Japdeva pide cambios a convención colectiva y MEP lo analiza, pero aún “no hay urgencia”

Tomado de: http://www.crhoy.com/japdeva-pide-cambios-a-convencion-colectiva-y-mep-lo-analiza-pero-aun-no-hay-urgencia/

Las convenciones colectivas de los empleados del Ministerio de Educación (MEP) y de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica (Japdeva) son las más próximas a vencer. La primera en abril del 2015 y la segunda en diciembre próximo.

Aunque las autoridades de ambas instituciones, así como del Poder Ejecutivo, aseguran que se analiza el tema y los posibles abusos en las convenciones del Estado, aún no se tienen acciones concretas para lograr cambios al respecto.

Hace una semana, crhoy.com detalló que el dilema por el gasto que generan los beneficios de las convenciones colectivas se mantiene, sin que el Gobierno le apunte todavía.

El ministro de la Presidencia Melvin Jiménez aseguró, de forma general, que hay disposición a combatir los abusos en cualquier campo. Mencionó que el tema es importante y se puede avanzar con el sector social.

Citó el caso del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) como uno que se denunciaría (se buscarían cambios), lo mismo había dicho el Ministro de Trabajo. Sin embargo no hay una acción concreta para proponer cambios.

Japdeva en diciembre: conflictos desde el pasado
La presidenta de Japdeva Ann McKinley afirmó que se realiza un estudio de la convención y se mantuvieron reuniones con el sindicato de la institución. Este le presentó inquietudes con respecto a la falta de inversiones y la necesidad de fortalecerlo.

La jerarca aseguró que no sólo se necesita equiparar puestos, sino capacitar el recurso humano. Para eso dijo se debe tocar la convención y cómo se da la jornada de trabajo, ya que el puerto debe funcionar de manera “adecuada”.

Por eso McKinley afirmó que deben valorar el documento, junto a Sintrajap (sindicato de la entidad), pero adelantó que deben haber cambios. La funcionaria ve una buena voluntad en un sindicato, que ha sido conflictivo en el pasado.

En el 2010, a finales del gobierno de Óscar Arias, su ministro de Trabajo, Álvaro González, dejó homologada la convención de los trabajadores de los muelles del Caribe, en el último día de mandato.

Esa nueva convención colectiva incluía un capítulo de “desarraigo de la convención colectiva”, con una indemnización de $137 millones a cambio de entregar los puertos a un operador privado. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados reclamó ese documento y el entonces diputado del Frente Amplio, José María Villalta, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de ese elemento.

En diciembre del 2012 y tras dos años de revisión, sindicato y autoridades, acordaron mantener la convención, que el entonces presidente, Allan Hidalgo, dijo no aumentó en el costo. Si se incluyeron beneficios, que ya se disfrutaban.

Según dijo en ese momento a la prensa nacional, el líder del sindicato Rolando Blear, el costo total de la convención es de menos del 4% de los ingresos de la Junta, es decir unos ¢1.300 millones anuales.

Durante su gestión, Hidalgo criticó beneficios como que se dieran permisos para que los funcionarios estudiaran de día, porque muchos lo usaban para tener tiempo libre. Además el secretario general y subsecretario de Sintrajap gozan de licencia total y permanente para dedicarse a sus labores.

Los restantes 13 miembros de la junta directiva gozan de 100 días hábiles por mes para los mismos efectos. Asímismo, el artículo 52 les permite a los miembros de comisiones gozar de todo el día, para ir a reuniones sindicales, aunque estas tarden unas horas.

Las vacaciones son otro punto de polémica. Según la convención, se conceden de acuerdo con la antigüedad del funcionario, hasta un máximo de 30 días hábiles al año por este concepto, como reclamó Hidalgo en su momento. Esto, cuando el Código de Trabajo define dos semanas de vacaciones, por cada cincuenta semanas de labores.

A pesar de que en el pasado han habido múltiples enfrentamientos, Ann McKinley confía en el diálogo con Sintrajap. Puso como ejemplo un reciente diálogo sobre el tipo de grúa que se necesitaba. Aunque aún no detalló, cuándo se discutirá el tema de la convención.

Por su parte, la ministra de Educación, Sonia Mora, afirmó que el tema lo trató con su antecesor, Leonardo Garnier. La convención vence en abril del próximo año, pero la jerarca dijo escuetamente que dos abogados de su despacho analizan el tema.

El ministro de la Presidencia Melvin Jiménez no adelantó que se pudiera acudir a la Sala Constitucional, para evitar beneficios abusivos. Así lo hizo en su momento la Contraloría General de la República y le dieron la razón, por pago de cesantías exageradas.

Al final de la administración anterior, la Secretaría Sectorial de Empleo Público del Ministerio de Planificación (Mideplan) generó una propuesta borrador de Política Nacional de Empleo Público, la cual no se ha hecho oficial en la administración de Luis Guillermo Solís, pero de la cual este medio tiene copia.

En el documento, se alertó que las instituciones que quedaron por fuera del ámbito de cobertura del Estatuto del Servicio Civil (autónomas, empresas públicas y universidades, municipalidades), generaron sus propias instrumentos como leyes especiales y convenciones.

“Ello plantea un reto en cuanto a la diversidad de regímenes de empleo en el sector descentralizado, ya que cada convención colectiva incorpora sus propias particularidades, estableciendo sistemas de empleo particulares para cada ente u órgano público, la misma lógica aplica para cada ley o regulación especial creada en la materia”, estipuló.

En el 2012, el Mideplan ya había desarrollado el diagnóstico Estado de situación en materia de salarios y remuneraciones, en el cual escribió los alcances de todas las convenciones colectivas, que en ese momento sumaban 20 ministerios y entidades y 51 municipalidades; y comparó los beneficios.

Así son las remuneraciones adicionales al salario base y cesantía estipulados en convenciones, en Japdeva:
BENEFICIO
Años de cesantía 20
Anualidades 3%
Dedicación exclusiva 55%
Prohibición 65%
Carrera profesional 30%
Disponibilidad 40%
Riesgos laborales 12% vigilancia 30% altura
Incentivos por resultados/productividad Del 40% al 2% de ingresos corrientes efectivos del año



“Encontramos instituciones que pueden estar reguladas por el Estatuto del Servicio Civil, tener Convención Colectiva de Trabajo, tener Reglamento Autónomo de Organización y Servicio y leyes especiales, es decir que cada una tiene su propio sustento jurídico para regular una misma materia”, mencionó la propuesta de Mideplan.

En este momento, según los datos consultados por crhoy.com al Ministerio de Trabajo, hay 75 convenciones colectivas vigentes en instituciones públicas. Se distribuyen cinco en el Gobierno central; dos en instituciones autónomas; 11 en empresas públicas y cuatro en universidades públicas y el Instituto Nacional de Aprendizaje.
En el sector público, cobijan a 126.317 empleados. La entidad con mayor funcionarios bajo una convención es el Ministerio de Educación Pública (MEP) con 71.000. Luego le siguen la Universidad de Costa Rica con 8.995, el Banco Nacional con 5.246 y el Instituto Nacional de Seguros con 2.316.

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) contempla a 1.893 funcionarios y Japdeva a 1.513.

En las 53 municipalidades, se registran unos 10.661 empleados adscritos a sus convenciones. Sin embargo el Ministerio de Trabajo tiene un vacío de información, ya que no registra la cantidad de funcionarios que reciben los beneficios, en seis municipios. Mismo vacío se da, en el intento de acceder de forma digital, a los cambios e historial de cada convención en particular.