denunciaría (se buscarían cambios), lo mismo había dicho el Ministro de Trabajo. Sin embargo no hay una acción concreta para proponer cambios.
Japdeva en diciembre: conflictos desde el pasado
La presidenta de Japdeva Ann McKinley afirmó que se realiza un estudio de la convención y se mantuvieron reuniones con el sindicato de la institución. Este le presentó inquietudes con respecto a la falta de inversiones y la necesidad de fortalecerlo.
La jerarca aseguró que no sólo se necesita equiparar puestos, sino capacitar el recurso humano. Para eso dijo se debe tocar la convención y cómo se da la jornada de trabajo, ya que el puerto debe funcionar de manera “adecuada”.
Por eso McKinley afirmó que deben valorar el documento, junto a Sintrajap (sindicato de la entidad), pero adelantó que deben haber cambios. La funcionaria ve una buena voluntad en un sindicato, que ha sido conflictivo en el pasado.
En el 2010, a finales del gobierno de Óscar Arias, su ministro de Trabajo, Álvaro González, dejó homologada la convención de los trabajadores de los muelles del Caribe, en el último día de mandato.
Esa nueva convención colectiva incluía un capítulo de “desarraigo de la convención colectiva”, con una indemnización de $137 millones a cambio de entregar los puertos a un operador privado. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados reclamó ese documento y el entonces diputado del Frente Amplio, José María Villalta, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de ese elemento.
En diciembre del 2012 y tras dos años de revisión, sindicato y autoridades, acordaron mantener la convención, que el entonces presidente, Allan Hidalgo, dijo no aumentó en el costo. Si se incluyeron beneficios, que ya se disfrutaban.
Según dijo en ese momento a la prensa nacional, el líder del sindicato Rolando Blear, el costo total de la convención es de menos del 4% de los ingresos de la Junta, es decir unos ¢1.300 millones anuales.
Durante su gestión, Hidalgo criticó beneficios como que se dieran permisos para que los funcionarios estudiaran de día, porque muchos lo usaban para tener tiempo libre. Además el secretario general y subsecretario de Sintrajap gozan de licencia total y permanente para dedicarse a sus labores.
Los restantes 13 miembros de la junta directiva gozan de 100 días hábiles por mes para los mismos efectos. Asímismo, el artículo 52 les permite a los miembros de comisiones gozar de todo el día, para ir a reuniones sindicales, aunque estas tarden unas horas.
Las vacaciones son otro punto de polémica. Según la convención, se conceden de acuerdo con la antigüedad del funcionario, hasta un máximo de 30 días hábiles al año por este concepto, como reclamó Hidalgo en su momento. Esto, cuando el Código de Trabajo define dos semanas de vacaciones, por cada cincuenta semanas de labores.
A pesar de que en el pasado han habido múltiples enfrentamientos, Ann McKinley confía en el diálogo con Sintrajap. Puso como ejemplo un reciente diálogo sobre el tipo de grúa que se necesitaba. Aunque aún no detalló, cuándo se discutirá el tema de la convención.
Por su parte, la ministra de Educación, Sonia Mora, afirmó que el tema lo trató con su antecesor, Leonardo Garnier. La convención vence en abril del próximo año, pero la jerarca dijo escuetamente que dos abogados de su despacho analizan el tema.
El ministro de la Presidencia Melvin Jiménez no adelantó que se pudiera acudir a la Sala Constitucional, para evitar beneficios abusivos. Así lo hizo en su momento la Contraloría General de la República y le dieron la razón, por pago de cesantías exageradas.
Al final de la administración anterior, la Secretaría Sectorial de Empleo Público del Ministerio de Planificación (Mideplan) generó una propuesta borrador de Política Nacional de Empleo Público, la cual no se ha hecho oficial en la administración de Luis Guillermo Solís, pero de la cual este medio tiene copia.
En el documento, se alertó que las instituciones que quedaron por fuera del ámbito de cobertura del Estatuto del Servicio Civil (autónomas, empresas públicas y universidades, municipalidades), generaron sus propias instrumentos como leyes especiales y convenciones.
“Ello plantea un reto en cuanto a la diversidad de regímenes de empleo en el sector descentralizado, ya que cada convención colectiva incorpora sus propias particularidades, estableciendo sistemas de empleo particulares para cada ente u órgano público, la misma lógica aplica para cada ley o regulación especial creada en la materia”, estipuló.
En el 2012, el Mideplan ya había desarrollado el diagnóstico Estado de situación en materia de salarios y remuneraciones, en el cual escribió los alcances de todas las convenciones colectivas, que en ese momento sumaban 20 ministerios y entidades y 51 municipalidades; y comparó los beneficios.
