Los beneficios que tienen los empleados de varias instituciones descentralizadas, gracias a las
convenciones colectivas inflan su salario hasta tres veces más que el pago normal, gracias al pago de anualidades,dedicación exclusiva, incentivos académicos, compensación por vacaciones y otros.
convenciones colectivas inflan su salario hasta tres veces más que el pago normal, gracias al pago de anualidades,dedicación exclusiva, incentivos académicos, compensación por vacaciones y otros.
Además, propician diferencias abismales entre los salarios de otros puestos con las mismas responsabilidades pero en el Gobierno Central y, ni qué decir, con los empleados del sector privado.
El diputado Mario Redondo afirmó que es relevante estudiar con detalle los beneficios de dichas convenciones, puesto que el sector privado en Costa Rica representa el 86% de la fuerza laboral y, en vista de que el país no tiene riqueza para explotar, es este porcentaje el que termina pagando los beneficios del otro 34%, que pertenece al sector Estatal. Es decir, los beneficios de ese 34% de funcionarios los pagan quienes trabajan para el sector empresarial.
Según Redondo, el pago de remuneraciones del Gobierno Central asciende a los 2.1 billones de colones, mientras que en el sector descentralizado estatal esta cifra podría llegar a los 2.5 billones. Entonces, las remuneraciones de cerca de 300 mil empleados podrían estarle costando al país hasta 4.5 billones. De estos,al menos 120 mil se benefician con los parámetros de las convenciones.
“No se vale que sigamos con el esquema donde se acumulan las ventajas y los beneficios para un sector del ala pública, mientras mucha gente del sector privado no tiene las mismas ventajas. Nuestra insistencia es que lo primero que tiene que hacer el país es poner orden en la política de empleo público, porque hay diferencias abismales entre el sector privado y público, los 300 mil funcionarios ganan el doble o el triple de lo que ganarían en el sector privado”, comentó Redondo.
Efectivamente, solo en el tema del pago de la cesantía, las diferencias se notan. Mientras que para el sector privado la ley establece que el pago de los años laborados por despido no podrá superar del reconocimiento de los 8 años, en las instituciones autónomas y descentralizadas los años reconocidos varían. Las que menos reconocen son la Municipalidad de Heredia, de Aserrí, la Universidad Nacional y la de Costa Rica (de 12 a 15 años) mientras que el Banco Popular reconoce todos los años.
Los beneficios de las instituciones autónomas
Con o sin convenciones colectivas, las instituciones autónomas son las que más beneficios tienen. Desde compensación de vacaciones, reconocimiento de peligrosidad hasta un incentivo por buceo (Instituto Costarricense de Electricidad).
Para mencionar algunos, en la Caja Costarricense de Seguro Social (Ccss), los médicos tienen, al menos, diez beneficios. Por antigüedad se les paga el 5,5% del salario, zonaje (10%, 12% y 14%) tiene que ver con la ubicación a la que se le transfiera al médico, carrera hospitalaria 11%, dedicación exclusiva (oscila entre un 35% y un 55%), y el incremento anual médicos (3,5%).
En el caso del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) el Estatuto laboral dispone de varios aspectos considerados como sobresueldos o pluses salariales: se les reconoce un 10% del salario a los funcionarios que tengan que trasladarse, al menos tres días, a una zona fuera de su lugar de trabajo, se les da un 15% del salario a los funcionarios que tengan que realizar actividades acuáticas (buceo) y se les reconoce un incentivo por inopia a los funcionarios que ocupan puestos cuyas características son difíciles de ocupar.
La Directora Ejecutiva de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) Shirley Saborío expresó que es relevante que se revisen los beneficios de las convenciones colectivas y piden una Ley de Empleo Público.
“Las convenciones se deben revisar, hay ciertamente una disparidad, no solo con el sector privado, sino entre instituciones del Estado. Debería haber una ley de empleo público que garantice que se ganen salarios de mercado, pero que se eliminen todos esos gastos que crecen en forma sostenida”, comentó Saborío.
Agregó que los pagos que se realizan a los funcionarios engrosan los cobros que hacen las empresas por los servicios públicos.
La ley de empleo público
Pese a que los diputados coinciden en que es una necesidad, en el Congreso no existe aún ninguna propuesta de ley referente a la regulación del empleo público y parece que no se ve próximo su conocimiento.
En el pasado, se archivaron dos proyectos de ley que pretendían poner orden al sector, principalmente porque no encontraban consenso con los sectores involucrados. En la administración pasada, la ministra de trabajo y ahora diputada Sandra Pisk impulsó una propuesta, pero al no encontrar aprobación en el sector sindical, nunca se presentó al Congreso.
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