La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por la Defensoría de los Habitantes a favor de aproximadamente 12 mil personas de escasos recursos afectadas indirectamente por el nemagón. La sentencia obliga al Gobierno que en un plazo de dos meses emita el reglamento de una ley que permitirá analizar las solicitudes presentadas por estas personas.
La Defensoría pretende obligar a la Unidad Ejecutora Técnica para la Atención de Extrabajadores Bananeros afectados por el uso del plaguicida nemagón y a la Oficina Operativa de Afectados por Nemagón, a resolver 11.792 solicitudes para beneficios sociales y económicos de estas personas.
Aún no existe el reglamento correspondiente que desarrolle un procedimiento por seguir para atender los reclamos planteados por los afectados. Esta situación ha generado que ni siquiera se comenzara con el trámite de las gestiones presentadas por las y los afectados indirectos; siendo que esta norma dispuso como obligación del Estado indemnizar a quienes comprobaren haber sufrido un daño físico o moral objetivo, como consecuencia del empleo de dicho producto.
“Para la Defensoría de los Habitantes, el incumplimiento estatal en este caso excede todo parámetro constitucional de razonabilidad, incumple el principio de responsabilidad del Estado y justicia pronta y cumplida, lo cual representa un perjuicio para todas aquellas personas que se vieron afectadas de manera indirecta por el uso del nemagón, afectaciones que pueden tener incidencia en el ámbito personal, de salud y familiar, y por lo tanto los legitima para plantear una solicitud de indemnización acorde con lo que se dispone en la ley No. 8130”, señala la Defensoría.
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