Así son las remuneraciones adicionales al salario base y cesantía estipulados en convenciones, en Japdeva:
BENEFICIO
Años de cesantía 20
Anualidades 3%
Dedicación exclusiva 55%
Prohibición 65%
Carrera profesional 30%
Disponibilidad 40%
Riesgos laborales 12% vigilancia 30% altura
Incentivos por resultados/productividad Del 40% al 2% de ingresos corrientes efectivos del año
“Encontramos instituciones que pueden estar reguladas por el Estatuto del Servicio Civil, tener Convención Colectiva de Trabajo, tener Reglamento Autónomo de Organización y Servicio y leyes especiales, es decir que cada una tiene su propio sustento jurídico para regular una misma materia”, mencionó la propuesta de Mideplan.
En este momento, según los datos consultados por crhoy.com al Ministerio de Trabajo, hay 75 convenciones colectivas vigentes en instituciones públicas. Se distribuyen cinco en el Gobierno central; dos en instituciones autónomas; 11 en empresas públicas y cuatro en universidades públicas y el Instituto Nacional de Aprendizaje.
En el sector público, cobijan a 126.317 empleados. La entidad con mayor funcionarios bajo una convención es el Ministerio de Educación Pública (MEP) con 71.000. Luego le siguen la Universidad de Costa Rica con 8.995, el Banco Nacional con 5.246 y el Instituto Nacional de Seguros con 2.316.
La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) contempla a 1.893 funcionarios y Japdeva a 1.513.
En las 53 municipalidades, se registran unos 10.661 empleados adscritos a sus convenciones. Sin embargo el Ministerio de Trabajo tiene un vacío de información, ya que no registra la cantidad de funcionarios que reciben los beneficios, en seis municipios. Mismo vacío se da, en el intento de acceder de forma digital, a los cambios e historial de cada convención en particular.
domingo, 28 de septiembre de 2014
Sala IV obliga al Estado resolver beneficios a 12 mil personas afectadas por nemagón
Tomado de: http://www.crhoy.com/sala-iv-obliga-al-estado-resolver-beneficios-a-12-mil-personas-afectadas-por-nemagon/
La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por la Defensoría de los Habitantes a favor de aproximadamente 12 mil personas de escasos recursos afectadas indirectamente por el nemagón. La sentencia obliga al Gobierno que en un plazo de dos meses emita el reglamento de una ley que permitirá analizar las solicitudes presentadas por estas personas.
La Defensoría pretende obligar a la Unidad Ejecutora Técnica para la Atención de Extrabajadores Bananeros afectados por el uso del plaguicida nemagón y a la Oficina Operativa de Afectados por Nemagón, a resolver 11.792 solicitudes para beneficios sociales y económicos de estas personas.
Aún no existe el reglamento correspondiente que desarrolle un procedimiento por seguir para atender los reclamos planteados por los afectados. Esta situación ha generado que ni siquiera se comenzara con el trámite de las gestiones presentadas por las y los afectados indirectos; siendo que esta norma dispuso como obligación del Estado indemnizar a quienes comprobaren haber sufrido un daño físico o moral objetivo, como consecuencia del empleo de dicho producto.
“Para la Defensoría de los Habitantes, el incumplimiento estatal en este caso excede todo parámetro constitucional de razonabilidad, incumple el principio de responsabilidad del Estado y justicia pronta y cumplida, lo cual representa un perjuicio para todas aquellas personas que se vieron afectadas de manera indirecta por el uso del nemagón, afectaciones que pueden tener incidencia en el ámbito personal, de salud y familiar, y por lo tanto los legitima para plantear una solicitud de indemnización acorde con lo que se dispone en la ley No. 8130”, señala la Defensoría.
Jerarcas tendrán que rendir informes sobre pagos de dedicación exclusiva
Tomado de: http://www.crhoy.com/jerarcas-tendran-que-rendir-informes-sobre-pagos-de-dedicacion-exclusiva/
La Subcomisión de Asuntos Hacendarios aprobó una moción de la diputada Natalia Díaz para que los jerarcas de las entidades de Gobierno tengan que rendir informes sobre los pagos de dedicación exclusiva que tengan sus funcionarios.
El control lo llevará la Dirección General de Servicio Civil, que a su vez lo reportará a la Comisión de Ingreso y Gasto Público para su análisis.
“Dicha moción establece que todo jerarca institucional deberá informar a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y del Gasto Público el detalle de los contratos, existentes y de los nuevos, relacionados con los recursos presupuestados en las coletillas salariales, retribución por dedicación exclusiva” y retribución por la prohibición del ejercicio profesional” incluidas en la subpartida “restricción al ejercicio liberal de la profesión” de cada programa de presupuesto incorporado en esta ley”, explicó la congresista.
En dicho informe se deberán consignar las razones técnicas y operativas que dan origen a la aplicación de este beneficio en cada caso, así como su relación con el Plan Anual Operativo del programa presupuestario respectivo, y además plasmar la fiscalización aplicada a los funcionarios y la base legal.
A más tardar el 30 de enero del 2015, el Director General del Servicio Civil deberá rendir el primer informe a la comisión, del proceso de aprobación de este beneficio así como los mecanismos de control, valoración y fiscalización que aplica dicho organismo, así como las razones legales y técnicas que fundamentaron la creación del Régimen de Dedicación Exclusiva y su necesidad actual.
Hacienda financia el sistema de jubilación más desigual de Costa Rica
Tomado de: http://www.nacion.com/economia/finanzas/Hacienda-jubilacion-desigual-Costa-Rica_0_1440655934.html
Los sistemas de pensiones financiados por el Ministerio de Hacienda son los que tienen la mayor desigualdad de Costa Rica.
Así lo determinó un análisis de los cinco fondos básicos de pensiones del país, hecho por la Superintendencia de Pensiones (Supén) por solicitud de La Nación .
La equidad se mide según la distribución porcentual de los recursos y las personas. Cuando pocos jubilados reciben la mayoría del dinero, se carece de equidad.
La evaluación de la Supén mostró que entre los regímenes hay diferencias significativas, pero incluso dentro de un mismo fondo hay gran disparidad entre las jubilaciones más altas y las más bajas.
El estudio determinó que, en los regímenes de los exdiputados y el de Hacienda, el 20% de los retirados con las pensiones más altas –4.000 personas– reciben el 61% de los recursos.
En contraste, en el fondo colectivo del Magisterio Nacional, el 20% de las personas con mayor monto de pensión reciben el 40% de los recursos. Dicho fondo se creó en 1992 y tiene pocos jubilados.
Para llegar a esta conclusión, la Supén hizo un análisis de la distribución porcentual acumulada de los recursos y los jubilados conocida como la curva de Lorenz. Dicha metodología mide la equidad en el reparto de ingresos de la población, sean salarios o pensiones.
El estudio se aplicó al régimen colectivo del Magisterio Nacional; al de exdiputados y al de Hacienda; al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial; en el de reparto del Magisterio Nacional y en el de IVM de la Caja.
Explicación. Édgar Robles, superintendente de Pensiones, recalcó que el reparto desigual entre los diversos fondos se explica por la falta de topes a las pensiones.
“En la medida en que el régimen sea solidario, se acercará a la equidad. Por eso, esperaría que sistemas como el de la Caja tenga más similitud en la distribución de las pensiones”, explicó .
La igualdad en un régimen de pensión es relevante porque, como en el caso del fondo de exdiputados y Hacienda, se financia con el pago de tributos de los contribuyentes.
La manera en que se calcula cada pensión también influye en la equidad, añadió Robles.
Por ejemplo, en el Poder Judicial se contabilizan los últimos 24 salarios de la persona para determinar la pensión, pero en el IVM el cálculo se hace con los últimos 240 sueldos. El resultado es que en el primero el monto es más alto que el segundo.
La Nación remitió consultas Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del fondo de pensiones de la Corte, pero no hubo respuesta.
Por otra parte, Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la Caja, recalcó que en el caso del IVM, la fórmula de cálculo de los beneficios incorpora elementos progresivos que hacen solidario el fondo.
“El monto de la pensión se ajusta a un mínimo y a un máximo, que permite la distribución de los recursos de una forma solidaria, garantizando un monto mínimo de pensión para aquellos afiliados de bajo ingreso”, detalló Carrillo.
El análisis de la Supén incluyó una distribución por rangos de las pensiones del 20% de personas que más gana en cada régimen. En este caso, de nuevo el sistema de exdiputados y de Hacienda se situó por encima de los otros fondos.
La pensión más alta de dicho sistema supera por 13,5 veces al mayor monto otorgado en el IVM.
Robles explicó que la forma más efectiva para frenar las pensiones de lujo es imponiendo topes al monto máximo de jubilación, como ocurre en el sistema de la Caja, o con aportes adicionales como en el caso del Magisterio Nacional.
Precisamente, el límite a las jubilaciones altas fue la medida que impuso el Gobierno en agosto pasado. Sin embargo, dicha medida está bajo análisis legal en la Sala IV.
Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda, reconoció que si los magistrados eliminan el tope, recurrirán a una reforma legal para imponer tasas extraordinarias de cotización.
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